¿Mercado de bonos de carbono en los páramos de Colombia? Entre las realidades de estos territorios

Por: Jhenniffer Almonacid Velosa

(Geógrafa y Magíster en geografía)

La alta montaña, explica el geógrafo Antonio Flórez, investigador asiduo de estos ecosistemas, es uno de los espacios que más se ha visto afectado por el cambio climático por cuenta del incremento de la temperatura; esto se traduce en la disminución de la extensión de los glaciares al punto de su desaparición, el ascenso del páramo y, por consiguiente, el ascenso de la frontera agropecuaria, generando un impacto sobre los suelos y la regulación hídrica. Como resultado de estas transformaciones y del discurso global sobre el cambio climático, los páramos se han convertido en la llave maestra para conceptos tan de moda como la adaptación y la mitigación. Sobre estos territorios se vienen adelantando investigaciones acerca del poder de sus suelos para absorber dióxido de carbono (CO2), es decir, la capacidad de la turbera para servir como sumideros de CO2, lo que a su vez representa una gran oportunidad para la venta de bonos de carbono: una certificación emitida por una empresa que acredita la reducción o neutralización de una tonelada de dióxido de carbono.

Sin embargo, esta oportunidad de mercado -que tiende a ser contradictoria para combatir los efectos de la actividad industrial, urbana, minera y agrícola, ya que es una solución desde el mercado capitalista para las secuelas del capitalismo– en un contexto como el colombiano, necesita evaluar más que la capacidad de los páramos de ser sumideros de CO2, pues en él confluyen presiones sociales, jurídicas, políticas y económicas que lo han configurado y,  por ende,  no se puede pensar en un mercado justo –tal como lo prometen los proyectos para combatir el cambio climático, promover la conservación, y el desarrollo sostenible- puesto que existen desventajas que jamás permitirían un juego equilibrado, además, porque tampoco es entre pares; tal como ha sucedido con el mercado de bonos de carbono en bosques.

Múltiples investigaciones realizadas en páramos y turberas de diferentes regiones del mundo, como las lideradas por el investigador Hans Joosten, concluyen que los suelos de páramo tienen una mayor capacidad de secuestro de CO2 en comparación con la selva del Amazonas, y mucho más que cualquier otro bosque; así, mientras que los primeros (páramos) pueden capturar en promedio 986,6061 de carbono orgánico equivalente por tonelada/hectárea, los segundos (selva del Amazonas) casi a la par tienen la capacidad de capturar  957,0993 de carbono orgánico equivalente por tonelada/hectárea, mientras que los bosques en mucha menor proporción absorben 340,2987 de carbono orgánico equivalente por tonelada/hectárea.

En este contexto, en el 2016 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –Corpoboyacá- publicó una investigación sobre los suelos de los páramos de Boyacá, titulada “Suelos de los páramos de Boyacá. Ecosistemas potenciales para la captura de Carbono”, allí se concluye que los suelos de estos ecosistemas que han sido intervenidos de manera antrópica y las zonas de recuperación, muestran una gran capacidad de captura de carbono. En otras palabras: son sumideros potenciales, y resalta la importancia de establecer programas orientados a mitigar la liberación de CO2 en la alta montaña, es decir, reemplazar actividades agrícolas por prácticas conservacionistas. Esto último podría significar que los bonos de carbono se conviertan en un incentivo perverso debido a que se dañarían áreas conservadas del páramo para que en un futuro capturen mayor carbono.

A pesar de que en 2017 se empezó a hablar de la oportunidad de introducir a los páramos en el mercado de bonos de carbono, no se ha vuelto a hablar al respecto. No obstante, desde el 2021 el programa USAID Colombia viene adelantando el proyecto “Modelos innovadores de conservación en páramos y bosques” en los que a través de la iniciativa REDD+ se adelanta el monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero que genera el país en tres complejos de páramos de Colombia: Chili-Barragán (Tolima y Quindío), Las Hermosas (Valle del Cauca), y Guanacas–Puracé-Coconucos (Cauca y Huila). A la par, en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se afianzaron los mercados de bonos de carbono para Colombia, un negocio en el que las ganancias oscilan en 700 mil millones de pesos.

En los páramos de Colombia existe una realidad paralela caracterizada por la violencia; las acciones institucionales en el contexto de la ecogubernamentalidad climática global, siguiendo a Astrid Ulloa; la inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y las diversas formas de tenencia de la tierra entre lo colectivo y lo individual. Ya nos narraba Alfredo Molano en su crónica El jardín de su libro Desterrados la maldición del cultivo de amapola en el páramo de Las Hermosas, y por supuesto, como la alta montaña es un territorio estratégico pues es la conexión entre las tierras bajas (los valles y las llanuras), aquellos espacios visiblemente marcados por el conflicto armado y que siguen siendo zonas militarizadas. A su vez, “las políticas, discursos, conocimientos, y prácticas ambientales, reconfiguran las territorialidades de la intervención, la adaptación, la mitigación y el uso de los recursos”, según nos comenta Diana Ojeda en su artículo “Descarbonización y despojo: desigualdades socioambientales y las geografías del cambio climático”, que es en últimas lo que sucede con la delimitación de los páramos, generando un conflicto social exacerbado entre todos los actores que construyen, toman decisiones y configuran este territorio. Y para terminar de describir este panorama, está la situación de la propiedad de la tierra en los páramos, que se encuentra en una mezcla entre poseedores, propietarios, arrendatarios, además de disputas entre campesinos y territorios colectivos.

Finalmente, debe señalarse que los proyectos de bonos de carbono necesitan grandes extensiones para su viabilidad, es por este motivo que es posible que se dé un acaparamiento de tierras; asimismo, sin necesidad de que una entidad o una empresa interesada en ofertar los bonos de carbono del páramo se convierta en el dueño del predio, se puede dar el despojo de tierras porque se limita la posibilidad de uso por parte de sus ocupantes, en otras palabras, los habitantes de esas tierras no podrán ejercer otro tipo de actividades diferente a la conservación, debido a que los contratos de bonos de carbono los compromete a no hacer uso de ese espacio por un tiempo determinado que pueden ser entre 5 y 10 años, y posiblemente, sin tener claridad del monto real sobre el cual se está haciendo el negocio, el porcentaje de ganancias para estos habitantes, y el tiempo por el que “arriendan” sus tierras.

Y, aunque sea una ironía, tal vez estos proyectos de conservación sean la solución social y económica para las comunidades de los páramos colombianos, pero siempre y cuando el mercado mejore su reglamentación –Colombia escasamente cuenta con el Decreto 926 de 2017 y la Resolución 1447 de 2018 del Minambiente– y exista una línea base de identificación del estado de conservación de la cobertura de páramo que contribuya a frenar las intervenciones sobre áreas conservadas. Mientras tanto, será una pelea de tigre con burro amarrado, y de esto nos dan ejemplo los proyectos de bonos de carbono de la selva de Matavén en el Vichada, y la selva de Taraira en el Vaupés, donde las negociaciones de estos mercados están generando graves conflictos sociales entre las comunidades indígenas por cuenta de irregularidades en los contratos entre agencias certificadoras de bonos de carbono y la población.