Más allá de lo armado: las realidades denunciadas

Por: María Paula Mellizo Camacho*

Me parece que fue ayer que leía sobre un testimonio de un campesino que decía, frente a los acuerdos de paz firmados en la Habana en el año 2016, que la paz para ellos no era la salida de grupos armados de sus territorios y que por supuesto, si bien el acuerdo no iba a erradicar la violencia allí, era una ventana para mostrar las desigualdades y la desprotección de los derechos humanos en la ruralidad colombiana.

Eso resuena sobre todo en la actualidad, en donde el conflicto y control armado asedia con fuerza a los departamentos del país. En el año se han presentado más de 73 masacres con 234 víctimas según lo registra Indepaz a corte de 20 de octubre, además, la ONU señala que alrededor de 355 firmantes de paz a enero del 2023 han sido asesinados. Esto refleja la persistencia del conflicto, que tiene como actores nuevos grupos armados, disidencias, pero sobre todo, un arraigo al poder y control territorial que se hace visible en los campos colombianos y que al día de hoy complejizan la implementación de políticas y acciones planteadas por el gobierno de turno.

Como es de esperarse, las víctimas han sido personas del común, según estadísticas del Comité Internacional de la Cruz Roja, la población civil tiene la cifra más alta como víctimas de desaparición, desplazamiento y afectación por artefactos explosivos, allí se evidencian grandes pérdidas humanas de menores de edad. Ante este panorama surgen diferentes interrogantes sobre las causas, el poder, la operatividad del gobierno, los intereses que hay en juego y, si bien no tienen una única respuesta, merecen las siguientes reflexiones.

Retomando a algunos periodistas que hablan en sus columnas de opinión de nuevos ciclos de violencia, se reconoce que estamos atravesando como país esas olas de violencia a manos de bandas de crimen desorganizado, como menciona Marta Ruiz al referirse al sicariato y pistoleros que han sido usados por grupos armados organizados para operar en el asesinato de diferentes líderes, lideresas sociales, defensores de DDHH, y donde se ha explicado que sus muertes se debían a un intento de robo e incluso se ha llegado a afirmar que fue arreglo de cuentas hacía las víctimas. Este reconocimiento de la violencia arraigada a las cotidianidades de asesinatos y muertes desvalidas es uno de los elementos que reflejan la necesidad de cambios estructurales en nuestra sociedad.

Adicionalmente, reconocer que el conflicto no es asunto únicamente de grupos armados abre la perspectiva para que de una vez por todas se intente abandonar la mirada fijada en la punta de iceberg y sumergirse para entender la complicidad de las políticas y gobernantes que han perpetuado el conflicto, las economías de la guerra y la desigualdad que lucran a unas pocas manos y desencadenan daños profundos en el campo, afectando identidades, autonomías, saberes y relaciones.

En repetidas ocasiones la atención a los territorios que cuentan con presencia de diferentes grupos armados, quienes viven en la zozobra de enfrentamientos, vacunas, restricciones y control; ha sido la militarización, pero las comunidades han dado a conocer que esta no es la solución, ya que ha generado estigmatización y propagación de disputas territoriales entre el ejército y lo grupos ilegales, cuestión que debe ser atendida en las estrategias que el gobierno determine para contener las estructuras violentas del paramilitarismo, las guerrillas y disidencias en acuerdo con las construcciones de seguridad que han pensado organizaciones sociales y colectivos en dicho contexto.

Otra cuestión, que siempre ha sido esencial, es el uso y tenencia de la tierra. Diversos analistas y académicos han alimentado el origen de los conflictos sociales y armados, posicionando cómo la tierra en pocas manos y destinada a procesos agroindustriales contaminantes y que deterioran el ambiente, son motivo de violencia social y reproducción de injusticias en los territorios, sobre todo en la ruralidad. Tenencia que está viciada por grupos armados y con ellos los usos para mega proyectos y entradas transnacionales que han sido causantes de desplazamientos forzados, despojos, masacres y persecución a cualquier expresión política y de resistencia. Sobre este punto es importante mencionar que el gobierno actual ha hecho de su administración una bandera el asunto de la Reforma Agraria Integral, y sobre el cual se han alcanzado, según la ANT, al 17 de octubre del presente año, 1.365.115 hectáreas formalizadas, las cuales corresponden a actos administrativos, registro ante la ORIP y títulos de propiedad entregados.

Aparece otro aspecto que también ha sido causante de las conflictividades, el manejo de los recursos que tienen administraciones locales y regionales viciado de corrupción, se hacen negocios y contratos con sobrecostos e incumplimientos en su ejecución; esto mantiene la pobreza, afectación sociales y económicas de las comunidades, las vías, proyectos de energía, acueductos, infraestructura, y otras garantías que son mínimas para el verdadero desarrollo de los territorios.

Por último, me parece importante puntualizar en un tema que vale la pena decir que también ha sido sobrevalorado, en cuanto se relegó al dominio de los grupos armados (como un refuerzo de la eliminación del otro), pero que tiene otras aristas por analizar y develar: el narcotráfico. Los cultivos de uso ilícito desencadenan otras problemáticas y restricciones en los territorios donde son los campesinos y campesinas los señalados en este negocio, desviando las discusiones y decisiones de los intereses que están por encima y de quienes depende el direccionamiento del negocio con el involucramiento de figuras públicas y familias protegidas políticamente.

Esto para volver a la idea del inicio de que las comunidades rurales han intentado posicionar la urgencia del cumplimiento de los acuerdos, las garantías de pensar procesos de diálogo con otros actores armados, pero sobre todo, dimensionar que el conflicto armado es una deuda con las garantías más cotidianas que por mucho tiempo se han negado para los territorios más golpeados por el conflicto armado y social. De esta manera, se deben establecer otras participaciones y lecturas para plantear e hilar el rumbo desde lugares más horizontales y donde las voces que resuenen sean las del campesinado.

* Integrante del semillero Propiedad Rural – PUJ