Por: Andrés Felipe Salazar Ávila

Hace un par de semanas, el periodista Luis Carlos Vélez de La FM tuvo un altercado en su programa matutino con la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica, a raíz de una discusión sobre el borrador de un decreto “por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”. El comunicador insistió en que esta medida era “peligrosa” e hizo que la ministra lo cuestionara y se finalizara la conversación entre ambos.

Posterior a este hecho, Oskar Nupia, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes citó un estudio de Daniel Mejía y María José Uribe (2010) cuestionando un trino del presidente Gustavo Petro y cuyas conclusiones sugerían que no hay evidencia suficiente para probar la sistematicidad de la violencia antisindical en Colombia. Lo anterior desató una discusión sobre dicha investigación y retomó varias críticas que se habían hecho al documento. Estas situaciones distantes tienen un punto común del cual quiero hacer unas reflexiones: la utilidad de la ética de la investigación en discusiones sobre las reformas del actual gobierno.

Un primer punto de discusión son los sesgos. Por distintos motivos, nos inclinamos por una corriente política, preferimos un plato de comida o seleccionamos un libro para leer, lo cual genera desproporciones a la hora de opinar sobre un asunto. En el caso de una investigación académica, estos sesgos pueden afectar las interpretaciones sobre una problemática de estudio. En este sentido, en el primer suceso existe un sesgo inconsciente del periodista contra los campesinos, ya que cuando este asocia la movilización social con “violencia” o “peligro”, deslegitima el carácter político de la organización campesina. En situaciones similares, como en las discusiones sobre reformas agrarias en los años sesenta, se presentaba al sujeto campesino como alguien “atrasado” y que iba en contra del “progreso” del país. De este modo, el sesgo anticampesino permanece en posturas como las del periodista, lo cual es problemático desde el punto de vista ético porque revictimiza a la población campesina, en la medida que al considerarlos “violentos” justifica los sucesos de los cuales estos han sido víctimas.

Con respecto al artículo de Mejía y Uribe (2010) existe un sesgo de medición que lleva a un segundo aspecto que quiero poner en cuestión y es la ética en el análisis de los datos. Andrew Gelman, estadístico estadounidense, entre las reflexiones que hizo en una publicación en 2018, señaló que el análisis estadístico no se debe quedar en demostrar la falseabilidad de la información. En la referencia empleada por Oskar Nupia se plantea una pregunta problemática desde el inicio la cual es si se puede evidenciar, o no, la sistematicidad de la violencia antisindical en Colombia. De entrada, la respuesta se cierra a un “sí” y un “no”. Esto es cuestionable porque si se siguen los pasos recomendados en una investigación, los autores debieron hacer una revisión de literatura y encontrar que la violencia contra sindicalistas en el país es sistemática.

Hay investigaciones hechas por Mauricio Archila, o testimonios recopilados a través del trabajo de organizaciones sociales como la Escuela Nacional Sindical o investigadores como Alfredo Molano, antes de la fecha de la publicación del artículo, que demostraban esta sistematicidad. Por tanto, retomar la pregunta de si este hecho es sistemático o no es problemático porque pone en cuestión -así sea sin querer- las experiencias y los traumas que las víctimas de estos sucesos vivido. Además, se asume que al trabajar con datos y al no tener un “contacto” con los sujetos involucrados, se evitan daños, lo cual es falso. En esta medida, se debe ser explícito con las limitaciones que tienen los datos y replantear otro tipo de preguntas que consideren los dilemas éticos de abordar temas tan complejos como la violencia en nuestro país.

Una tercera consideración ética de la investigación es el dilema entre la generalización y la universalización. La posición de Luis Carlos Vélez frente al campesinado o la respuesta de Oskar Nupia con el artículo que cita parten de un problema de lo que el economista llama la “generalización”. La crítica puntual que hizo en su tuit fue que el presidente “generalizó” que todos los asesinatos contra sindicalistas fueron causados para la obtención de ganancias. En una primera instancia, la perspectiva de Gustavo Petro o la defensa de Jhenifer Mojica a los campesinos se puede “problematizar” porque la obtención de ganancias no es el único factor que ha producido la violencia antisindical y los grupos armados han coaccionado al movimiento campesino en diferentes zonas del país.

Sin embargo, el error está en asemejar los conceptos de generalización con universalización. Es evidente que no todos los empresarios del país han matado sindicalistas ni que tengan un sesgo anticampesino.  El punto es que la generalización se refiere a que un conjunto de cosas comparte una característica en común de manera amplia, no la totalidad de estas; esto último es la universalización. Por eso, ante hechos sistemáticos como la violencia antisindical o el sesgo anticampesino, el señalamiento hacia los responsables de estas situaciones hace alusión a que es una problemática estructural y que no todas las personas que pertenecen a estos sectores sean culpables. Por ello, decir que “fueron algunos o no son todos” relativiza el carácter estructural de estas violencias y les quita responsabilidad a los actores involucrados.

En síntesis, estas reflexiones que nos plantea la ética de la investigación se deben considerar en los debates sobre los proyectos de reformas del actual gobierno. Por ello, es fundamental considerar el enfoque de acción sin daño, pues detrás de unas estadísticas, unos indicadores, un análisis de fuente o unas preguntas de entrevistas hay personas involucradas. Esto no se trata solamente de quien tiene la razón, sino de entender que detrás de posturas, a favor o en contra del actual gobierno, hay experiencias y emociones que no se pueden englobar en unas estadísticas.

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