Cosmopolita

Publicado el Juan Gabriel Gomez Albarello

Con cara gano YO y con sello ¿también?


Cuando le propuse a El Espectador un blog sobre política internacional y cultura política tenía en mente, entre otras cosas, un debate como el de la responsabilidad del estado en el caso de las pirámides. La mayoría de las entradas a este blog las he dedicado a temas de política internacional, sobre todo acerca de WikiLeaks. Es con ocasión de WikiLeaks que he dicho unas cuantas cosas sobre cultura política, más como partidario de una causa que como analista. Ahora voy a dedicarme de lleno a un asunto de cultura política. Desafortunadamente, no puedo deslindar mi rol de analista del de partidario de una causa. En este asunto, y desde hace rato, yo tengo una opinión muy definida en contra de la indemnización a quienes perdieron dinero en las pirámides.


El problema de las pirámides tiene sus raíces en algo a lo que me he referido incidentalmente a propósito de la todavía pendiente donación a WikiLeaks: la falta de confianza del público en el sistema financiero. Este es un país donde un gran sector de la población vive en los márgenes de la legalidad o claramente fuera de ella. Y en esos márgenes, la falta de confianza en las instituciones, incluidas las bancarias, es la regla, no la excepción. Este no es un problema exclusivo de Colombia. El porcentaje de la población que le confía a los bancos su dinero y que permite que circule beneficiando así a toda la economía, lo que se denomina la tasa de bancarización, es muy baja en toda América Latina.


Además de la falta de confianza, una secularización a medias, poco democrática y poco respetuosa del estado de derecho, ha acrecentado la falta de moderación. El problema de las pirámides es también de codicia, de querer ganar mucho dinero sin hacer mucho esfuerzo. Esto tiene también otras ramificaciones. En este país hay mucha gente que hace mucho esfuerzo y gana poco dinero, y donde también hay un buen número que disfruta de lo contrario. Era inevitable que en algún momento el mal ejemplo se propagara.


Falta de confianza y falta de moderación no son las únicas causas de las pirámides. Otra causa importante es la falta de cacumen y su correspondiente correlato, esto es, la fe en las loterías y en la milagrería. Cuando uno mira la tradición católica en Hispanoamérica desde el punto de vista de otras tradiciones, puede caer en cuenta de todo lo primitivo y rupestre que hay en las formas de devoción promovidas o al menos toleradas por la iglesia católica en Colombia. Pura idolatría, fanatismo, superchería de maleficios, exorcismos y supuestas violaciones a las leyes naturales realizadas por una potencia divina en favor de un creyente. Gente que le reza a su divinidad como si ésta fuera un mercachifle: “Sácame de ésta, sálvame de aquella y te prometo que … bla, bla, bla.”


Con excepción de la tradición jasídica, en la que se exalta la devoción mística, en el judaísmo uno encuentra que una de sus ideas más preciadas es la de una mediación racional entre el creyente y la divinidad, efectuada por medio de una interpretación racional de la escritura. Esto es algo que no se conoce entre nosotros. Así como se pide un milagro, se apuesta a la lotería y al chance, se piden excepciones a la ley… y se invierte en las pirámides. Sin esta vocación tan pronunciada hacia la milagrería, las pirámides no habrían pelechado.


Que alguien me diga que el estado colombiano debe desviar recursos valiosos para la educación, la salud, la infraestructura, para rescatar a quienes fueron defraudados en las pirámides y para compensarlos del sufrimiento que les provocó el haber perdido su plata es algo que no me sorprende. Tampoco me enfurece. Pienso que el cuadro de quienes invirtieron en DMG, allí y allá, es muy humano. Es patético. Pero el patetismo no me conmueve. Creo que la demanda al estado para que los indemnice por lo que perdieron es una extraordinaria oportunidad para evaluar un rasgo típico de la cultura política de este país: la extraordinaria tendencia a negar la responsabilidad que uno tenga en las consecuencias negativas de sus propias decisiones.


De partida, uno advierte que, para alguna gente, lo mejor siempre es encontrar a alguien más a quien culpar, en este caso, a esa entidad abstracta que muchos llaman el Estado, con mayúscula, como si la mayúscula fuese una señal de reverencia, un guiño al “Gran Hermano.” El Estado tiene la culpa de la violencia; el Estado tiene la culpa de la corrupción; el Estado tiene la culpa de las pirámides y hasta del invierno. El Estado, el Estado… y sobre todo, “que el Estado me indemnice.”


En el núcleo de este sentido tan débil de la responsabilidad hay un extraordinario egocentrismo. Esta es la máxima de todos los que hoy demandan del estado una indemnización por sus pérdidas en las pirámides: “Con cara gano YO y, con sello, ¡también!” Fueron a un casino, apostaron su dinero, perdieron y ahora vienen a decirnos que es culpa del estado que el casino tuviera las puertas abiertas y los dejara entrar. El estado, dirían ellos, debió haberse comportado como un buen padre de familia porque ellos, víctimas de todo este proceso, requerían de la protección del estado para no haber puesto en peligro sus ahorros como lo hicieron. Ah, pero la cosa habría sido totalmente diferente si nunca se hubiese producido la debacle de las pirámides.


Supongamos que hubiese cursado un proyecto de ley de este tenor: “Quien gracias a una inversión en una pirámide, quien sin haber movido un solo dedo en una actividad productiva haya tenido rendimientos superiores al 50% de lo invertido, deberá pagar un impuesto correspondiente al 50% o más de esos beneficios.” Estoy seguro que habrían puesto el grito en el cielo. Habrían dicho, “Esa plata me la gané YO. Yo fui quien la invertió. Yo fui quien se olió la oportunidad, el negocio. Yo soy el dueño. Que el estado no se atreva a poner ni un dedo encima de esa plata.” Pero como no ganaron, como el negocio no salió como esperaban, al egocentrismo con el que habrían defendido lo ganado le ponen ahora un nuevo ropaje. A ese egocentrismo le dan nuevos argumentos para pedirle al estado que los indemnice. En otras palabras, en un ejercicio de travestismo moral, se cambian de camiseta y dicen, “Yo no debo pagar por esa pérdida. Yo perdí, pero debe pagar usted. Sí, usted y todos los demás colombianos que pagamos impuestos.” ¿Cómo? Eso es algo que muchos ponemos en discusión.


La demanda de las víctimas de las pirámides se parece a la demanda de Íngrid Betancourt. Nadie le pidió que fuera al Caguán a confrontar a las FARC. Si le hubiera salido bien esa audacia política, usted y yo, para decirlo en una palabra, el país la habría premiado. Le habría reconocido el valor de confrontar sin armas a gente armada y abusiva. Pero, como en el vallenato de Escalona, “el tiro le salió mal (…).” Su error fue creer que los colombianos, que la habríamos premiado, también íbamos a aceptar la cuenta de cobro de las consecuencias de su temeridad.


Yo creo, sin embargo, que ni Íngrid Betancourt ni nadie merece el linchamiento moral al que este país la sometió sin miramientos. Habría bastado que, con mucha cortesía, uno le dijera que su demanda no tenía fundamento. En efecto, un principio fundamental del derecho, desde el tiempo de los romanos, es el siguiente: “uno no puede alegar la propia culpa para sacar de ello provecho.” En otras palabras, una causal que exime de responsabilidad al estado es la culpa, la responsabilidad de la víctima. Eso es lo que no quería admitir Íngrid Betancourt. Eso es lo que no quieren admitir las “víctimas” de las pirámides.


A comienzos del 2009, un amigo me invitó a una reunión con personas afectadas por la debacle de las pirámides. Yo fui a decir que pensaba que esa era una causa indigna de apoyo. Entre las tantas cosas que me replicaron, me llamó la atención la disculpa basada en el mal ejemplo, una disculpa que tiene la siguiente forma: “Si a uno le dan mal ejemplo y uno lo sigue, y si de ello siguen consecuencias negativas, el responsable no es quien siguió el mal ejemplo sino el que lo dio.” Con ese argumento, se acabarían los procesos penales por lesiones personales en Colombia. Cuando el juez interrogue a una persona acusada de agredir físicamente a otro, solamente le bastaría al agresor responder, “yo le dije [a mi agredido], «si te veo, te rompo la cara, marica» y, como lo ví, pues le rompí la cara. Señor juez, ¿con qué autoridad me va usted a condenar si lo que yo hice fue seguir el ejemplo del primer magistrado de la república?”


Algunos de quienes invirtieron en las pirámides afirman que siguieron un mal ejemplo: una supuesta recomendación del entonces presidente Álvaro Uribe a hacer esa inversión. Digo supuesta porque aludían a una declaración que, en ese sentido, presumiblemente hizo el presidente en un consejo comunitario. No tengo idea si hay prueba fidedigna de una declaración semejante. Pero incluso si la hubiera, sería inaudito que quienes pagamos impuestos tuviésemos que pagar por el mal ejemplo de un gobernante, si tal fuera el caso, y por el mal criterio de ciudadanos que no saben distinguir un ejemplo bueno de uno malo. Hay que rescatar a las víctimas de los desastres, no a las de su propio empecinamiento y de su insufrible egoísmo.


Yo no quiero soslayar la responsabilidad del entonces superintendente financiero ni de otras autoridades que debieron haber tomado acciones para detener la que a la sazón era una forma extraordinaria de producir dinero sin producir nada, nada que le sirviera a la sociedad ni a nadie. Es fundamental que haya un juicio de responsabilidad política que implique a todas las personas que permitieron que todo este asunto se desmadrara. Es preciso escudriñar en las acusaciones que en su momento hizo David Murcia. Sin hacer claridad sobre lo ocurrido, seguiremos lejos de que este país le ofrezca a sus hijas e hijos un lugar donde puedan realizar sus sueños. Sin esas claridades, a lo sumo, sólo les quedaría la letanía colombiana de “aquí nadie surge si no es con apellido o con palanca.”


Sin embargo, creo que en este asunto tampoco hay que equivocarse. La indolencia de las autoridades de entonces ante un proceso de captación ilegal de dinero no le da argumentos a los inversores en las pirámides para justificar su codicia. Indemnizarlos sería violar los principios más elementales de la justicia y del derecho. El jurista romano Ulpiano decía que la justicia “consiste en la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho. Las reglas del derecho son éstas: vivir honestamente, no hacerle daño a nadie y darle a cada uno lo suyo.” No hay que abundar mucho en el asunto. Vivir de la lotería de los altos rendimientos de las pirámides no es una forma honesta de vivir. Punto.


Las entidades que han diseñado la estrategia de defensa del estado han recurrido a varios argumentos. Uno de ellos consiste en volverle las tornas a quienes demandan. Si se puede presumir que los altos rendimientos de las pirámides solamente podían provenir del lavado de activos, entonces esa presunción puede obrar en contra de los demandantes de la siguiente forma: serían cómplices del delito de lavado de activos. La figura es ingeniosa, pero no esta exenta de problemas. Sin entrar en una disquisición acerca del traslape de principios entre ámbitos distintos como el del derecho administrativo y el del penal, la objeción que ha planteado la revista Semana no puede ser ignorada. Le queda mal al estado criminalizar de plano a quienes le demandan. Yo no creo que la objeción mate la estrategia. Jueces y magistrados que invirtieron su plata en las pirámides deben ser los primeros en ser investigados, si es que han tenido el descaro de demandar al estado.


Como yo lo veo, la defensa del patrimonio público en un caso como éste requiere de algo un poco más sofisticado que una estrategia jurídica. Aquí hay que abrir un gran debate político y moral acerca de la legitimidad (o la falta de ella) de demandas al estado como la de quienes perdieron su dinero en las pirámides. Es preciso que la sociedad cuente con escenarios en los cuales se pueda ventilar esta discusión.


Mal le quedaría a las entidades encargadas de la defensa del estado organizar debates de este orden. No pueden ser juez y parte. Con respecto a este asunto, las universidades del país tienen una gran responsabilidad. Son ellas quienes deben crear esos espacios de discusión. Yo pienso que hay derrotar los argumentos de los demandantes en el caso de las pirámides tanto en los estrados judiciales como en los estrados sociales. Es preciso deslegitimar su causa. Sin embargo, creo que eso debe hacerse legítimamente. Creo que los abogados de quienes pusieron su plata en las pirámides deberían entrar al debate público a dar razones de su actuación. Desde luego, yo prejuzgo en su contra. Como lo dije desde el inicio, en este asunto tengo desde hace rato una opinión muy definida. Empero, también creo que quienes piensan lo contrario deben tener la oportunidad de defender su posición. Que no sientan que uno los caricaturiza ni que los difama. Que si pierden en el debate, se convenzan de que sus argumentos son malos, que su posición es indefendible. No es sacándolos a sombrerazos como vamos a construir qué es lo que significa “riqueza ganada honesta y productivamente.”


Por eso insisto en que las universidades tienen aquí un papel muy importante que cumplir: que pongan a sus estudiantes y profesores de filosofía a discutir sobre este tipo de problemas morales; a sus estudiantes y profesores de derecho, de sociología, de antropología, acerca de los significados de la legalidad y la ilegalidad, acerca de sus traslapes en una sociedad como la nuestra. Que se dinamice el conocimiento sacándolo de la vida libresca; que los argumentos dejen de oler a cebo y candil; que la verdad resplandezca en el choque de los argumentos. Para decirlo en los términos de Antanas Mockus, que se pongan a trabajar buenos anfibios culturales y que logren conectar en este caso los cabos sueltos de la legalidad, la aceptación o reprobación social, y el autoexamen moral. Y zanjemos esta discusión de una vez por todas para que sus espectros no nos persigan en los corrillos ni hagan mella en el ánimo que harto se necesita para tantas otras cosas.

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