Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Un paso adelante en la implementación, dos atrás en la sustitución

Por: Tania Bonilla y Alejandro Abondano
Investigadores del Observatorio

El martes 27 de junio, en el municipio de Mesetas, Meta, se llevó a cabo la histórica dejación de armas de las Farc. Un evento que demuestra la voluntad de las partes para avanzar en el fin del conflicto y da indicios de que, con algunos obstáculos, los Acuerdos se han estado cumpliendo. Justamente, desde el atril del escenario los representantes del Gobierno y de las FARC-EP no solo reafirmaron su compromiso de escindir definitivamente la relación existente entre las armas y la política, procurando tramitar sus diferencias por las vías democráticas, sino también reflexionaron sobre los aciertos y desafíos del proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz.

En su corta intervención, Rodrigo Londoño, logró de manera sucinta referirse a los compromisos alcanzados entre las partes, haciendo un especial énfasis en la necesidad de darle respuesta a las problemáticas del campesinado colombiano. Por ello, y como una forma de detener la criminalización y judicialización de los campesinos productores y en general el “tratamiento militar” al problema de cultivos de uso ilícito, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Próximamente, la Corte Constitucional se pronunciará sobre el Decreto 896 de 2017 que le dio vida a este programa, con el fin de establecer si este es acorde a lo pactado en La Habana. Aunque constituye un avance importante en el marco de la implementación del Acuerdo, este Decreto también contiene disposiciones que pueden obstruir el  alcance de sus objetivos.

El Decreto introduce un límite temporal inadecuado para definir quiénes van a ser los beneficiarios del PNIS. La norma dice que estos beneficiarios no pueden haber desarrollado cultivos ilícitos con posterioridad al 10 de julio de 2016, fecha en la cual se inició la sustitución voluntaria de cultivos en el municipio de Briceño en Antioquia. Sin embargo ¿qué sucede con todos los cultivadores y las cultivadoras en otros municipios a quienes aún no se les ha ofrecido siquiera una alternativa para ganar el sustento de sus familias?

No es aceptable que se exija que esta población haya dejado su medio de subsistencia para vivir del aire durante todos estos meses. Si bien se requiere definir de manera precisa quiénes son los sujetos que podrán acceder al PNIS para que este cumpla con su objetivo de superar las condiciones de pobreza, esto es imposible si la definición misma excluye a la población a la que debería apuntar.

Por eso, para establecer el límite temporal es fundamental tener en cuenta lo establecido en el Acuerdo Final. No solo porque así lo exige la ley que otorgó las facultades especiales al Presidente para expedir el Decreto, sino porque en el mismo Acuerdo existen elementos suficientes para elegir una fecha que permita al PNIS tener el impacto esperado.

En el mismo Acuerdo se establece que “con el fin de formalizar el compromiso del Gobierno de generar condiciones de vida digna y la decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito, se celebrarán acuerdos entre las comunidades, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, previo a la puesta en marcha del Programa en un territorio”.

Sería mucho más razonable, entonces, exigir que los cultivadores y las cultivadoras abandonen sus cultivos ilícitos al momento de sellar los acuerdos de sustitución voluntaria con el Gobierno. Es decir, desde el momento en que el Estado les ofrezca una alternativa para sostener a sus familias. Lo contrario implica dejar nuevamente de lado a todas estas personas que se vieron obligadas a optar por la vía ilegal precisamente como consecuencia del abandono estatal.

El éxito del PNIS, y de lo pactado en el Acuerdo, depende de la capacidad del Estado de responder a las causas del conflicto. Esto a su vez implica enfrentar la inequidad y satisfacer las necesidades básicas de poblaciones que, como estas, se han visto desatendidas y marginadas. La cura no puede ser más grave que la enfermedad y, en medio de un proceso tan importante, no podemos darnos el lujo de diagnosticar erróneamente al enfermo.

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