Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

“Llegamos a la fuerza a erradicar, nos ganamos un campesino de enemigo porque él sí lo va a ver como enemigo, no va a decir que fue el Estado, va a decir que fue el Ejército”

Por: Alejandra Ortiz-Ayala

Según los registros de la Policía Antinarcóticos en el periodo de 2009-2018, 664 personas, entre civiles y miembros de la Fuerza pública, han resultado heridas en labores de erradicación manual y otras 126 han muerto. En lo que va del 2020 el Observatorio de Tierras ha registrado 51 incidentes violentos entre la Fuerza Pública y comunidades campesinas en medio de operaciones de erradicación manual. Estas operaciones han ocurrido en su mayoría en comunidades que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS. Las mismas comunidades han recurrido a la acción de tutela para pedirle cuentas al gobierno sobre los compromisos previamente adquiridos. Hasta el momento dos acciones de tutela de este tipo han sido falladas a favor de las comunidades  y se le ha ordenado al Ejército Nacional la suspensión inmediata de los operativos de erradicación.

Desde que mi relación con Ejército inició en el 2014, me he dedicado a escuchar las voces de los militares. Gran parte de mi estancia de investigación doctoral de febrero a junio de 2019 transcurrió al interior de las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra. En mi curiosidad por estudiar sus mentalidades, y particularmente el impacto del conflicto armado en la forma cómo los militares definen enemigos y amenazas, surgió el tema de la lucha contra las drogas.

La frustración fue un sentimiento generalizado en estas entrevistas, sobre todo entre suboficiales y soldados profesionales. En su mayoría los soldados reconocieron que la erradicación forzada no resuelve los problemas que hacen posible la existencia de los cultivos ilícitos en el país. Asimismo, algunos señalaron sentirse entre “la espada y la pared” cada vez que son enviados a ejecutar estas operaciones. Saben que deben cumplir órdenes y mostrar resultados (hectáreas de coca erradicadas), pero son conscientes de que no pueden llevarlo a cabo sin encarar a las comunidades. En palabras de uno de los soldados que entrevisté: “llegamos a la fuerza a erradicar, nos ganamos un campesino de enemigo porque él sí lo va a ver como enemigo, no va a decir que fue el Estado, va a decir que fue el Ejército”. Y sigue:

“En cualquier momento. en la mínima oportunidad en que pueda utilizar un grupo al margen de la ley para tomar venganza. lo va a hacer, lo va a hacer, entonces comenzamos con ese ciclo de conflicto que no se va terminar y no se va a terminar y no se va a terminar”.

La erradicación forzada no solo pone en peligro la vida de civiles y militares, también genera escenarios de resentimiento y profundización de emociones negativas hacia la institucionalidad en lugares históricamente abandonados por el Estado. Algunos militares reconocen que la legitimidad no se gana a la fuerza y que la Fuerza Pública es la única que está poniendo el cuerpo y asumiendo una responsabilidad de presencia de Estado que es insuficiente. Así como me lo dijo un sub-oficial

“Yo lo único que le diría al gobierno es que, si él sí se compromete con el pueblo, con estas personas, con esta población que cultiva estos productos ilícitos, es que les cumpla ¿sí? les cumpla. Osea, no los abandone porque también son colombianos ¿no? y pues la gran mayoría venimos del campo y vemos […] que ese el narcotráfico, la coca muchas veces es el sustento diario ¿sí? para mantener sus hijos. A uno como colombiano también le duele, pero de todas maneras uno está cumpliendo una orden. Entonces yo le diría al gobierno colombiano que les cumpla, si les dice, bueno, nosotros vamos a sustituir la coca por cualquier otro producto, les llegue […], y no sea por un mes o por dos meses, sino que sea continuo y de esta forma poder a erradicar ese cultivo”.

Que los ciudadanos acaben percibiendo como enemigos a los miembros de los cuerpos de seguridad y que los soldados estén tentados a equiparar a la ciudadanía como adversarios en combate es el resultado del cinismo y desidia de las autoridades civiles. Es su incesante insistencia en reducir el tema de los cultivos ilícitos a un tema de seguridad, criminalizando a los campesinos y fomentando una lógica enemigo interno que nos condena a todos a un nuevo ciclo de violencia. Peor aún, pareciera que la política que trata la muerte de militares y campesinos como daños colaterales deja claro que no todos somos colombianos igualmente merecedores de la protección y servicios del Estado.

 

 

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