Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

De la Operación Génesis a las Autodefensas Gaitanistas.

*Por Luisa Fernanda Uribe

La semana pasada aproximadamente 300 familias abandonaron sus territorios en las Pavas, Truandó Medio, Dos Bocas y Clavellino, pertenecientes al municipio de Riosucio en el Bajo Atrato chocoano, debido a los fuertes enfrentamientos entre paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN.

Este es uno de los hechos que se han venido denunciando desde principios de este año por la que podría llamarse una “nueva” oleada paramilitar. Situación preocupante que afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes del departamento y a la que las autoridades locales y el gobierno nacional aún no han prestado suficiente atención (1).

De hecho, según varios líderes de la región que pidieron no ser nombrados en esta columna, desde enero de este año los constantes ataques de las Autodefensas Gaitanistas tienen amenazados a los habitantes de por lo menos 5 municipios, entre ellos Riosucio y Carmen del Darién: “tenemos temor de que la historia se repita”.

Y es que no es la primera vez que algo así pasa. En febrero de 1997 más de tres mil personas fueron desplazadas como consecuencia de acciones coordinadas entre el Ejército y los paramilitares en la cuenca del río Cacarica, municipio de Riosucio, en la llamada Operación Génesis. Hechos por los cuales la Corte Interamericana declaró la responsabilidad del estado colombiano en 2014 (2).

Pero lo que más sorprende es que aún hay una gran cantidad de relaciones entre autoridades locales y el esquema paramilitar que no han sido reconocidas en el país. Según una entrevista realizada al director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, “en el Urabá chocoano algunos líderes políticos, personas en la legalidad, están influenciando y pagándole a gente del Clan del Golfo para que mate líderes sociales” (3).

Ante la ausencia de respuestas estatales y debido a la frecuencia de estos hechos, las comunidades han recurrido a la denuncia y movilización por su cuenta. La semana pasada, por ejemplo, varias personas se tomaron la plaza de mercado de Riosucio manifestando su rechazo a los desplazamientos y al problema, muy poco visibilizado, de las “minas antipersona” en el Bajo Atrato.

Son muchos los cuestionamientos que genera esta crisis en el departamento que, con este panorama, hace que el cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana y los discursos de verdad, justicia, reparación y no repetición pendan de un hilo. ¿Qué garantías tiene la población chocoana en la implementación de los acuerdos de paz?, ¿la tantas veces mencionada paz territorial no debería partir de prestarle atención efectiva a esta situación de desplazamiento y “minas antipersona”?, ¿el capítulo étnico que quedó consignado en La Habana no pasaba por reconocer las particulares condiciones de comunidades étnicas en medio del conflicto y en el postacuerdo?

A esto hay que prestarle atención y es preciso visibilizarlo. Chocó debe dejar de ser un departamento inexistente para garantizar que lo firmado con las FARC y los eventuales acuerdos con el ELN sean acuerdos efectivos y no meros discursos sin ninguna garantía para poblaciones que aún viven la guerra.

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