Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Plan nacional de generación de ingresos: ¿Y las víctimas de desplazamiento forzado?

Por: Gabriel Alejandro Hernández Muñoz

En el 2016 las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos firmaron el Acuerdo Final de Paz (AFP) con el que se daría fin a un conflicto armado de más de 50 años. El AFP significaba un cambio profundo respecto a los acuerdos de paz logrados en años anteriores, pues no sólo refería a puntos de desarme, desmovilización y reintegración de la población excombatiente; sino que abordaba de manera integral los problemas estructurales que habían iniciado y prolongado el conflicto armado en el país.

El primer punto del AFP tenía como objetivo la “transformación estructural del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural -hombres y mujeres- y de esa manera contribuir a una paz estable y duradera”. Se estableció el objetivo de trabajar sobre las causas históricas del conflicto por lo que se formuló una serie de mecanismos en los que resaltan los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.

Estos planes tenían el objetivo de lograr el bienestar de la población rural y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. Se debía garantizar un máximo esfuerzo en su implementación en los primeros cinco años después de firmado el AFP y se establecieron objetivos sobre disminución de pobreza y desigualdad y mejora de vida de la población rural a 15 años. No obstante, tal como lo ha señalado la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación-CINEP/CERAC, los dieciséis Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral debían ser adoptados en 2018, lo cual no ocurrió, pues hasta julio de 2021 sólo se habían adoptado diez.

A este elemento se suma un segundo punto que afecta directamente a la población víctima de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado en Colombia que, según el Unidad de Víctimas, supera los 8 millones de personas: las limitaciones de un enfoque que no busca garantizar una solución duradera para la superación de la afectación victimizante.

Si nos centramos en el Plan Nacional para apoyar y consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (PNGI) se plantean tres estrategias: la mejora del entorno institucional y la generación de ingresos a partir del emprendimiento rural, el fortalecimiento de la asociatividad rural como estrategia de generación de ingresos y la mejora al acceso y el uso de mecanismos de financiación y gestión del riesgo.

En estas tres estrategias la mención a la población víctima de desplazamiento forzada es mínima. Primero, no se tiene en cuenta su situación de vulnerabilidad en las estrategias planteadas. El PNGI no diferencia la población víctima de la no víctima, por lo que las estrategias planteadas son las mismas para ambas poblaciones, limitándose a una lógica de priorización. Segundo, al no tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de la población víctima de desplazamiento forzado, las estrategias que se plantean no son acordes a su situación, y por ende, no se encaminan en la consolidación de una solución duradera. Tercero, y derivado del segundo punto, el PNGI no busca que las víctimas puedan acceder a trabajo que permita su estabilización socioeconómica o, por lo menos, a que no encuentren obstáculos en el acceso a ofertas laborales.

Este escenario da cuenta de dos desarticulaciones en materia de política pública. Primero, que el PNGI no se está articulando con la política pública en materia de víctimas del conflicto armado, esto en referencia a los planes de Retorno y Reubicación. Segundo, que el PNGI no se formuló y no se implementará de manera integral en articulación con el resto del AFP, es decir, el carácter integral del AFP no se está teniendo en cuenta. Lo anterior, porque al no tener en cuenta a las víctimas de desplazamiento forzado, se desconoce la trasversalidad que tienen sus derechos en lo pactado.

Es necesario que para avanzar en la consolidación de la paz en Colombia se garanticen los derechos de las víctimas del conflicto armado, en las que el Estado asuma las responsabilidades que tiene tanto las existentes previa firma al AFP y las que se adquirieron con este. Revertir los efectos del conflicto armado es una obligación que tiene el Estado colombiano, el desinterés mostrado los últimos años por el actual gobierno en la implementación del AFP ha generado que los hechos de violencia se incrementen y que no se les responda a las víctimas. El gobierno entrante tendrá una gran responsabilidad frente a la implementación del AFP y la garantía de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado.

Comentarios