Las palabras y acciones que giran en torno a la reforma agraria

Por: Oriana Shaday Giraldo Marroquin

Foto: © Simone Bruno

En Colombia, históricamente, la exigencia de los movimientos y comunidades campesinas ha girado en torno al acceso a la tierra, no solo como cimiento económico, sino como parte de la identidad y la cultura. Por lo tanto, las acciones y manifestaciones del campesinado se han basado tanto en vías de hecho, con las tomas de tierra colectivas, como en instancias legales¹.

Recientemente, la reivindicación por la tierra se formalizó en los Acuerdos de Paz de 2016 firmados en La Habana con la guerrilla de las FARC, donde se acordó la distribución de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles entre las y los campesinos. A pesar de haber adquirido 225.411 hectáreas para el 2023, las y los campesinos han expresado la necesidad de un avance más significativo en los territorios.

Las acciones más recientes debido a la inconformidad y necesidad de agilidad en la ejecución del plan de reforma agraria incluyen la toma pacífica de las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá por campesinos de 27 departamentos. Estos están organizados bajo la Agenda Nacional Campesina, respaldada por entidades como la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc).

Además, la movilización del 20 de julio evidencia la exigencia de celeridad y cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro. Tras un diálogo entre la ANT, el Ministerio de Agricultura y las comunidades, se lograron acuerdos concretos para avanzar de manera más efectiva en la implementación de la reforma agraria. Es indispensable resaltar la voluntad de diálogo, característica fundamental de este Gobierno, que ha permitido fortalecer planes y acciones de la mano de las comunidades rurales, sobre lo que muchas investigaciones llaman el origen del conflicto en el país.

Finalmente, es crucial destacar la importancia de las prácticas organizativas de las comunidades, así como la necesidad de ejercicios de manifestación para expresar y presionar frente a demandas históricas como el acceso a la tierra y la garantía de hábitat en contextos de desplazamiento forzado y de seguridad alimentaria. Estos aspectos complementan la noción de que, si bien ha habido avances históricos en la reforma agraria, se requieren políticas estructurales que promuevan la justicia restaurativa, combatan la desigualdad social y aborden el conflicto en el país.