A medida que la crisis de Venezuela se profundizó, los colombianos adquirimos la consciencia de que los problemas del vecino país ya no eran internos. Nos dimos cuenta de que se habían transformado en un escenario más del complicado ajedrez geopolítico que juegan las grandes potencias. La amenaza de una intervención militar de Estados Unidos y el apoyo militar de Rusia al régimen de Maduro nos mostraron que el conflicto político en Venezuela cambió de naturaleza. En tanto los involucrados están dispuestos a jugarse el todo por el todo, la posibilidad de que el país hermano se convierta en otra Siria no puede descartarse.
En el caso de la coalición que encabeza Guaidó, conviene destacar las razones por las cuales ya no cree en el diálogo con el régimen de Maduro y se la juega toda por su derrocamiento. El régimen de Maduro se encargó de socavar una transición negociada con sus dilaciones e incumplimientos, así como con sus maniobras políticas y legales. De estas maniobras, las más acusadas son haber impedido el referendo revocatorio del mandato del presidente y haber convocado a una espuria asamblea constituyente, que a su turno le dio un manto de legalidad a la ilegítima continuación en el poder del chavismo. De ahí que dentro y fuera de Venezuela mucha gente crea que la única opción es ponerle fin al régimen por la vía de una insurrección popular.
El diario El Nacional de Caracas reporta que pocos colectivos chavistas salieron a las calles a apoyar a Maduro y que, a diferencia de lo ocurrido en movilizaciones anteriores, la policía ha reducido sus ataques contra las multitudes que protestan contra su gobierno. Todo esto ocurre mientras el régimen amenaza con implotar. Maduro carece de los recursos con los cuales pueda superar la crisis de energía eléctrica. Los pocos servicios básicos que aún funcionan pueden colapsar, si esta crisis no se resuelve. Sin embargo, a pesar de las multitudinarias protestas, no ha habido deserciones masivas en las Fuerzas Armadas. El régimen parece que conserva un control bastante estrecho de las fuerzas de represión.
Si fuera el caso que los colectivos chavistas estuvieran desmoralizados y que esta desmoralización se extendiera progresivamente a las Fuerzas Armadas (a este respecto, es sintomático el mensaje de la familia del Ministro de Defensa Vladimir Padrino López para que abandone a Maduro), el triunfo de la coalición de Guaidó sería una cuestión de tiempo; también, su consolidación como gobierno de transición. No tendríamos que temer un conflicto como el de Siria en el vecino país. Subsistiría el problema de las organizaciones armadas al margen del estado, en particular, las que controlan la explotación de recursos en el llamado Arco Minero. Sin embargo, el nuevo gobierno, con ayuda internacional, podría ponerle un cerco a esas organizaciones, incluido el ELN. Para Colombia, esta sería una solución óptima de la crisis del país hermano.
Un escenario adicional sería el de una intervención militar estadounidense, realizada con la intención de acelerar la caída del régimen. Quienes abogan por ella desestiman el efecto que podría tener en el régimen de Maduro: unificar sus fuerzas e incluso sectores de la población contra la percibida agresión externa de una potencia imperial. Se ignora qué tan resueltos están los colectivos chavistas para actuar en un escenario como éste en defensa del régimen. También es difícil pronosticar qué harían esos colectivos, si se instalara un gobierno de transición que no contara con la lealtad de amplios sectores de las Fuerzas Armadas, lo cual hace que el escenario de otra Siria en Venezuela se torne probable.
Todo lo anterior debería motivarnos a pensar si es posible aún una transición negociada y, si lo es, cuáles podrían ser los términos de esa negociación. En la medida en que el asunto rebasa las fuerzas internas, esos términos deben incluir a los aliados de lado y lado que pujan por una u otra solución a la crisis de Venezuela. La ventaja de una transición negociada es, en primer lugar, la de evitar una escalada de la violencia. En segundo lugar, un acuerdo negociado le daría mayor estabilidad al nuevo gobierno y, por tanto, facilitaría la reconstrucción del hermano país. He formulado el esbozo de un acuerdo posible que presento a continuación con este interés en mente.
El régimen de Maduro se mantiene en pie gracias al apoyo, en el plano interno, de las Fuerzas Armadas, así como de sectores imbuidos de la ideología chavista y beneficiarios en distinto grado del clientelismo y la corrupción. La garantía de participación política del chavismo, por un lado, y el tratamiento penal benigno, por el otro, serían los principales incentivos para que esas fuerzas se avinieran a negociar. Participación política no quiere decir participación en el nuevo gobierno sino garantías para competir en el nuevo régimen. Tratamiento penal benigno no sería una amnistía de todos los crímenes pues eso sería incompatible con los compromisos de Venezuela con la Corte Penal Internacional. Debería ponerse en marcha algún procedimiento de justicia transicional, como el que existe en Colombia.
El tema es que el régimen de Maduro no se mantiene sólo por sus apoyos internos sino también, quizá en grado mayúsculo, por sus apoyos externos, siendo Rusia y Cuba los más importantes. Si el interés de China fuese preservar sus inversiones, seguramente lo podría hacer mejor con un nuevo gobierno que resuelva las crisis de todo orden – humanitaria, política, energética, etc. El caso de Rusia y Cuba es sustancialmente diferente. Además de la afinidad ideológica con el chavismo, Cuba tiene un interés económico directo en el mantenimiento del régimen de Maduro: la ayuda en petróleo que ha recibido y que espera seguir recibiendo, con la cual ha podido amortiguar el bloqueo económico de Estados Unidos. A cambio, Cuba le aporta a Venezuela un contingente de operadores de salud y, sobre todo, un aparato de inteligencia con el cual el régimen mantiene su férreo control de las Fuerzas Armadas.
Así las cosas, el acuerdo de transición debería incluir a Cuba y su interés económico. El gobierno de transición podría garantizarle flujo de petróleo a Cuba durante un lapso de tiempo considerable, 5 años (?), 10 años (?), a cambio de retirar su aparato de inteligencia y facilitar la reforma de las Fuerzas Armadas, así como de contribuir a desactivar los colectivos chavistas, verdaderas fuerzas paramilitares con una gran capacidad de perturbación. Sé que para muchos en la coalición de Guaidó esta propuesta les puede parecer bastante chocante. Como en Nicaragua, en Venezuela Cuba es responsable de apoyar y mantener un régimen basado en la más cruda represión. Precisamente por eso, Cuba podría cumplir un papel importante en la transición y la consolidación de un nuevo gobierno en Venezuela.
El caso de Rusia es, sin duda, mucho más complicado. Rusia juega a desgastar a Estados Unidos en su patio trasero, de un modo análogo a lo hecho por Estados Unidos en el patio trasero de Rusia. A la iniciativa estadounidense de incorporar Ucrania a la Otan, Rusia respondió promoviendo la secesión de Crimea y de la Ucrania oriental. Al convertirse en socio estratégico del régimen de Maduro, lo que ha hecho Rusia es elevar la apuesta geopolítica contra Estados Unidos. ¿Qué incentivo podría tener entonces Rusia para facilitar una transición a un nuevo gobierno en Venezuela? Venezuela, los países del Grupo de Lima y, quizá toda Latinoamérica, podría reconocer la soberanía rusa sobre Crimea a cambio de que se retire del hermano país. Esto significaría una divergencia significativa respecto del principio de no reconocer ninguna anexión territorial y, quizá también, una fisura profunda con Estados Unidos y los países europeos, a menos que estos últimos también reconocieran la conveniencia de este ajuste de cuentas de escala geopolítica.
Desde luego, no se puede descartar que el interés de Rusia en Venezuela sea tan alto que el reconocimiento de soberanía sobre Crimea le parezca poca cosa. Además, si Rusia considera que su control de Crimea ya está consolidado, no tendría motivos para considerar el mencionado reconocimiento internacional como un activo valioso que amerite sacrificar el sueño de una avanzada en aguas calientes y, sobre todo, en el patio trasero de Estados Unidos. En tal caso, tendríamos que resignarnos a que la confrontación continúe e incluso a que nos convirtiéramos en blanco de la ciberguerra que Rusia ya emprendió contra Estados Unidos.
La cosa tampoco es fácil del lado de los apoyos internacionales a la coalición de Guaidó. Puede suceder que las concesiones anteriormente referidas sean vistas como extremadamente costosas por Estados Unidos y que este país sea el primero en vetarlas. El gobierno de Donald Trump le ha hecho eco al discurso de los exiliados cubanos que pedían reversar la política de distensión hacia Cuba, iniciada por el gobierno de Barack Obama. Si la idea es ahogar el régimen castrista a toda costa, lo último que aceptaría el gobierno Trump sería un alivio consistente en la continuación de la ayuda en petróleo que recibe de Venezuela. Otro tanto podría decirse de la confrontación con Rusia. Estados Unidos podría bloquear un acuerdo que, por muy conveniente que fuera para Latinoamérica, significara limitar su expansión en Europa del Este. No obstante, un trueque en el que Rusia saliera de Venezuela y Estados Unidos aceptara la soberanía rusa sobre Crimea y la no incorporación de Ucrania a la Otan crearía un espacio de distensión muy importante, que podría incluso ayudar a frenar la nueva carrera armamentista en la que están involucrados ambos países.
Habría, finalmente, un interés económico adicional que aparentemente desincentiva a los Estados Unidos a apoyar una transición negociada en Venezuela. Todo indica que Estados Unidos querría que en Venezuela tuviera lugar una gran feria neoliberal. No sólo Estados Unidos; también sectores de la coalición de Guaidó. Rafael Moro Martins y Ryan Grim, periodistas de The Intercept, tuvieron acceso al borrador de un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado “Venezuela: Challenges and Opportunities” (Venezuela: Desafíos y Oportunidades). El documento plantea una inyección de 48 mil millones de dólares en forma de préstamos cuyo origen no está establecido. Una fuente del BID le dijo a los periodistas de The Intercept que esa suma no podría salir sólo del BID pues corresponde al triple de las operaciones de ese banco en un año. Ese dinero se invertiría en proveer estabilidad mediante la provisión de comida y servicios en materia de salud y educación, en recuperar la infraestructura y en reversar la fuga de cerebros que ha experimentado Venezuela. A cambio, el nuevo gobierno implementaría una estrategia de privatizaciones y desregulaciones, a la medida del recetario neoliberal que incluso el propio Fondo Monetario Internacional considera hoy contraproducente. Así las cosas, pocos serían los incentivos de sectores de la coalición de Guaidó para buscar una transición negociada. No es una coincidencia que desde el año pasado Ricardo Hausman, el representante de Guaidó ante el BID, se haya expresado sin reservas a favor de una intervención militar para derrocar al régimen de Maduro.
Después de ver los resultados de las aventuras militares de los Estados Unidos en Afganistán y en Irak, tengo muchas dudas acerca de los beneficios de una intervención estadounidense en Venezuela. Luego de ver las consecuencias de la ploriferación de grupos armados en Colombia, tengo también muchas dudas acerca de un programa de transición y consolidación que no tenga una propuesta seria de desarme de los colectivos chavistas y de reforma de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Puede ser que sobreestime la capacidad de esos colectivos y magnifique el riesgo de escisiones dentro de los militares bajo un gobierno de transición, si triunfa la rebelión contra el régimen de Maduro. En lo que no creo equivocarme es en señalar la imprudencia de quienes ven el cambio de régimen y políticas como una operación más o menos mecánica, que puede realizarse sin invertir esfuerzos en crear un nuevo consenso y en promover la reconciliación.