Por: Alejandra Muñoz Contreras
La amplitud, complejidad y persistencia de la violencia en Colombia ha dificultado su entendimiento y superación. Por ello, uno de los objetivos de los acuerdos de paz fue la creación de una comisión dentro del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, para esclarecer las causas y patrones del conflicto, lo que condujo a la creación de la Comisión de la Verdad, un ente con rango y funciones constitucionales, como la de contribuir la paz de todas las personas sin excepción.
Conocer las motivaciones, acciones y la identificación de los responsables del conflicto, nos saca del círculo vicioso de la generalización o la negación de una realidad que ha dejado miles de víctimas, de huérfanos, hijos desaparecidos y familias sin hogar. Si bien la palabra víctima no es para muchas personas algo que genere dolor o que aparezca en la mente con la imagen de un familiar, un hijo o padre que no se volvió a ver, para miles de colombianos es una palabra que genera angustia, que tiene nombre y apellido.
El punto 5 de los acuerdos de Paz: Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, fue el que permitió la creación de la Comisión de la Verdad, encargada de explicar a las víctimas y a la sociedad la complejidad del conflicto, para que, de ese modo, se pueda hacer justicia con el reconocimiento y la reparación de los derechos vulnerados. ¿Pero de qué manera los testimonios de las víctimas y los diferentes actores en el conflicto van a impulsar la superación de un conflicto que ha durado décadas y que aún está vigente?
Pues bien, dentro de los mandatos de la Comisión, se busca identificar los hechos específicos y patrones de violencia, la responsabilidad de los actores estatales, paraestatales, y guerrilleros, los impactos en las víctimas y la sociedad, las motivaciones y motivadores de los actos violentos como el despojo de tierras, el narcotráfico, entre otros. A continuación encontrará algunos de los hallazgos más impactantes y antes desconocidos sobre la guerra, que se encuentran en el capítulo de Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
El primer encuentro con la verdad es estremecedor, y es que a lo largo de la historia colombiana se ha creído que, si bien ha habido víctimas civiles, la mayoría se encuentran dentro de los mismos grupos armados. Sin embargo, la realidad es que entre el total de muertos y desaparecidos, el 90% son civiles, es decir, que a lo largo del conflicto armado en Colombia (1985-2018), el 90% de personas asesinadas y desaparecidas no han sido combatientes de ningún grupo, sino personas ajenas a la guerra.
El segundo encuentro con la verdad funciona como interruptor si se relaciona con el dato anterior, pues nos da una luz clara para entender algo fundamental: ¿quienes son los responsables de asesinato y desaparición de tantos civiles? A través de los testimonios de la JEP y el trabajo de la Comisión, se encontró que los grupos paramilitares fueron los que más homicidios cometieron, seguidos por la guerrilla de las Farc, y agentes del Estado, como se nos muestra en el gráfico siguiente:
Fuente: JEP-CEP-HRDAG, “Proyecto conjunto de integración de datos y estimaciones estadísticas”, corte del 26 de junio de 2022.
El informe es muy extenso, explica de manera amplia y detallada la configuración y diferenciación de los ataques, como homicidios selectivos, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, extorsiones, entre otros. Sin embargo, es posible reducir el enfoque para comprender el fenómeno más extendido en el conflicto: el paramilitarismo. Es necesario aclarar que las cifras sobre este fenómeno están integradas por bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, una institución pública adscrita a Prosperidad Social, por lo tanto, la información de la Comisión no es ilegítima ni falsa como lo ha asegurado Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y representante de la extrema derecha en el país, y quien ha buscado negar la veracidad del Informe Final de la Comisión de la Verdad por las contundentes conclusiones que revelan las relaciones entre el Estado y los grupos paramilitares.
Una de las conclusiones más importantes para entender el conflicto colombiano es que la crisis humanitaria que enfrenta el país tiene como responsables centrales a los grupos paramilitares. Según la Base de datos del Centro de Memoria, el 98,5% de sus víctimas entre 1986 y 2018 fueron civiles, lo que desmonta el mito de que estos grupos únicamente se han dedicado a enfrentar a la guerrilla, pues más bien la estrategia ha sido la del terror, pero el terror para qué, o para quién.
El jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez declaró que funcionarios de la fuerza pública daban cursos de instrucción a los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia, además de asumir altos cargos en los diferentes bloques. Las acciones violentas que han venido realizando los paramilitares tienen una explicación mucho más profunda que la antisubversión. En entrevista con la Comisión, un exintegrante del Bloque Centauros de las AUC afirmó que:
“El paramilitarismo no nació del narcotráfico, nació de la clase empresarial en Colombia (…) Usted no puede desplegar ninguna de estas actividades si no tiene conocidos tanto en las Fuerzas Militares como en la política. O sea, eso que la gente cree que las autodefensas eran ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ y Vicente Castaño, eso es la mentira más grande. Esa era la punta del iceberg, debajo de esa gente hay un sector empresarial muy fuerte, como por ejemplo las bananeras, que sin excepción fueron las grandes colaboradoras del paramilitarismo en la costa”
Lo anterior, ha llevado a la conclusión de que una de las mayores motivaciones para el fortalecimiento del fenómeno paramilitar fue la protección de la propiedad privada. Sin embargo, no basta con considerar como simple protección al entramado de acciones que ejecutaron contra un 98% de civiles. Las masacres, desapariciones y amenazas, más allá de proteger, contribuyen de manera fundamental a la acumulación de riqueza de los grandes propietarios de tierra en Colombia, relacionados en su mayoría “con el sector ganadero, agroindustrial (banano y palma) y extractivo (carbón y petróleo)”. Para La Comisión de la Verdad, los intereses superpuestos y los ataques a civiles se convirtieron en una guerra de exterminio. Según la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, “el fin último era eliminar las ideas, las enseñanzas, las relaciones y frustrar la acción colectiva de las comunidades y las distintas formas de asociación,” poner fin a la reivindicación de derechos de las comunidades ha permitido el desarrollo de su expansión.