Los desafíos a la Paz Total

 Por: Valeria Parra González

Es definitivo que este gobierno le está apostando a un cambio sustancial en la consolidación de la Paz. No solo se busca llegar a formas negociadas de paz con varias organizaciones armadas de forma simultánea que antaño no habían sido invitados a la mesa. La cuestión de fondo, y que ha sido objeto de mucho debate, es precisamente esa: ¿por qué se plantea negociar con grupo de narcotraficantes ahora?

La respuesta profunda a esta pregunta debe buscarse entendiendo el carácter político que han venido consolidando estas mismas organizaciones: entidades paraestatales que han construido una gobernanza criminal en los territorios controlados y dirigidos con rentas y economías ilegales que de una u otra forma se terminan vinculando con la economía legal. En ese sentido se debe encontrar una forma dialogada y política de terminar con estas mismas organizaciones armadas y si es posible integrar a sus miembros a la sociedad bajo un proceso de sometimiento atípico a la justicia.

Más que nada se ha visto que “descabezar” cada cierto tiempo a estas organizaciones al realizar macro operaciones militares para capturar a los líderes de las estructuras no ha dado como resultado otra cosa sino una nueva imposición de otro cabecilla al mando de la organización. Como consecuencia se da la continuidad de la cooptación de la sociedad civil donde operan estas organizaciones y de paso, también de las rentas legales e ilegales que puedan obtener de los territorios donde operan.

La propuesta del nuevo gobierno está precisamente en ejecutar algo diferente para un cambio; aunque en el fondo no sea una idea tan original. El diálogo directo con organizaciones armadas e ilegales dedicadas al narcotráfico ha sido una constante en el país: en 2004 cuando se desarrolló el proceso de Justicia y Paz las AUC eran consideradas grupos narco-paramilitares; en 2016 con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC –aunque con mayor tinte político– y también con el Clan del Golfo cuando en ese mismo año Santos presentó un proyecto de sometimiento a la justicia cuando este grupo contaba con cuatro mil integrantes y no con nueve mil como actualmente tiene.

Pero qué ha implicado está decisión de echar a andar la “Paz Total” en la vida cotidiana de las regiones más afectadas por estos grupos. Como bien lo confirma el análisis que juiciosamente ha venido realizando Indepaz, la violencia ha disminuido en amplias zonas del país; sin embargo, el comportamiento es más bien desigual entre las regiones. En efecto, algunas zonas como el Magdalena, el Valle de Aburrá y Norte de Santander las intimidaciones a la población son reducidas. Pero, por otra parte, hay hechos de violencia que continúan y en regiones como el Putumayo, Nariño, Cauca, el sur de Bolívar y Arauca se están degradando como el asesinato selectivo, las retenciones de civiles y los enfrentamientos entre las estructuras ilegales. Para Indepaz, solamente en el mes de enero se contaron 29 hechos que violaron el cese bilateral de hostilidades.

Esto es grave porque a pesar de que hay cierta disminución de hechos violentos entre los grupos organizados al margen de la ley como voluntad de paz con el Estado; se están presentando serios enfrentamientos entre las mismas organizaciones por la disputa territorial en el marco de la Paz Total. Es evidente de que se trata de una situación bien compleja la que se tiene luego de los decretos de cese al fuego. Más aún porque mucha de “la mano de obra ilegal” está trabajando, si se quiere, de forma tercerizada en lo que se conoce como sicariato y en ese sentido no es posible establecer cerca del 60% de los casos de violencia que se presentan en los territorios: 16 casos de violencia no han sido atribuibles a ningún grupo y están a la espera de su verificación.

Los desafíos para el Gobierno que encabeza la iniciativa de paz total son múltiples. Convencer a la ciudadanía en general que estas organizaciones armadas, a pesar de tener estructuras mafiosas ligadas a las rentas ilegales, también tienen un tinte político en tanto que representan una gobernanza criminal en los territorios que controla. Persuadir a las organizaciones armadas de hacer parte del acuerdo de Paz Total como opción para reintegrarse a la población civil mientras les demuestra que no pueden continuar cooptando a las poblaciones con violencia y recuperar poco a poco, pero con firmeza, los espacios que estos vayan dejando.