Cosmopolita

Publicado el Juan Gabriel Gomez Albarello

Que la SuperFinanciera entre a estudiar el caso y tumbe la censura impuesta por el BCSC

Como dice la ranchera, “Me cansé de esperarte…”


Hace exactamente una semana le escribí a la gerente jurídica del BCSC para preguntarle si el banco iba a responder la petición que le hice de permitirme hacer una donación a WikiLeaks. La señora gerente, la doctora Myriam Cristina Acelas García, me contestó diciendo que lo haría en el curso de la semana que ya pasó. La semana concluyó y me dejaron esperando. Así creo que me podría quedar toda la vida hasta quizá terminar escribiendo una crónica titulada, “El profesor no tiene quien le escriba.”


Sin embargo, yo no me he quedado esperando. Hoy presenté una petición ante el Superintendente Financiero solicitándole que proteja mis derechos, que considero vulnerados por el banco, y que establezca límites a la discrecionalidad que puede ejercer en casos como éste.

No me corresponde especular sobre las razones del banco para no contestar mi petición. No obstante, no puedo dejar de manifestar mi extrañeza ante el incumplimiento de lo prometido por parte de la señora gerente del área jurídica del BCSC. Me recuerda todos los incidentes en los cuales la contraparte apela a maniobras dilatorias para que el asunto se olvide o para que ocurra algo que mejore de algún modo su situación en el caso. ¿Estará esperando que las autoridades judiciales de Estados Unidos profieran una acusación contra WikiLeaks? ¿Cuánto tiempo estará dispuesta a esperar? No lo sé. No tengo la menor idea si tal es la razón de la dilación de su respuesta.


Sin embargo, como lo dije anteriormente, no me voy a quedar esperando. Ya ha transcurrido una semana desde que le escribí a ella y más de quince días desde que presenté mi petición al banco.

A quienes quieran expresar su solidaridad conmigo en relación con este incidente, los invito a unirse en facebook al grupo Defendemos la libertad de poder hacer donaciones a WikiLeaks.

A continuación reproduzco la petición que presenté ante el Superintendente Financiero.

Señor Doctor

Gerardo Hernández Correa
Superintendente Financiero de Colombia

[email protected]

Tels: 5940200/ 5940201 Ext. 1501 – 1502

Doctor Hernández Correa,

mediante la presente, yo, Juan Gabriel Gómez Albarello, ciudadano colombiano, identificado como aparece abajo de mi firma, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en ejercicio de mi derecho constitucional, formulo ante usted la siguiente petición:

proteja, por favor, mi derecho a la libertad personal y a la igualdad que considero violados por el Banco Caja Social-Colmena (BCSC), donde tengo una cuenta de ahorros, por negarse a tramitar una transferencia de fondos con el fin de realizar una donación a la organización WikiLeaks;

proteja, por favor, mi derecho a formular peticiones ante la mencionada entidad financiera. El BCSC no ha dado respuesta ninguna a la petición que le formulé el día de 19 enero respecto a la transferencia de fondos anteriormente mencionada. Más grave aun, el BCSC no tiene establecido ningún procedimiento claro para que los usuarios de esa entidad puedan recurrir ante una unidad de reclamos cuando les nieguen servicios financieros;

proteja, por favor, mi derecho al debido proceso. Decisiones como la que yo cuestiono consistentes en impedirme hacer una donación a WikiLeaks no están en la órbita de la discrecionalidad del BCSC. En otras palabras, una decisión semejante no está en el ámbito de su autonomía de la voluntad. En tanto es una organización con ánimo de lucro que realiza negocios en la esfera comercial, el BCSC tiene la libertad de tomar decisiones de acuerdo con su propio criterio. Sin embargo, cuando esas decisiones afectan derechos de los usuarios, el Banco está en la obligación de escuchar el punto de vista de esos usuarios antes de formular una decisión definitiva. Una vez lo haga, debe informarle a los usuarios de los recursos a la mano para impugnar esa decisión.

En suma, le pido al señor Superintendente que proteja mis derechos y que establezca límites precisos a la discrecionalidad del banco.

A continuación usted encontrará un recuento de los hechos y las razones por las cuales considero que la decisión del BCSC viola mis derechos fundamentales.

Hechos:

A mediados del mes de diciembre del año pasado, solicité a la sucursal del banco BCSC donde tengo mi cuenta, Pablo VI, que tramitara una transferencia de fondos desde esa cuenta a la cuenta número 0111-26-611010 en el banco Landsbanki, identificado con el código SWIFT NBIIISRE, con el fin de realizar una donación a la organización WikiLeaks.

En el mismo mes, recibí una llamada de un funcionario de la sucursal que me informó que la transacción que yo había solicitado no podía ser completada porque yo había proporcionado un código de identificación internacional errado del banco receptor de la donación. Yo verifiqué ese código en el sitio web del Landsbanki y pude comprobar que no había ningún error.

El 18 de diciembre del año pasado solicité a la defensora del cliente de Colmena BCSC que tramitara mi queja: yo le mostré que no había ninguna justificación para esa dilación y pedí que el banco completara la transacción.

El 21 de diciembre recibí una llamada de la sucursal en la que me pedían que pusiera en una carta todos los datos que yo ya había puesto en el formulario correspondiente a los giros internacionales. El 22 de diciembre envié a la sucursal un correo con un archivo adjunto con la correspondiente carta. El funcionario encargado de este asunto me dijo que la tenía que entregar personalmente, lo cual hice posteriormente. El 23 recibí un correo de la defensora del cliente del BCSC donde me informaba que mi queja había sido tramitada.

En los primeros días del mes de enero del presente año recibí otra llamada en la que me informaban que la entidad que tramita los giros internacionales del BCSC se había negado a transferir los fondos correspondientes a mi donación. Yo solicité que me dieran por escrito la información que me habían dado por teléfono. La respuesta de la funcionaria del banco con quien hablé fue la de que tenía que hacer esa petición por escrito.

El día 12 de enero un funcionario de la sucursal Pablo VI del BCSC me entregó una carta fechada el día anterior en la que me informan que el “BCSC no adelantó el trámite del giro de la referencia, toda vez que consideró que esta operación lleva implícito un riesgo de carácter reputacional para nuestra organización.”

Al día siguiente, le envié un correo electrónico a la Defensora del Cliente BCSC, doctora María Victoria Moreno Jaramillo, en la que le pedí su intervención luego de reclamarle que la decisión del banco había impedido que yo ejerciera “mi legítimo derecho a destinar parte de mis recursos a una causa que merece mi aprobación.” En ese correo afirmé que “Wikileaks no es una organización criminal. Ningún tribunal en ningún país del mundo ha hecho un pronunciamiento de ese tipo. No hay ninguna causa penal abierta contra sus miembros por razón de las filtraciones que han llevado a cabo.”

El día 17 de enero recibí de la Defensora del Cliente BCSC un mensaje con un documento anexo en el cual ella me explicó que, por mandato legal, ella no estaba autorizada para pronunciarse sobre eventos relativos a la negación de un servicio por parte de la entidad. También me indicó que, con base en un mandato legal, en esa clase de eventos, las entidades financieras estaban obligadas a dar una respuesta con base en “causas objetivas.” La Defensora estimó que la respuesta que yo había recibido del BCSC se ajustaba al requerimiento legal.

Insatisfecho con ese mensaje, puesto que en mi opinión mis derechos no habían sido protegidos adecuadamente, decidí contactar directamente al doctor Jairo Mauricio Camelo Aragón, coordinador de la Unidad de Atención de Reclamos del BCSC, a quien la Defensora le había remitido una copia de la respuesta de mi queja. El día 18, mediante el envío de un correo electrónico, le solicité a una asistente de la oficina de la Defensora que me proporcionara la dirección electrónica y/o el teléfono del doctor Jairo Mauricio Camelo Aragón.

Al día siguiente, llamé por teléfono a la oficina de la Defensora para reiterar mi solicitud. La persona que me atendió me dijo que ella carecía de la información que le solicité. Llamé dos veces a un teléfono de atención al cliente del BCSC para pedir la misma información.

En la segunda llamada, después de solicitar que la grabaran, dejé una sentida nota de protesta ante lo que consideraba una reiterada negación de un servicio puesto que ninguna de las dos personas que me atendió me pudo dar el teléfono y/o la dirección de correo electrónico del doctor Camelo. Después de dejar esa nota de protesta, la persona que me atendió me proporcionó el teléfono de la sucursal del BCSC Pablo VI para que obtuviera de esa oficina la información mencionada.

Una vez que me puse en contacto con esa sucursal reiteré mi petición. La persona que me atendió me dijo que se comunicaría conmigo en el lapso de quince minutos porque no tenía dicha información a la mano. Después de esperar por más de una hora, llamé a la Superintedencia Financiera para preguntar si la información que requería estaba disponible en algún directorio de esa entidad. La persona que me atendió me dijo que carecía de la información que solicitaba pero que podía llamar al BCSC al número 313-8000 y pedirla allá.

Una vez en contacto con el BCSC, mi llamada fue transferida al buzón de voz del doctor Camelo donde expresé mi malestar por la dificultad para contactarlo, le pedí que transmitiera mi queja al BCSC en relación con la falta de un canal adecuado para tramitar las quejas y le pedí que me diera una dirección electrónica a donde le pudiera enviar la petición al BCSC para que revisara y modificara la decisión de no tramitar mi donación a WikiLeaks.

El mismo día, en la tarde, el doctor Camelo respondió mi mensaje proporcionándome la dirección electrónica solicitada y disculpándose, a nombre del BCSC, por las dificultades que había experimentado para contactarlo. Sin embargo, hasta la fecha, no conozco de ningún trámite formal abierto en relación con la queja manifestada de ausencia de un procedimiento claro para tramitar toda clase de quejas.

El día 20 de enero, el doctor Camelo me informó que le había dado traslado de mi “comunicación (sic) al área Juridica de la Entidad, quienes en nombre del banco se harán responsables por la atención y repsuesta (sic) a su reclamacion.” En ese mensaje me proporcionó el correo de la gerente del área jurídica, doctora Dra Myriam Cristina Acelas García, a quien el mismo mensaje fue enviado como copia.

El día 31 de enero, le envié un correo electrónico a la doctora Acelas en el que le manifesté que, pasada más de una semana sin obtener respuesta a mi petición, deducía del silencio del BCSC que “su posición es la rechazar mi petición y, consiguientemente, negarse a tramitar la mencionada donación.” A renglón seguido le pedí que me informara cuanto antes si mi apreciación era incorrecta.

Ese mismo día, al final de la tarde, recibí la siguiente respuesta de la doctora Acelas en la que me manifestó lo siguiente: “En efecto, a través de esta área se está coordinando la respuesta formal a su solicitud, la cual le será remitida en el transcurso de la presente semana.”

Después de recibir esta respuesta, yo le envié a la doctora Acelas otro correo el mismo 31 de enero en el que le agradecía su respuesta y le proporcionaba información adicional “relevante para el asunto que motiva este intercambio de mensajes, esto es, la respuesta a mi petición.”

Esa información, a la que luego me referiré, consistía en lo siguiente:

una cita de la opinión editorial de Floyd Abrams, publicada en The Wall Street Journal, acerca de la ausencia de bases legales para procesar a Julian Assange;

una cita de un medio de comunicación estadounidense, NBC, que reportó que los expertos militares encargados del caso de Bradley Manning no habían encontrado ninguna prueba de que Julian Assange incitó a Manning a realizar las filtraciones de que acusan a este último;

una referencia a un artículo publicado en el diario The Guardian el 19 de enero en el que se indica que el Departamento de Estado exageró la gravedad de las filtraciones para poder meter a Julian Assange tras las rejas;

y, finalmente, la opinión de Alan Rusbridger, director del diario The Guardian, publicada el 28 de enero, en la que indica las razones por las cuales el cree que es improbable que prospere una acusación formal contra Assange: tendrían que acusar, del mismo modo, a todos los directores y periodistas de los medios que han colaborado con él. Como esto último es improbable, lo primero también, punto que ya le había yo expresado al BCSC en la petición que le hice a doctor Camelo.

Finalmente, quiero hacer referencia al hecho de que el día miércoles 2 de febrero, el diario El Espectador y otros medios de comunicación en Colombia difundieron la noticia según la cual un diputado del parlamento de Noruega candidatizó a WikiLeaks para que fuera el recipiente del Premio Nobel de Paz.

A la fecha, 7 de febrero del presente año, no he recibido ninguna respuesta por parte del banco BCSC.

Razones por las cuales considero que la decisión del BCSC viola mis derechos fundamentales:

En relación con mi derecho a la libertad personal y mi derecho a la igualdad y a no ser discriminado:

No me cansaré de insistir en el hecho de que “no hay ningún fundamento legal para que una entidad financiera como el BCSC se niegue a prestarle servicios a WikiLeaks o a las personas que quieren apoyar su causa.” A continuación, reproduciré verbatim las consideraciones que a este lugar, y en relación con la violación de mis derechos fundamentales, le hice al doctor Camelo Aragón, coordinador de la unidad de Reclamos del banco BCSC.

No hay ningún pronunciamento judicial en ningún país del mundo contra WikiLeaks o contra sus miembros en razón de las filtraciones que han realizado hasta ahora. Si no hay ley ni mandato judicial, ni siquiera orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos, no hay razón alguna para que el BCSC se niegue a realizar la transacción que he solicitado. (Por lo demás, una orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos, o una ley de ese país, no constituye per se fundamento para la denegación de un servicio. Lo otro sería tanto como aceptar la extraterritorialidad de la legislación estadounidense, esto es, su aplicación más allá de sus fronteras. Otra cosa distinta es que las autoridades colombianas usen la “Lista Clinton” como fuente de información para tomar medidas contra el lavado de activos dentro del marco de la legislación colombiana, tal y como lo hace la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, el equivalente de la Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.)

(…) sin fundamento legal o judicial, la denegación del servicio de giro por parte del BCSC infringe gravemente mi derecho a la libertad personal, al igual trato y a no ser discriminado. En primer lugar, el BCSC obra como si tuviera la potestad para decidir a quién le puedo hacer donaciones y a quien no. El BCSC, con el solo hecho de impedir que haga el giro, ha expresado implícitamente un juicio de reproche, de censura respecto de mi propósito personal. En efecto, lo que implica su decisión es que yo le he pedido que realice una operación cuyo propósito no es loable sino, por el contrario, bastante cuestionable. Ese juicio de valor, sin estar adecuadamente fundamentado (…) constituye una limitación inapropiada de mi libertad personal. Con respecto a este punto, no es excusa que yo pueda ir a otra entidad financiera a solicitar este servicio. Verme obligado a ir a otra entidad financiera a solicitar lo que me ha sido denegado, sin que haya una razón válida para ello, es poner una carga indebida al ejercicio de mi libertad.

En segundo lugar, si el BCSC tramita giros en un caso y en otro no sin que haya razón legal ni criterio comercial justificable comete, de hecho, la injusticia de discriminar en contra de quienes apoyan a WikiLeaks.”

¿Incurre el BCSC en un riesgo reputacional al tramitar la transferencia de fondos que quiero hacer por concepto de una donación a WikiLeaks? ¿Sería este un criterio comercial lo suficientemente sólido como para justificar una decisión que afecta mis derechos fundamentales? ¿Estaría ese criterio basado en un interés general, tutelado por la ley y la Constitución, cuyo desconocimiento fuese más grave que cualquier límite que pudiese imponérsele a mis derechos en este caso?

No sé de qué clase de riesgo esté hablando específicamente el BCSC. Si hubiese dado una respuesta a mi petición, tendría una idea más clara del tipo de riesgo en el que dice incurrir. Aquí solamente puedo enunciar una conjetura y es la de que el BCSC asimila, a mi juicio equivocadamente, la situación de quienes queremos hacer donaciones a WikiLeaks con la situación de quienes quieren hacer donaciones a organizaciones subversivas o terroristas o con la situación de quienes quieren hacer negocios o transacciones con organizaciones de narcotraficantes.

Sin mediar ninguna orden judicial en contra de WikiLeaks ni de sus miembros en razón de las filtraciones que han llevado a cabo, la asimilación a la que me referí en el párrafo anterior es totalmente inapropiada. Esa asimilación no constituiría un criterio comercial sólido con base en el cual pudiese justificarse una limitación de mis derechos fundamentales. En otras palabras, ese criterio no estaría basado en un interés general, tutelado por la ley y la Constitución, cuyo desconocimiento fuese más grave que cualquier límite que pudiese imponérsele a mis derechos en este caso.

A continuación, nuevamente reproduciré verbatim las consideraciones que, en relación con este punto, le hice al doctor Camelo Aragón, coordinador de la unidad de Reclamos del banco BCSC.

Un componente fundamental de la lucha contra el narcotráfico [y aquí quisiera agregar, y contra la actividad de organizaciones subversivas como las FARC y el ELN] es la persecusión del lavado de activos. Como parte de las medidas tomadas para combatir este fenómeno, el gobierno de los Estados Unidos profirió una orden ejecutiva en 1995 (la 12978) mediante la cual se estableció que cualquier persona natural o jurídica que hiciera transacciones financieras o negocios comerciales con los carteles de la droga cometía un delito. Esa orden ejecutiva dio lugar a lo que es ampliamente conocido como la “lista Clinton.” Posteriormente, en 1999, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Designación de Líderes de la Droga Extranjeros (“Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”) destinada a cumplir el mismo propósito.

Basado en el hecho de que otras entidades financieras decidieron negarse a realizar transacciones para WikiLeaks y de que el Vicepresidente de ese país ha llamado a Julian Assange “terrorista de alta tecnología”, el BCSC pudo haber creído que se encuentra en una situación similar a la de las entidades que le prestaron servicios financieros a organizaciones de narcotraficantes. En otras palabras, que se vería afectado por medidas que incidirían negativamente en la buena marcha de sus negocios.

La analogía es errónea por varias razones. En primer lugar, hasta ahora, el gobierno de los Estados Unidos no ha emitido ninguna orden ejecutiva respecto de WikiLeaks similar a aquella en la cual se basa la llamada «lista Clinton.»

En segundo lugar, es improbable que esa orden ejecutiva sea emitida en el futuro. La razón es muy simple. Las personas que deberían encabezar esa lista improbable son el director y los periodistas de The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País, quienes gozan de una reputación intachable. Si el gobierno de los Estados Unidos procediera con WikiLeaks como lo ha hecho con las organizaciones de la droga o con organizaciones ilegales como las guerrillas de las FARC o los paramilitares de las AUC incurriría en un grave error porque estaría poniendo en una misma categoría a una organización que no está implicada actividades ilícitas junto con otras que si lo están. No hay ninguna ley que diga que las filtraciones a la prensa son un delito. Si el gobierno de los Estados Unidos hiciera eso, cometería una abierta violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos relativa a la libertad de expresión. Eso es lo que explica que ese gobierno no haya emitido ninguna orden ejecutiva respecto de WikiLeaks.

En tercer lugar, gobiernos legítimos de varios países han expresado su solidaridad conWikiLeaks e incluso han llegado a postular a Julian Assange como candidato a recibir el Premio Nobel de Paz. En efecto, el 9 de diciembre del año pasado, Luis Ignacio Lula da Silva, a la sazón presidente de la República del Brazil, cuestionó el arresto de Julian Assange y le ofreció públicamente su solidaridad. (Algunos de los medios que publicaron esta noticia son bloomberg.com y BBC News) Por la misma fecha, varios medios reportaron que el presidente de Rusia, Dimitry Medvedev sugirió en Bruselas que le entregaran el Premio Nobel de Paz a Julian Assange, luego de que una fuente del Kremlin indicara que el gobierno ruso había pedido a organizaciones no gubernamentales que nominaran a Assange para ese premio. (El diario israelí Haaretz y The Guardian son algunos de los medios que le dieron cubrimiento a esta noticia) ¿Acaso a alguien se le habría ocurrido hacer una manifestación similar con respecto a Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño o Helmer Herrera Buitrago [y aquí quisiera agregar, con respecto a Guillermo León Sáenz, alias “Alfonso Reyes”, o Víctor Julio Suárez Rojas, alias “el Mono Jojoy”]? Por supuesto que no porque las personas incluidas en la llamada “lista Clinton” no pueden ser en modo alguno puestas en el mismo nivel en el que se encuentran Julian Assange, Kristinn Hranfsson o cualquier otro miembro de WikiLeaks.”

En relación con este mismo punto, quisiera transcribir un aparte del mensaje que le envié a la doctora Acelas, gerente del área jurídica del BCSC, a las que me referí en el apartado de hechos y que tiene que ver con este mismo punto:

El mes pasado Floyd Abrams publicó un artículo en el diario The Wall Street Journal en el cual analiza el efecto de WikiLeaks en la diplomacia y el prospecto de una acusación penal contra Julian Assange por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Abrams, vale la pena resaltarlo, fue el abogado de The New York Times en el caso de los “Documentos del Pentágono” y es reconocido como un experto en casos relativos a la aplicación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En relación con la acusación contra Julian Assange, Abrams es de la opinión de que es difícil que prospere. El Departamento de Justicia tendría que probar que Assange hizo las filtraciones con el propósito deliberado de socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si lo único que pudiese probar el Departamento de Justicia es que Assange obró basado en una concepción negativa del secreto, que él critica, Abrams sostiene que no hay caso.

En segundo lugar, la situación del Departamento de Justicia es aún más difícil a la luz de este último acontecimiento: la cadena NBC ha reportado que oficiales militares que han adelantado la investigación contra Bradley Manning no han encontrado prueba alguna de que Assange lo incitó a hacer las filtraciones de las que acusan a Manning.

Y eso que la detención de Manning, que solamente puede ser descrita como tortura, pareciera tener el propósito de hacerle decir una cosa como esa.

A estas alturas, ya ha quedado en claro que todo lo que dijo el Departamento de Estado respecto de WikiLeaks y su supuesto negativo efecto sobre la seguridad nacional, sin que hubiese llevado a cabo una acusación formal ante los tribunales, no ha sido sino una extraordinaria exageración motivada por su deseo de meter tras las rejas a Julian Assange. Por lo menos, así lo ha reportado el diario The Guardian.

En tercer lugar, tal y como lo manifesté en la carta dirigida al doctor Jairo Mauricio Camelo Aragón, el prospecto de una acusación formal contra Julian Assange es todavía más improbable a la luz del hecho de que, además de Assange, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tendría que promover una acción legal del mismo orden contra sus directos colaboradores: los directores y periodistas de los diarios The Guardian, The New York Times, Le Monde y El País, así como contra el director y periodistas del semanario Der Spiegel. Puesto que semejante acción sería un franco disparate, lo más probable es que no haya ninguna acusación formal contra Julian Assange. En un reciente artículo publicado el viernes pasado, el director del diario The Guardian [Alan Rusbriger] manifiesta la misma opinión.”

A la luz de todo lo anterior, creo que es evidente que no hay un criterio comercial sólido que justifique una restricción de mis derechos que yo no dudo en calificar de inapropiada e injusta. Por lo tanto, le pido al señor Superintendente que le ordene al Banco Caja Social-Colmena (BCSC) que tramite la transferencia de fondos cuyo propósito es hacerle una donación a WikiLeaks.

En relación con mi derecho de petición y mi derecho al debido proceso:

En ausencia de un mandato legal que le autorice a la Defensora del Cliente Financiero la posibilidad de intervenir en los casos en los cuales una entidad financiera, en este caso el BCSC, se niegue a prestar un servicio, esa entidad financiera debe establecer un procedimiento claro y de fácil acceso para que el cliente afectado pueda presentar peticiones al respecto y pueda ser escuchado con estricto respeto al debido proceso en los casos en los cuales estén en juego sus derechos fundamentales.

Con base en la narrativa de hechos que presenté al inicio de esta petición, es claro que el BCSC no le proporciona al cliente un medio oportuno y expedito para que tramite su inconformidad en los casos en los cuales esa entidad se niega a prestar un servicio financiero y para que, con base en ese trámite, encuentre una resolución adecuada. El BCSC informa a sus clientes de la posibilidad de recurrir a la Defensora del Cliente Financiero, pero no proporciona ninguna información acerca del trámite a seguir en los casos en los cuales se niega a prestar un servicio. Basado en mi experiencia personal, creo que el BCSC no proporciona esa información porque el procedimiento adecuado no existe o, si existe, no se ha tomado el trabajo de comunicarle a sus clientes cómo se activa y qué resolución puede esperarse de activar dicho trámite. Por lo tanto, en lo que se refiere a la tutela de mis derechos de petición y de debido proceso, le pido al señor Superintendente que le ordene al Banco Caja Social-Colmena (BCSC) que establezca un procedimiento adecuado para el trámite de las peticiones relativas a la negación de un servicio y que garantice el respeto al debido proceso en los casos en los cuales esa negación involucre derechos fundamentales de los clientes. Si ese trámite y esa garantía ya existen, le pido al señor Superintendente que le ordene al Banco Caja Social-Colmena (BCSC) que haga todo lo posible por comunicarle a sus clientes dicha existencia.

Carácter público de esta petición:

En relación con la publicidad del trámite que he iniciado ante la autoridad de vigilancia y control financiero que usted dirige, voy a aplicar el mismo criterio que le expuse al doctor Camelo Aragón, director de la unidad de Reclamos del BCSC, criterio que reproduciré aquí verbatim.

A usted le puede extrañar que haya hecho pública esta comunicación dirigida a usted. Quiero aprovechar la ocasión para expresarle que mi propósito, al hacer pública esta diferencia, no es desacreditar al BCSC. Como lo explicaré más adelante, yo creo que Colombia necesita una banca fuerte que le sirva al público pues esa banca es un requisito indispensable de nuestro desarrollo económico y social. He decidido hacer pública esta controversia porque estos asuntos conciernen al público, son de interés de la opinión nacional porque aquí está en juego, como ya lo he expresado anteriormente, «algo mucho más valioso que mi preferencia personal o que el prestigio del BCSC. Está en juego la libertad de los ciudadanos para decidir qué causas les parecen merecedoras de su apoyo económico, así como la discreción de los funcionarios de un banco para decidir cómo es que ellos le prestan el servicio a sus clientes.»

Es mi intención que, como resultado de esta controversia, la posición del público salga fortalecida y también la de la banca. Al afirmar esto último quiero decir lo siguiente: si el BCSC revisa el criterio de su accionar y decide hacer valer los derechos de sus clientes por encima de cualquier presión indebida que se ejerza en relación con la realización de donaciones a WikiLeaks, el BCSC y, por añadidura toda la banca, gozarán de una renovada confianza de parte del público.

Sin confianza no puede haber crecimiento económico ni siquiera orden social. Esa confianza se expresa en acciones tan elementales como usar un billete para comprar algo o aceptar un billete al venderlo. Fue la confianza la que permitió que la introducción del papel moneda reactivara la economía francesa a comienzos del siglo XVIII. Sin embargo, el abuso del gobierno de entonces, que se dedicó a imprimir sin límite ese papel moneda, erosionó la confianza del público y dio al traste con el proceso de recuperación iniciado con las medidas propuestas por el economista escocés John Law. En la segunda mitad del siglo XIX, un agudo observador de los asuntos financieros, Walter Bagehot, atribuyó a esa desconfianza y al precario desarrollo de la banca la razón por la cual Francia estaba rezagada con respecto a Inglaterra.

Lo mismo sucede aquí en Colombia. La banca goza de una posición dominante y ha abusado de ella. El precio que cobra por sus servicios es exagerado. Lo digo basado en mi propia experiencia, al comparar el costo de los servicios financieros que usé cuando era estudiante de doctorado y luego profesor en los Estados Unidos con el costo de los servicios financieros que he usado una vez que regresé a Colombia. Si la banca rectifica sus errores, si en este caso el BCSC reconsidera su posición y se pone del lado del cliente y tramita mi donación a WikiLeaks, puedo asegurarle que la banca comenzará a ver fortalecida la confianza que en ella deposita el público. Todo esto contribuirá al desarrollo económico y social del país. Desde luego, eso depende de varias acciones, incluida la suya como Coordinador de la Unidad de Atención de Reclamos.

Quiero informarle, finalmente, que voy a publicar un ejemplar ligeramente editado de esta carta en mi blog cosmopolita en elespectador.com con el fin de que el público pueda conocer integralmente los argumentos en los que se basa [esta petición]. La edición consistirá meramente en reemplazar las notas de pie de página por hipervínculos a las páginas web de medios noticiosos donde fueron publicadas las noticias a las cuales hice referencia en mi argumento.”

Atentamente,

Juan Gabriel Gómez Albarello

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