Por: Lina María Ortega Van Arcken
Tras conocerse del arribo de militares estadounidenses a Colombia, iniciaron los cuestionamientos sobre esta decisión del presidente, la cual fue tomada sin consultar al Senado.
La maniobra que es defendida por presidencia como una estrategia de apoyo técnico y consultivo para adelantar la erradicación de cultivos de uso ilícito en las Zonas Futuro, es vista con recelo debido a las tensiones que se han presentado entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, el papel de Colombia en ese conflicto da cuenta de las relaciones históricas que el Estado ha mantenido con los Estados Unidos y las posiciones que ha asumido el gobierno actual frente al reconocimiento del conflicto armado y el narcotráfico.
Las Zonas Futuro, o Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), fueron creadas en la Ley 1941 de 2018 para intervenir “regiones afectadas por la criminalidad que afecten la seguridad nacional”, a través de “una acción integral del Estado”. Estas fueron reglamentadas por el Decreto 2278 de 2019, a través del cual se establecieron en El Catatumbo, el Sur de Córdoba, el Bajo Cauca, Arauca, el Pacifico Nariñense y el Parque Natural Chiribiquete, regiones azotadas por la violencia y el narcotráfico.
La creación de las ZEII o Zonas Futuro, que pueden coincidir con territorios donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), fue demandada ante la Corte Constitucional por ser una figura que podría afectar el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y el derecho a la consulta previa, además de otorgar excesivas competencias al Consejo de Seguridad Nacional en asuntos de política social. Frente a esto, la Corte decidió en la Sentencia C 040 del presente año condicionar la implementación de las Zonas Futuro bajo el entendido de que estas deben reconocer la autonomía de las entidades territoriales, el derecho a la participación de las comunidades y cumplir de buena fe el Acuerdo Final firmado entre el gobierno y las Farc-EP.
Ahora, con la llegada de tropas estadounidenses, se pone en evidencia el lugar determinante de estas zonas, que si bien pretenden ser espacios en donde se busca lograr el “fortalecimiento del Estado Social de Derecho”, la estrategia a implementar será predominantemente militar. Aspecto que no es nuevo, sino que ha estado atado al discurso de seguridad, prohibicionista y belicista, con el cual se ha enfrentado el problema de las drogas desde los años sesenta.
La lucha contra el narcotráfico ha estado desde ese entonces bajo la dirección de Estados Unidos, que ha realizado una intervención directa en la estrategia militar colombiana, materializada contundentemente en el Plan Colombia.
Como experiencia previa, el Plan Colombia generó debates sobre el ejercicio de la soberanía, no sólo en términos de sujeción a una directiva militar extranjera, sino también por la fragilidad que representa el hecho de fortalecer la presencia del Estado a través del accionar de las Fuerzas Armadas, sobreponiéndose a estrategias de fortalecimiento institucional, provisión de bienes y servicios, y garantías de acceso a derechos.
Por otro lado, la militarización de las regiones es una medida que contradice el discurso de implementación y construcción de la paz, en tanto es el resultado de una política que ha generado la criminalización y estigmatización del campesinado y ha tenido altos costos en materia de derechos humanos, lo cual se refleja en las cifras de asesinatos de defensores de derechos humanos, asesinatos de civiles para aumentar el número de bajas demandadas a las Fuerzas Armadas, violaciones y otras formas de violencia sexual, que se presentaron durante el desarrollo del Plan Colombia.
En cuanto a la sustitución de cultivos de uso ilícito, esta medida puede ser letal para los ya socavados compromisos adquiridos en el marco del PNIS, los cuales han sido incumplidos continuamente debido, en parte, a la presión que ejerce los Estados Unidos para que Colombia reduzca su producción de drogas y erradique de manera forzada, pasando por encima de los acuerdos de erradicación voluntaria que ya se habían pactado.
Finalmente, en la plenaria del Senado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo justificó la presencia de militares estadounidenses en territorio colombiano, en el marco de dos acuerdos de cooperación que están vigentes, el Acuerdo de 1952 de asistencia militar y el Acuerdo de 1974 sobre misiones de Ejército, de Armada y de Fuerza Aérea. Sin embargo, la justificación práctica de traer soldados norteamericanos para enfrentar el narcotráfico, resulta insuficiente si se tiene en cuenta el fracaso en el largo plazo de la política antidroga del Plan Colombia, que consistió en una estrategia similar, y el inminente desplazamiento y aumento de los cultivos de uso ilícito en el país, conocido como efecto globo.