De acuerdo con la legislación internacional, los ataques indiscriminados contra la población civil en la Franja de Gaza, por parte del ejército israelí, son crímenes de guerra. La misma valoración cabe aplicar al uso de cohetes para atacar objetivos civiles en Israel por parte Hamás. En uno y otro caso, cabe preguntarse qué clase de visión del mundo tienen los líderes de cada bando para recurrir a instrumentos de ataque que no distinguen entre civiles y combatientes; más aun, para atacar deliberadamente objetivos civiles.
En el caso de Hamás, uno encuentra la respuesta en su carta de fundación. Hamás no reconoce al Estado de Israel y tiene como propósito establecer un estado islámico en toda Palestina. En repetidas encuestas de opinión, una amplia proporción de palestinos, en algunos casos, tres cuartas partes de los encuestados, han expresado su apoyo a los ataques suicidas.
En el lado de Israel, las cosas no son mejores. La casi totalidad de los encuestados, el 95%, ha dado su apoyo a las operaciones militares que realiza actualmente el ejército israelí en Gaza. De acuerdo con el diario The Guardian, estas cifras se explican por cuenta del hecho de que los medios de comunicación en Israel han puesto su énfasis en los cohetes lanzados por Hamás y en la muerte de soldados israelíes, al mismo tiempo que han soslayado completamente la muerte de civiles palestinos.
La ocurrencia de ataques deliberados contra la población civil se comprende en situaciones en las cuales ambas partes se ven recíprocamente como enemigos absolutos y, por lo tanto, han desvalorizado sistemáticamente la vida de aquellos que son percibidos como apoyos y simpatizantes del lado contrario, una calificación que incluye de modo genérico a toda la población que habita en el territorio controlado por ese contrario. Cuando esa desvalorización es realizada a propósito o de manera inconsciente, pero de forma continua y persistente el resultado es que, en el momento en el cual estallan las hostilidades, no hay en ninguna de las partes voluntad para evitar sufrimientos innecesarios. El derecho internacional humanitario, el derecho aplicable a esta clase de situaciones, es relegado por las partes a una consideración que no tiene ningún peso en lo absoluto.
La ferocidad con la cual el ejército israelí ha destruido hospitales y escuelas, edificios civiles y fuentes de energía, la crudeza con la cual ha atacado sitios donde hay población civil, el cinismo con el cual ha justificado sus acciones responsabilizando a Hamás de utilizar a la población como escudos humanos no nos debería hacernos olvidar de que si tuviera los mismos medios que tiene el ejército israelí, probablemente del mismo modo Hamás los usaría contra la población civil en Israel. El mayor número de víctimas del lado palestino no nos debe motivar a ignorar la sevicia con la cual Hamás ha dirigido sus instrumentos de ataque contra objetivos civiles.
Cada una de las partes obra motivada por un fuerte sentido de retaliación: cada una quiere cobrarle a la otra la sangre derramada por sus víctimas. Cada una apela, explícitamente, a la noción, prohibida por el derecho internacional, de castigo colectivo. Cada una considera ese castigo, desde un punto de vista moral, como la puesta en aplicación de la idea de justicia y, desde un punto de vista instrumental, como un medio para convencer a su contendor que sus objetivos son inalcanzables.
En el caso de Israel, su dirigencia política ha optado por una estrategia consistente en minar toda posibilidad de un acuerdo de paz que dé lugar al establecimiento de dos estados, con observancia de las fronteras de 1967. Benjamin Netanyahu se ha empeñado en una solución consistente en el reconocimiento de los palestinos del carácter judío de Israel y en su subordinación a las autoridades de ese estado, una solución que los mismos Estados Unidos cuestionan.
La posición de Netanyahu implica, en la práctica, la consumación de una política de Apartheid mediante la cual los palestinos que habitan en los territorios ocupados serán ciudadanos de segunda; que los asentamientos ilegales no serán desmantelados; que Jerusalem no será una capital compartida por dos estados, como se propuso en los Acuerdos de Oslo de 1993, sino la capital de Israel; y que no habrá una solución al problema de los refugiados y exiliados palestinos, mientras que Israel continuará con su política de otorgar ciudadanía automática a cualquier persona judía que quiera ir a vivir a Israel.
¿Por qué, si hasta este momento he venido hablando de dos partes, pongo ahora el énfasis en el Estado de Israel? Es obvio que hay una gran diferencia entre la destrucción causada por Israel y la destrucción causada por Hamás. Aquí, sin embargo, quiero hacer otro énfasis. Ahora pongo el énfasis en el Estado de Israel porque hay una gran diferencia entre el estatus que tiene Hamás y el que tiene Israel en la comunidad internacional, y porque en gracia de ese estatus Israel quiere consolidar una situación política que es abiertamente inmoral y, desde el punto de vista del derecho internacional, abiertamente ilegal.
Desde la Guerra de los Seis Días, en 1967, cuando Israel ocupó la Franja de Gaza y Cisjordania, ha establecido un sistema de ocupación basado en el sometimiento de un pueblo a otro. Si hemos de creer en el testimonio de Hirsh Goodman, desde el mismo momento de la ocupación, David Ben-Gurion, el primer Primer Ministro de Israel, advirtió que si Israel no se deshacía de los territorios ocupados, se convertiría en un Estado Apartheid, esto es, en un estado basado en la segregación, en la separación racial, y en la subordinación de un grupo étnico a otro grupo étnico.
El Estado de Israel y sus defensores rechazan esta calificación. Sostienen que Israel es la única democracia genuina en la región. Si bien es cierto que el régimen israelí es democrático y que en el Parlamento las personas étnicamente árabes que han nacido en Israel tienen representación, también es cierto que hay una continua tensión entre ese carácter democrático y el carácter judío pues el Estado de Israel difícilmente puede considerarse secular. Lo fundamental es que de manera continua el Estado de Israel implementa políticas que discriminan de forma efectiva y permanente árabe en Israel y a la población palestina. Bastaría mencionar el diferente acceso a la educación que tienen los árabes israelíes con respecto al resto de la población en Israel; el acceso diferenciado a la justicia: la laxitud del sistema judicial para con los colonos que cometen crímenes contra palestinos y la extrema severidad contra los palestinos que cometen crímenes contra israelíes o que son acusados de cometer tales crímenes. La lista es bastante larga.
El Estado de Israel controla las fronteras de la Franja de Gaza y de Cisjordania. La Autoridad Palestina en Cisjordania ha estado permamentemente acorralada y subordinada a la política israelí. La mejor evidencia de esta situación fue el conjunto de documentos filtrados por Al Jazeera acerca de las negociaciones de paz sostenidas entre el Gobierno de Israel y la Autoridad Palestina, con el auspicio de los Estados Unidos, en el año 2008. De acuerdo con esos documentos, la Autoridad Palestina estaba dispuesta a hacer concesiones del todo impensables a la luz de los Acuerdos de Oslo de 1993 pues suponían un grave sacrificio del interés del pueblo palestino.
Aunque Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005, las políticas que implementa hace que de hecho la población palestina esté sometida de modo permanente a decisiones tomadas por el Estado de Israel. Como quedó evidente en el caso del ataque israelí a la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza en el año 2010, la severidad del bloqueo impuesto al territorio palestino excede el interés de protección del Estado de Israel. Antes bien, esa severidad hace parte de una estrategia política de debilitamiento de la resistencia palestina.
Al ser declarada una organización terrorista por parte de muchos países, Hamás se ha convertido en un objetivo de la acción coordinada de sus agencias de seguridad. Como lo señalé anteriormente, el territorio de Gaza, así como el de Cisjordania, están, para todos los efectos prácticos, bajo el control de Israel. No obstante, la comunidad internacional no ha ejercido nunca un tipo de presión similar hacia Israel por su política continua de violación al derecho internacional, en particular, al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Durante mucho tiempo, Israel se ha beneficiado del hecho de que amplios sectores de la opinión pública en los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental no califican las políticas del Estado de Israel como discriminatorias.
Esta situación puede modificarse. La analogía con el Apartheid en Suráfrica sirve para concentrar la atención de la comunidad internacional en el hecho de que la subordinación del pueblo palestino a Israel es inmoral e ilegal y al hecho de que las políticas que usa Israel para mantener esa subordinación son igualmente injustificadas. Aun más, la analogía nos recuerda que es posible aislar a un régimen que desconoce el derecho internacional y, de ese modo, obligarlo a ponerle fin a la sujeción y a la violencia que ha impuesto sobre otro pueblo.
Varias personalidades han dado su apoyo a esta clase de medidas. Seis personas galardonadas en el pasado con el Premio Nóbel de Paz, entre quienes se encuentra el Arzobispo suráfricano Desmond Tutu, junto con otros firmantes, le han pedido a Naciones Unidas que imponga un embargo militar sobre Israel, similar al que impuso sobre Suráfrica durante el Apartheid. Recientemente, la Unión Europea ha endurecido su política en relación con los territorios ocupados. La organización cívica global Avaaz promueve en la actualidad una petición para exigirle a bancos, fondos de pensiones y empresas que hacen negocios con Israel a que le pongan fin a sus inversiones en ese país. Yo ya firmé esta petición y le invito a usted a que también lo haga. También le invito a hacer algo más: a no comprar productos hechos en Israel.
Estas medidas pueden forzar al Estado de Israel a modificar su política hacia Palestina y a interiorizar los estándares de respeto a la dignidad humana establecidos por el derecho internacional. Esos estándares son el referente sine qua non puede haber una paz duradera en la región. Indudablemente, será necesario ejercer presión, también, sobre Hamás pues esta organización persiste en objetivos y métodos de lucha que hacen imposible esa paz duradera. No obstante, en este momento, es imperioso que los ciudadanos de todo el mundo unamos nuestra voz y apliquemos nuestra energía al logro del propósito de aislar militar y económicamente a Israel con el fin de obligarlo a modificar su política inmoral e ilegal hacia el pueblo palestino.
Usualmente, la respuesta de los representantes del Estado de Israel y de sus defensores es acusar a quienes promovemos estas iniciativas de antisemistas. Yo no soy antisemita y, por esa razón, no le temo a esta acusación. La estrategia de inmovilizar a quienes critican las actuales políticas del Estado de Israel no está dando resultados. Sería mucho mejor que sus representantes las encararan y revisaran una estrategia global de solución del conflicto israelí-palestino.
Muchas personas en Israel han demandado una revisión radical de esa estrategia. Aquí quisiera aludir solamente a un caso, el del film Los Guardianes de Israel (The Gatekeepers), nominado el año pasado al Óscar al mejor documental. En ese documental, el director de cine Dror Mehr entrevistó a los últimos seis directores de la agencia de seguridad israelí Shin-Bet.
En el diario New York Times, el documental fue descrito como una narrativa perturbadora cuyo mensaje es, “La ocupación es inmoral y, quizá más importante, inefectiva. Israel debe retirarse de Cisjordania del mismo modo que lo hizo de la Franja de Gaza en el 2005.” En el diario israelí Ha’aretz, el crítico de cine Uri Klein lo llamó “uno de los documentales más inteligentes, maduros y autodisciplinados que se han hecho recientemente.” Por el contrario, en el diario israelí Jerusalem Post, el profesor Gil Troy lo describió como un documental en el que se muestra la vitalidad democrática de Israel buscando socavarla”. Según Troy, “los entrevistados culpan a Israel y le roban a los palestinos su responsabilidad, culpabilidad y dignidad.” Su franqueza la describió como un producto de la “cultura voyerista de facebook” y agregó que tendría dudas de que “los antiguos seis directores de la CIA se atreverían a abusar de su posición – y de la confianza del público estadounidense.”
Este contraste es revelador del clima político-moral en Israel. Muchas personas viven en ese país como si estuvieran en una burbuja, completamente aislados de la opresión del pueblo palestino, ignorantes de su humillación y de su sufrimiento. Fuera de Israel, las cosas pueden ser peores. Muchos defensores de Israel pueden ser, en algunos casos, más radicales que quienes viven en las ciudades que han sido asediadas por los cohetes de Hamás.
El Estado de Israel precisa de un llamado que lo despierte. Puede ser un despertar rudo, como el del boicot contra sus productos, pero es lo mejor que podemos hacer quienes todavía creemos en una solución pacífica al conflicto entre israelíes y palestinos.