La tierra y el agua, lucha genuina de las mujeres

Por: María Paula Mellizo Camacho

Para el gobierno actual parece que el punto 1 de los Acuerdos de Paz, “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, ha estado priorizado y se ha visto reflejado en acompañamientos y diálogos en diferentes regiones de las cuales se conoce cómo han sido territorios de inequitativa y viciada distribución de la propiedad de la tierra, falta de garantías para vivir en el campo y deudas históricas situadas allí. Sin embargo, sigue siendo importante preguntarse por el lugar que ocupan las mujeres en estos contextos quienes han sido botín de guerra y han sufrido múltiples violencias.

Mi primera reflexión frente a esta cuestión que ha estado en punta, es conocer cuál es la participación de las mujeres en este punto tan crucial, su lugar en la toma de decisiones y sobre todo el conocimiento de cómo se está dando la implementación de este acuerdo; lo que implica saber de primera mano qué está pasando con los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), el uso del suelo, las propuestas de economía y desarrollo social, y otros pilares del acuerdo que precisan un enfoque de género.

El gobierno actual afirmó que buscará que la mujer sea propietaria de la tierra: “Si la mujer es la propietaria de la tierra sabrá la sociedad colombiana que esa es la fuerza social más capaz de cuidar la vida”. Además, se dispusieron 3 billones de pesos para la compra de tierras que, según Presidencia, debe tener garantías como créditos baratos para fortalecer la producción en el campo. En Montería, en el mes de marzo, se hizo la compra de tierras de las 29 propiedades a entregar, fue comprada al fondo de víctimas y será entregado y adjudicado a las familias campesinas que no tienen tierra.

Esta propuesta es más que pertinente porque se sabe cómo la tierra además de estar en pocas manos ha estado en su mayoría en manos de los hombres. Para el año 2022, según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), en Colombia se registró que el 48,1% de la población rural son mujeres, pero cerca del 64% de los dueños de los predios son hombres. Además de tener que enfrentar políticas extractivistas y los daños del conflicto armado y social, las mujeres han sido víctimas del sistema patriarcal que relega su lugar a ser propietarias de la tierra.

Adicionalmente, pensar la redistribución de la tierra en clave de las mujeres rurales implica reflexionar que ellas son dueñas únicamente de microfundios, su representatividad está en predios pequeños de menos de 3 hectáreas, mientras que predios medianos y grandes se han concentrado en manos de los hombres. Sumado a esto, existen claras desigualdades en el acceso a asistencia técnica, programas de formación y capacitación agraria, crédito y otros mecanismos de fortalecimiento agropecuario y productivo. Las mujeres no son priorizadas cuando se piensa el campo, ellas siguen ocupándose de los trabajos del cuidado y actividades productivas que son una carga doble, lo que reduce las oportunidades de formación por falta de tiempo y accesibilidad.

Con la titulación se debe abrir paso a educación, trabajos dignos, tiempo de ocio y otras garantías que reconozcan los trabajos no pagos que por mucho tiempo se les han asignado a las mujeres, además de la participación política a la hora de tomar decisiones sobre la tierra, el agua y el territorio. Es decir, un reconocimiento de las mujeres campesinas, porque son ellas quienes han acompañado luchas y propuestas de cuidado de la tierra y el agua, las mujeres de la ruralidad han desafiado los poderes privados y armados tejiendo prácticas de resistencia y pacificación en los territorios que se han disputado a pesar de la guerra en el país.

Una de las experiencias que da cuenta de ello en la Serranía de San Lucas con el municipio de Micoahumado, una zona que desde la década de los setenta ha tenido presencia guerrillera, ha enfrentado los embates de las concesiones del Estado a multinacionales y las amenazas del paramilitarismo. La comunidad, pero sobre todo las mujeres, decidieron no abandonar estas tierra. Esto dicen algunos testimonios publicados en El Espectador sobre este pueblo: “doña María, una valiente mujer que sacó una sábana para hacer una bandera y con ella plantarles cara a los paramilitares, doña María rompió el miedo”. Allí reconocen que las que han puesto la cara han sido las mujeres, es por eso que pensar una reforma rural integral donde las mujeres sean la prioridad va en dos vías: hacerle frente a la brecha de desigualdad, y a su vez realzar las voces y acciones que ellas han tenido en los territorios en procesos de construcción de paz, soberanía alimentaria y protección ambiental, defiendo la vida y la tierra.