Por: Diana Valentina Hortúa Hortúa*
Hablar de Paz Total en Colombia se volvió un tema controversial. Mientras que para el gobierno la Paz Total es una propuesta política que privilegia el diálogo para llegar a acuerdos con los diversos grupos armados. Para otros, la propuesta representa una reducción de las condenas y beneficios tanto jurídicos como económicos a los integrantes de estas estructuras.
Hablemos de hechos
Tras la firma del acuerdo de paz en el 2016, surgieron las disidencias de las FARC, uno de estos grupos es el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP, que opera principalmente en el departamento del Cauca. El gobierno, en concordancia con su lema “el gobierno del cambio” conformó una delegación que se reunió con este grupo para definir mecanismos y un calendario de actividades. Así lo informó en entrevista, Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.
Durante las reuniones llevadas a cabo a principios de septiembre en el municipio de Suaréz, Cauca, las partes reiteraron su deseo de avanzar en las negociaciones de paz, razón por la que se establecieron once acuerdos. Entre ellos, la instalación de una Mesa de Diálogo y un acuerdo de Respeto hacia la Población Civil. Hasta aquí parece que el papel todo lo aguanta.
Un día después de conocerse la declaración oficial ocurrió un ataque terrorista, atribuido al ECM, hacía la subestación de la Policía en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, Cauca. El ataque causó la muerte de dos personas y dos más quedaron heridas. Lo más preocupante es que pese al previo acuerdo de Respeto a la Población Civil, el carro bomba detonó en inmediaciones entre un puesto de salud y una escuela, motivo por el cual una de las víctimas fatales fue identificada como Stella, quien se desempeñaba como docente del corregimiento.
Los pronunciamientos de los mandatarios no se hicieron esperar. Por un lado, el gobernador del Cauca, Elías Larrahonod, aseguró que la onda explosiva terminó afectando todo a su alrededor y agregó que este no ha sido el único atentado, ya que en las últimas horas se conoció otro ataque a una base militar y a una estación de policía del departamento. Por otro lado, Gustavo Petro, presidente de Colombia, publicó un trino enTwitter (ahora X) en el que indicó “Las acciones del EMC son su respuesta a nuestra ofensiva en el Valle del Micay […] he ordenado una presencia aún mayor, militar y policial en el Cauca”.
El pronunciamiento del ECM fue conciso, aceptaron la autoría del ataque y que este viola las normas del Derecho Internacional Humanitario. En palabras de su vocero, Andrey Avendaño “No estamos pidiendo perdón, estamos diciendo que lamentamos profundamente lo sucedido” y al final concluyó que hubo un error en esta acción de guerra. Pero eso a lo que ellos le llaman “error” y que pretenden remediar con un “lo lamentamos” terminó con la vida de dos personas. Un “error” irreparable para sus familias y la población. Un error que se dio dentro del marco de una negociación para una Paz Total, teniendo en cuenta que un día antes habían expresado su deseo de continuar con las mesas de diálogo.
Costo de la Paz Total
No se trata de pedir perdón y continuar con ataques hacia la fuerza pública y población civil, porque lo único que representa eso es la reproducción de ciclos de violencia. La Paz Total debe ser un proyecto que privilegie el diálogo y brinde garantías para desmovilizar los grupos armados, siempre y cuando estos sean consecuentes entre lo manifestado y su accionar, porque no todo lo puede aguantar un papel y se necesitan hechos contundentes.
No debe ser el gobierno el único actor en realizar esfuerzos para demostrar su voluntad de negociación y ofrecer garantías sin obtener nada a cambio. No se puede negociar a cualquier costo, menos, si esto implica poner en riesgo derechos fundamentales como la vida y la libertad de los colombianos. Se debe garantizar la protección de estos derechos y la no repetición de estos actos. A partir de allí, podemos hablar de una paz restaurativa, consensuada e integral que vislumbre la firme tinta de lo acordado en el papel, capaz de reflejar la coherencia de lo expresado y la efectividad de los mecanismos de diálogo.
*Estudiante de Comunicación social y Relaciones Internacionales, integrante del semillero Propiedad Rural - PUJ
Observatorio de Tierras
El Observatorio de Tierras es una iniciativa académica que reúne grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI), el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Facultad de Jurisprudencia) y la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali (investigador asociado Carlos Duarte) y sede Bogotá (facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales).