Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

El catastrófico escenario catastral de Colombia

Daniela Hoyos y Milton Valencia

Imagine que usted viaja a una ciudad desconocida en un país que habla un idioma que usted no domina. Al salir del aeropuerto intenta tomar el transporte público para ahorrar unos pesos. Lo primero que se preguntaría es ¿cómo llego a mi hotel? Y, lo más probable, es que una vez allí salga a conocer los sitios turísticos de la ciudad o busque un restaurante para alimentarse. Hasta hace algunos años, la forma más fácil de orientarse era a través de un mapa o una guía de viaje. Hoy, cualquier aplicación de geolocalización en tiempo real facilita la tarea. Ahora piense qué haría en esa situación sin mapa y con la batería de su teléfono descargada: ¿para dónde ir? ¿cómo orientarse? Tal vez pida ayuda en algún punto de información, si lo encuentra. Pues bien, esa es la situación (o mejor desituación, si se permite el neologismo) en que se encuentra el Gobierno Nacional y otras instituciones del Estado en su propio país, con un agravante: no tienen a quién preguntarle por indicaciones porque se supone son los encargados de darlas a través del catastro.

El catastro es un instrumento para identificar y medir los predios que integran un territorio. Es como ese mapa que le permite orientarse durante el viaje. Pero en Colombia existe un problema preocupante de desactualización, incluso falta de información, del catastro. Las causas son múltiples, principalmente la desarticulación entre entidades nacionales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de Notariado y Registro, que ocasiona serias limitaciones al no tener una interrelación coherente con la información predial. Por ejemplo, en muchos casos al contrastar la información de un mismo inmueble, no existe coincidencia alguna, lo que entorpece cualquier trámite administrativo o jurídico sobre el predio.

La desactualización, presente en predios rurales y urbanos, no solo propicia controversias alrededor de la tierra, sino que impacta en los usos del suelo permitido y la valorización de los predios. Según cifras del IGAC, con corte al 1 de enero de 2019, el 66,00 % del territorio nacional tenía información catastral desactualizada, el 28,32 % no contaba con formación catastral y solo el 5,68 % del territorio nacional tenía información actualizada. En promedio los predios urbanos de acuerdo al Conpes 3859 de 2016 presentan una desactualización de 10,6 años, aunque en algunos casos han pasado 28 años sin renovar su catastro. Cifra similar se presenta en el área rural, con 10,7 años en promedio; sin embargo, existen municipios como Jericó, La Uvita y San Mateo en Boyacá con más de 26 años sin ningún tipo actualización. Los Conpes son documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, máxima autoridad de planeación, en los que se establecen objetivos para diversas entidades y los recursos financieros necesarios para su consecución.

Desde hace años diferentes gobiernos han tratado de afrontar el problema. En 1994 el Conpes 2736 autorizó la adquisición de un crédito con el BID para formalizar la propiedad agraria, que incluía entre sus componentes la actualización de la información catastral “causa permanente de conflicto, en especial en las áreas rurales”. Posteriormente, el Conpes 3641 de 2010 definió la política nacional para consolidar la interrelación del catastro con el registro. Si bien algunos objetivos se cumplieron, como la digitalización y centralización de la información de las Oficinas de Registro de Intrumentos Públicos, la tasa de información actualizada continuó por debajo de los dos dígitos. Finalmente, el Conpes 3859 de 2016 creó la política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano, que además de identificar y medir los predios, se convierta en un “instrumento único para llevar a cabo eficazmente otras finalidades centrales del Estado como la planeación, el ordenamiento territorial y ambiental, la gestión de tierras y la programación y asignación de inversiones”. Ese catastro sería parecido a las aplicaciones que utilizan la geolocalización y recomiendan lugares para conocer, sitios para cenar e incluso señalan las calles cerradas temporalmente.

Sin embargo, la implementación del catastro multipropósito no despegó hasta la modificación introducida en el plan nacional de desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que permitió a las entidades públicas nacionales o territoriales obrar como gestores catastrales bajo la supervisión del IGAC. A su vez, se faculta a personas jurídicas públicas o privadas para prestar servicios como operadores catastrales, encargados de realizar las tareas de levantamiento de la información y sometidos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Notariado y Registro. Con el propósito de implementar la nueva estrategia de descentralización y operación del catastro, se expidió el Conpes 3958 de 2019.

Según el IGAC, esta nueva estrategia permitió que en 2020 se actualizará la información del 15,39% del territorio nacional. Un ejemplo la nueva gestión catastral es el municipio de Soacha, que cuenta con el 100% del área urbana actualizada, lo que le permitió mejorar el recaudo del impuesto predial en un 350%. Esta actualización le costó al municipio 20.000 millones de pesos. Sin embargo, existen cuestionamientos por la metodología empleada para levantar el catastro, que tomó 3 meses, y el proceso de contratación con el operador.

Ahora bien, muchos municipios no cuentan con los recursos para convertirse en gestores y contratar operadores. Incluso si mejoran el recaudo del predial, el impacto en sus finanzas puede ser desmesurado. Es como si fuera más costoso comprar el mapa que los gastos del viaje. Esta situación es preocupante por el papel secundario de supervisor que el nuevo modelo asigna al IGAC. Las indicaciones del Conpes 3950 de 2019 sobre financiación a municipios que no cuentan con recursos tampoco son claras. Se limitan a indicar que el Gobierno Nacional “podrá” cofinanciar la gestión catastral. Todo indica que la implementación del catastro multipropósito bajo el nuevo modelo en los municipios sin recursos dependerá de la cooperación internacional, como es el caso del programa Tierra en Paz en el que participan los Países Bajos.

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