Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Los indígenas Wiwa del Perijá y su búsqueda de un lugar para Campo Alegre

Por: Nicolás Vargas Fagua

Al pueblo Wiwa, que luego conformaría el Resguardo de Campo Alegre, el conflicto armado lo ha perjudicado históricamente tanto como a otros pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tras la bonanza marimbera que produjo una arremetida violenta de diversos actores en la década de los 80 «muchas familias salieron a caminar, a buscar tierra» como lo dice Julio Nieves, el gobernador de Campo Alegre. Lo preocupante es que las dinámicas de éxodo y reasentamiento no dejan de repetirse para esta comunidad, pues no solo tuvieron que salir de la Sierra Nevada, sino que ahora, tras ser reubicados en la Serranía del Perijá, se encuentra en vilo su permanencia.

Debido a diferentes oleadas de desplazamiento, algunos integrantes del pueblo Wiwa llegaron a municipios en el Cesar y La Guajira (que hacen parte de la Serranía del Perijá). Inicialmente llegaron en 1985 al municipio de Becerril en el Cesar, donde trabajaron para comprar tierras y recuperar su tejido comunitario, lo que luego llevó a la constitución del Resguardo Indígena Wiwa Campo Alegre por parte del antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). En ese momento se enfrentaron a nuevos problemas para establecerse en el territorio, pues el INCORA les tituló tierras dentro del territorio del pueblo Yukpa, que históricamente ha habitado la Serranía del Perijá.

La comunidad Yukpa inicialmente no tuvo problema en aceptar a unas cuantas familias Wiwa en su territorio, sin embargo, en el 2015 solicitó la reubicación de esta comunidad luego de que su población aumentara considerablemente, entre otras cosas, por los incesantes ciclos de violencia en la Sierra Nevada que continuaron expulsando familias Wiwa y que alimentaron sus números en otras zonas. Lo anterior se volvió insostenible para los Yukpa, quienes también fueron y siguen siendo víctimas de la violencia en la región, con sus propias demandas territoriales. Fue entonces que las necesidades enfrentadas por estos grupos étnicos llevaron a negociaciones que resultaron en que los Wiwa de Campo Alegre tuvieran que reubicarse nuevamente pese a llevar tres décadas habitando y creando relaciones en torno a este territorio.

En este punto el Instituto Colombiano de Desarrollo Integral (INCODER), que reemplazó al INCORA, fue el que se encargó de la reubicación, y para ello se comprometió a adquirir predios para el Resguardo Wiwa de Campo Alegre en el municipio de El Molino en La Guajira. Infortunadamente los problemas de esta comunidad no acabaron allí, pues a pesar de los acuerdos alcanzados con el INCODER en 2015 y del acompañamiento del Ministerio del Interior, de las 1141 hectáreas que les fueron prometidas solo 303 se han entregado a la fecha sin la misma infraestructura con la que contaba el anterior territorio, y solo 47 familias se encuentran en El Molino mientras que 72 aún viven en Becerril en condiciones precarias. Aunado a esto, destaca el hecho de que, según Julio Nieves, desde hace un par de años no se organizan mesas interinstitucionales de diálogo para continuar con el proceso. Es decir, a la vista no parece haber alternativas para culminar la titulación, considerando que no se ha entregado ni siquiera un 30% de las tierras prometidas.

A esto se suman nuevos obstáculos relacionados con otros grupos étnicos, pues el pueblo Cariachil también reclama tierras en El Molino. El asunto es que este pueblo fue justamente reconocido como comunidad étnica unos años después de la llegada de los Wiwa, a través de la Resolución 061 del 15 de junio de 2019 emitida por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior.

En conclusión, este caso ilustra la negligencia de algunas instituciones en lo que respecta a la territorialidad indígena. Es menester recalcar que los diferentes pueblos indígenas involucrados no actúan con el ánimo de despojar a otras comunidades, sino de reclamar territorios ancestrales, pero las acciones de las instituciones estatales no han sabido interpretarlos. A pesar de las acciones que ha desarrollado la institucionalidad, lo que es evidente es su incapacidad para interpretar las necesidades territoriales básicas atadas a la supervivencia cultural y física de algunos pueblos, o, en su defecto, de entender la fluidez de la territorialidad indígena, por un lado, y, por otro, de conocer quiénes son los habitantes de la Serranía del Perijá y cuáles son sus reclamos asociados a la tierra.

La desconexión entre instituciones y grupos étnicos ha redundado en el menoscabo de los últimos. En el caso de Campo Alegre, la vulnerabilidad en la que se encuentran ha impactado todos los aspectos de su vida, por ejemplo, sus procesos educativos. Aunque tienen planes pedagógicos en curso, la distancia geográfica entre las familias en Becerril y El Molino hace imposible a su planta profesoral poder alcanzar ambos núcleos poblacionales a la vez. Dicho de otro modo, los efectos del desplazamiento y de la continua reubicación trascienden la relación con un territorio y determinan incluso los procesos formativos gestionados desde los grupos étnicos. Esto mina los esfuerzos por proteger del exterminio a los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado, como está consignado en el Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional.

La situación de los pueblos indígenas en la Serranía del Perijá, y más específicamente la del pueblo Wiwa, parece confirmar lo que señala Julio Nieves: «seguir siendo indígena Wiwa es la más sabia oportunidad que podemos tener para seguir enfrentando el tema territorial y poder seguir permaneciendo como etnia indígena». Al final esto es lo único de lo cual la violencia o la negligencia no los ha podido despojar y a partir de lo cual intentan asentarse en un territorio que les permita rehacer su tejido sociocultural que tan golpeado se ha visto por el desplazamiento y la violencia.

 

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