Lo que el “NO” quisiera cambiar del Acuerdo sobre Reforma Rural Integral.

Cristian López*

Investigador IEPRI

“Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra.
Cuando aparecen al final, solo llegan para impedir la paz.”
W. Ospina – Al Final-

Los líderes representativos del “No” han dado una imagen de improvisación tras su victoria el pasado 02 de Octubre, algunas de las propuestas que han hecho públicas ya están contempladas en los Acuerdos originales, otras pretenden regresar la Mesa de Conversaciones al inicio, y otras, nos llaman la atención porque ratifican que lo acordado en La Habana pisa importantes callos. En esta columna se revisan algunas de las propuestas que se pondrán sobre la mesa para intentar “renegociar” el acuerdo sobre Reforma Rural Integral:

1)        Dice el Centro Democrático que los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos y que se les debe garantizar la presunción de “ausencia de culpa”. El Acuerdo logrado no busca afectar a propietarios honestos; es explícito al señalar que el Fondo de Tierras se dotará con fundos provenientes de baldíos de la Nación, tierras objeto de extinción de dominio y aquellas que no cumplan la función social de la propiedad^[2]. El verdadero temor no es que les vayan a quitar tierras a los “propietarios honestos”, sino que en el desarrollo de la Justicia Transicional, tanto los Tribunales para la Paz como la Comisión de la Verdad, construyan un relato que ratifique una verdad de perogrullo: en Colombia se han amasado fortunas y concentrado grandes extensiones de tierra a través de redes en que coincidieron terratenientes, agencias del Estado, paramilitares,  y políticos locales y regionales.^[3] Algunos no sólo le temen al menoscabo de la propiedad, le temen -entre otras y sobre todo- a las verdades políticas de la guerra.

2)       El “NO” de los Conservadores, en cabeza de Martha Lucía Ramírez, presentó 7 objeciones al Acuerdo sobre Reforma Rural Integral.En algunas de ellas solicitan abiertamente que los medianos y grandes propietarios también puedan beneficiarse de las tierras que actualmente están contempladas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; adicionalmente solicitan que el Estado destine una parte de esas tierras para “arrendarlas” a los “campesinos” y que no simplemente sean entregadas, tituladas y/o adjudicadas; también solicitan que los Planes de Desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina no sean vinculantes para los diferentes entes territoriales. Estos “micos” pretenden que los grandes terratenientes y empresas se beneficien de los subsidios, créditos y asistencia técnica que deberían ser entregadas a las víctimas de despojo y campesinos pobres, reproduciendo las actuales condiciones de pobreza y desigualdad que vive el campo colombiano.

El delicado diseño del acuerdo elaborado en la Habana no soportaría reeditar el Pacto de Chicoral a través de sus líneas. Sin ningún rubor o edulcorante, las propuestas simbolizan el intento de incluir en los acuerdos de la Habana una especie de MINI LEY ZIDRES que cambie el destino de los millones de hectáreas contempladas para campesinos sin tierra.  Aceptar estos elementos sería permitir un golpe de mano a lo acordado, retrocediendo en los objetivos y metas trazados por el punto de Reforma Rural Integral.

El Acuerdo en mención justamente crea múltiples compromisos por parte del estado para implementar un proceso modernizador en la ruralidad, pretendiendo saldar la brecha entre el campo y la ciudad, reparar a las víctimas, dar tierra al campesino e iniciar la implementación de ambiciosos planes de crédito, infraestructura, salud, educación, y asistencia técnica^[5]. Asuntos que, como podemos ver, quedaron comprometidos con la pírrica victoria del NO.

No queda otro camino que escuchar las observaciones generales que se hagan a lo acordado, sin detener la marcha hacia la implementación de los acuerdos que ya están firmados. No podemos darnos un plazo mayor a 1 mes, ésta es la garantía para empezar cuanto antes con la implementación de las políticas contempladas en la Reforma Rural Integral que sacarán al campo colombiano del atolladero en que ha estado inmerso desde hace décadas. Si se reabren las discusiones que no sea para volver al Pacto de Chicoral en 1973 sino precisamente para salir de él. En últimas, que no se converse para modificar lo ya firmado sino para ampliarlo y fortalecerlo.