Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

BESAR AL SAPO O TRAGARSE EL SAPO

Por Francy Carranza, investigadora del Observatorio

Voces a favor y en contra de los acuerdos logrados en la Habana han usado la metáfora del sapo para referirse a la impunidad. Algunos han aceptado tragarse el sapo entendiendo que es el precio que se debe pagar por la dejación de armas de las FARC y poner fin definitivo al conflicto armado, mientras que los promotores del NO en el plebiscito han montado la campaña de #Yonometragoesesapo presentando de forma simplista y desdibujada lo que se acordó en el punto quinto sobre víctimas.

La metáfora resulta inexacta porque muestra el sistema de justicia transicional como algo que no es: un sapo gordo y feo. Por el contrario, los negociadores de las FARC y el gobierno lograron crear principios y procedimientos para el tratamiento de crímenes de políticos y acciones militares que, además de intentar impartir justicia en esta guerra que termina, serán referencia futura para el sistema penal a nivel internacional. El punto quinto sobre del acuerdo ha creado un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que busca atender los derechos de las víctimas y al mismo tiempo conciliar el Sistema Penal Internacional con las amnistías propias de los procesos de dejación de armas. Se creó además una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de desaparecidos, un Tribunal para la Paz que impondrá sanciones y una Jurisdicción Especial para la Paz que atenderá las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

A pocos días de la votación, es importante entonces analizar más a profundidad lo que realmente significan esos sapos:

–          Cero cárcel para delitos atroces: A muchos les resulta poco atractivo que los miembros de las FARC no paguen cárcel y que entren a la política. Pero en eso precisamente consisten  los procesos de dejación de armas: los paramilitares se desmovilizaron absolutamente convencidos de que no pagarían ni un día de cárcel y que participarían en la contienda electoral. Eso fue lo que les prometió el gobierno Uribe y lo que quedó plasmado en la Ley 975 de Justicia y Paz antes de que fuera modificada por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, ni los líderes del M-19 ni los del EPL ni de ninguna otra guerrilla llegaron a prisión por las acciones atroces que cometieron, en cambio salieron directamente a participar en las elecciones y en organizaciones sociales.

Sin embargo, este acuerdo si establece sanciones diferenciadas dependiendo de la gravedad de su accionar: habrá delitos amnistiables e indultables, pero también habrá sanciones para delitos graves y cárcel para quienes no reconozcan su responsabilidad. Por otro lado, se resolverá la situación de las miles de personas que están en prisión por delitos relacionados con ejercer su derecho a la protesta.

–          Que la fuerza pública y el terrorismo son igualados: El acuerdo contempla sanciones para militares y policías. De encontrárseles culpables de delitos graves pagarían sus penas en unidades militares o policiales. Lamentablemente es bien conocido que los miembros de la fuerza pública también participaron ampliamente de violaciones a derechos humanos y acciones atroces que iban más allá de su accionar de guerra. La impunidad de la que tanto se habla la han sufrido también las víctimas de falsos positivos, el genocidio de la UP y otros muchos crímenes perpetrados o en complicidad con agentes y funcionarios del  Estado. Era por eso necesario, y justo, darle tratamiento a esos delitos.

–          El acuerdo se va a convertir en una  “cacería de brujas” en el cual las FARC van a juzgar gentes y empresas de bien: En primer lugar las FARC no van a tomar el papel de jueces en ningún momento del proceso, los magistrados serán elegidos de forma independiente e incluirán jueces extranjeros. En segundo lugar, en muchos crímenes hubo complicidad de personas y empresas que también deben responder ante la justicia. Se van a establecer criterios para diferenciar entre quienes fueron víctimas en el conflicto, por ejemplo mediante extorsiones y vacunas, y empresas que fueron partícipes de despojos, asesinato de líderes sindicales o líderes sociales.

La política colombiana no es ningún cuento de hadas, pero de ver a un sapo más nos vale besarlo que tragarlo entero. Muy seguramente las FARC no se convertirán en príncipe azul, y en vez de vivir felices para siempre lo que se viene ahora es un muy arduo proceso de reconstrucción del país. La justicia transicional no traerá impunidad, sino que por el contrario colocará las leyes sobre el poder de las armas y fortalecerá al Estado para que sea capaz de proteger a sus ciudadanos, pero también de juzgarlos cuando sea necesario.

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