Por: Alejandra Gualdrón Prieto
Sabemos que para este gobierno será crucial mirar con lupa en lo que se refiere al campo colombiano y, en este caso, hacer o cumplir con las leyes previas referentes a la distribución y formalización de tierras y el Primer Punto del Acuerdo de Paz. El presidente se ha referido a los objetivos que buscarían esta reforma como alcanzar la distribución del campo de una manera más equitativa y productiva, logrando la participación de todos los actores que solían ser relegados. En este caso, las mujeres rurales que han sufrido de pobreza y condiciones de vida diferenciales, dificultad de acceso a derechos en educación, sexualidad, y vida misma; configuran un actor relevante por esta apuesta de cambio y dignidad social en el campo colombiano.
Para Cecilia López, la ministra de Agricultura “la mujer rural estará en el centro, será un motor que impulse el bienestar de todos”. López ha promovido investigaciones que reconocen el trabajo de la mujer fuera de los espacios tradicionales, redactó el primer CONPES dirigido a la mujer “Política para la Mujer Campesina”, impulsó la creación de ANMUCIC (asociación de mujeres campesinas e indígenas) y promovió su participación en juntas directivas de las instituciones. Por esto, son grandes las expectativas que se ponen en este Ministerio y, se espera que, se le de el lugar al que corresponde la economía del cuidado como trabajo, se garanticen derechos a la tenencia y trabajo sobre la tierra, y se ejecuten las políticas y programas con enfoques diferenciales.
Un panorama desalentador
De acuerdo con el estudio de condiciones demográficas, sociales y económicas de las mujeres rurales del país realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2020, las mujeres rurales suman aproximadamente 5,1 millones de personas y representan el 47,2% de la población que habita en las zonas rurales del país. La pobreza rural impacta especialmente a las mujeres: del 23,9% de los hogares rurales con jefatura femenina 40,4% son pobres por privaciones en sus condiciones de vida (pobreza multidimensional), frente al 33,6% de los hogares rurales con jefatura masculina y el 12,4% de los hogares urbanos con jefatura femenina.
Según el DANE, de los hogares rurales con jefatura femenina, en la mayoría (68,8%) la jefa mujer no tiene cónyuge y, dentro de estos, 336 mil corresponden a hogares con jefa mujer sin cónyuge que tienen hijas/os menores de 18 años. Frente a esto, la Agencia Nacional de Tierras no hace la diferenciación de este indicador para la entrega y formalización de tierras a los hogares. Ellos indican que han cumplido el 100% del avance de entrega de hectáreas a mujeres rurales, pero estas no son jefas de familia, sino esposas y madres que, por lo general, vienen desempeñando labores de cuidado en el hogar.
En términos de acceso al empleo, sólo el 40,7% de las mujeres rurales participan en el mercado laboral frente al 76,1% de los hombres rurales y el 57,2% de las mujeres urbanas. Se debe considerar que el 81,8% de las mujeres dedica su tiempo al suministro de alimentos para el hogar o para la mano de obra en el campo y a su vez, son las mujeres rurales quienes destinan la mayor cantidad de tiempo a actividades asociadas al cuidado (8 horas diarias frente a 3 horas diarias de los hombres) y las que más participan en el desempeño de estas actividades (93% de las mujeres frente al 61% de los hombres), lo cual disminuye su tiempo disponible para participar en el mercado laboral y por ende, sus ingresos.
En relación con producción agropecuaria, en los 1,9 millones de unidades de producción agropecuaria (UPA) de personas naturales en el área rural dispersa, son los hombres los que toman las decisiones de producción en el 61,4% de los casos, en comparación con un 38,6% donde las decisiones se toman únicamente por las mujeres o en conjunto entre hombres y mujeres. El 79% de las UPA de mujeres productoras tienen menos de 5 hectáreas frente al 67% de las UPA de hombres productores, sólo el 7,3% de las mujeres productoras han tenido acceso a la asistencia técnica y sólo el 8,4% de las mujeres productoras han solicitado un crédito.
Por último, por parte del empalme de gobierno en el sector agro, se encontró que el enfoque diferencial del desarrollo rural no cuenta con planeación, ni orientación clara en la oferta misional de la Agencia de Desarrollo Rural, no hay políticas estratégicas definidas para mujeres y jóvenes rurales, así como tampoco para comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, pues la orientación y enfoque es hacia cadenas productivas.
¿Qué podemos esperar?
El objetivo de la reforma agraria es una prioridad que “tiene que poner a las mujeres en primera escala y donde se vaya titulando tierras hay que llegar con un paquete de apoyo que incluya lo que necesitan, como acceso a crédito y transferencias tecnológicas” afirma López. Admite que la política pública se debe complementar con una reducción del trabajo de cuidado: “Si les das tierra y no las descargas de esa responsabilidad, el resultado sería una carga exagerada”.
En este mismo sentido, algunas recomendaciones del equipo de empalme del sector agro, consisten en: diseñar y reajustar los instrumentos de política de desarrollo rural, transversalizándolos hacia la mujer rural, de tal manera que se avance en equidad, reconocimiento y redistribución respecto a la economía del cuidado en el campo colombiano; actualizar, reglamentar e implementar la Ley 731 de 2002 para avanzar en el reconocimiento y garantía de derechos a las mujeres rurales, contemplando los avances normativos relacionados con la economía del cuidado y el rol de las mujeres rurales como cuidadoras en los contextos agropecuarios, organizativos y comunitarios; hacer seguimiento a la implementación de la Resolución 4180 de 2018 de la ANT, para la toma de acciones eficaces, que garanticen la participación de las mujeres en los procesos de acceso y formalización de tierras.
Así, la misma conversación sobre desigualdad de género vuelve a tomar fuerza y es importante realizar la veeduría correspondiente para que lo prometido en el plan de gobierno se cumpla, y la mujer campesina, afro, indígena, madre, cabeza de familia, sea finalmente, sujeto de derechos; dueña de su tierra, con autonomía y cuente con opciones, cuente con una vida digna y se cumplan las condiciones por las que siempre luchamos.