Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Amenazas a Juez Primera Penal del Circuito Especializado de Santa Marta

El Observatorio presenta una entrevista a Ana Joaquina Cormanes Goenaga, Juez Primera Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, quien ayer en las horas de la mañana recibió una amenaza por su labor en las investigaciones sobre bandas criminales. Su situación evidencia una vez más los riesgos que corren día a día quienes están encargados de impartir justicia en el país.

Observatorio: ¿Usted nos puede explicar qué fue lo que ocurrió ayer?

Estando en mi apartamento en la ciudad de Santa Marta, a las 4:50 de la mañana, sentada en el comedor, he sentido un golpe, un ruido fuerte, que no sabía de dónde venía y a pesar  de revisar la estancia, me di cuenta que todo estaba normal. Al intentar salir al balcón, al asomarme a la puerta-ventana están dos hombres, uno en una moto de espalda a la edificación y el otro de frente. Diciendo el de frente, parado en el andén gritaba, “esa es la señora, esa es la señora”. Al mirar eso yo me corro, cierto la puerta ventana y procedo a llamar al hombre de protección, asignado por el esquema de seguridad, ya que de conformidad con la Unidad Nacional de Protección (UNP), para octubre del año pasado, se me calificó como un nivel de riesgo extraordinario en atención a amenazas recibidas de parte de las Bacrim. Entonces no me pude comunicar con él, por una dificultad en su equipo celular, llamé al cuadrante de Bastidas (Santa Marta), que es donde asignado a mi vivienda, tampoco contestó el cuadrante de Bastidas. Con posterioridad llamo al condominio para ver si tienen otro número registrado del cuadrante, ese número tampoco contestan. Llamo a otra persona que me había servido en días pasados, hace poco tiempo como protector, el subintendente Higueras. Y él se comunica directamente por sus radios, por sus medios de comunicación con el cuadrante y el cuadrante hasta las seis y media de la mañana se acerca a mi domicilio. Los agentes no se identificaron, revisaron, les conté lo acontecido, y me indicaron que probablemente me estaban era haciendo ubicación del objetivo, precisando la ubicación del objetivo.

Observatorio: Este tipo de eventos ya habían ocurrido anteriormente. ¿Usted nos puede explicar un poco que pasó?

Yo tuve un atentado en la anterior residencia para el once de marzo del año 2015, cuando se acercaron con la intención de ingresar, un hombre armado y se quedó registrado en las imágenes que él persiguió el vehículo en el que yo me desplazaba. Quedaron las imágenes grabadas en la cámara del edificio donde vivía anteriormente. Se colocó la denuncia y hasta el día de hoy, me llamaron el año pasado en octubre para una ampliación de denuncia. La fiscalía comenta que no es factible porque la resolución de las cámaras no da y ellos no tienen los equipos para poder establecer la identidad de quién conducía la moto y que tenía la intención, armado de ingresar al apartamento. Y así se quedaron las cosas. Con ocasión de eso, se establecieron unas medidas por cuenta de la Policía Metropolitana, me asignaron un hombre de protección, luego vino la UNP, y calificó el nivel de riesgo extraordinario y ellos establecieron unas medidas de protección en las cuales ellos me proporcionaron un teléfono y un chaleco antibalas. Chaleco que no puedo usar porque yo tengo secuelas de polio y no puedo usar ese peso. Lo informé, igual me lo dejaron.

Y en la rama, el Consejo Superior de la Judicatura, en compañía con la UNP, debía prestarme el vehículo blindado. Lo estuvieron haciendo hasta febrero más o menos, marzo de este año, en donde me comunicó la administradora judicial, que el vehículo era un vehículo oficial y que por tanto tenía que ser utilizado única y exclusivamente mientras yo me desempeñaba en mis actividades laborales. Por lo que a partir de esa fecha yo no cuento con el vehículo después de las seis de la tarde, si estoy haciendo una audiencia, pues no hay ningún problema, pero los viernes debe quedar guardado en el parqueadero de la administración judicial porque sábados y domingos es un vehículo oficial. Solicité, aportando la comunicación y la resolución por la cual se me había calificado con nivel de riesgo extraordinario por parte de la UNP, para que reconsideraran esa decisión. De ellos no he obtenido respuesta.

Para el 27 de junio salí a vacaciones y me comunicaron que no podía usar el vehículo, entonces estuve sin el vehículo. Y hoy que me reintegré, hoy nuevamente tengo el vehículo y ahorita a las seis de la tarde debe quedar guardado en el parqueadero de la administración judicial. Eso se lo informé también a la UNP mediante un oficio el 27 de junio, y hasta la fecha la Unidad tampoco me ha contestado. Entonces siento que  no tengo un esquema de seguridad como tal y los señores que están encargados y entregados, de mortificar y de hacer la labor que según ellos deben hacer, siguen empecinados.

Observatorio: ¿Y porqué se presentan estas amenazas y estos atentados en contra de su vida?

Bueno, lo que sucede es que hasta el mes de diciembre, me desempeñé en el departamento del Magdalena como Juez Única Penal del Circuito Especializado, hoy soy la Juez Primera y dentro de mi jurisdicción tengo competencia para conocer de todos los delitos que se adelantan por cuenta de la fiscalía en la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado. Entonces a raíz de decisiones que se adoptan, las bandas criminales me han señalado como un objetivo militar. Esa fue la información  que me entregara un funcionario de la SIJIN, Santa Marta, por unas intervenciones telefónicas que ellos escucharon. Para aquella época estaban dos personas destinadas en la ciudad  con esa finalidad, a atentar contra mi vida.

Observatorio: ¿Y qué problemas entonces ha tenido con esas medidas de protección que ha nombrado la fiscalía o la UNP?

Pues yo pienso que son medidas que han quedado consignadas en el papel, básicamente. La única que ha cumplido es la Policía Nacional. Que ha mantenido todo el tiempo el esquema de protección, porque la UNP te entrega un teléfono y un chaleco, el chaleco que yo no puedo usar porque ya se los comuniqué, atenta contra mi salud. Y la rama, que debe aportar el vehículo blindado, sí lo aporta pero cuando estoy como juez, el resto del tiempo yo no estoy expuesta, según ellos. Yo no he entendido que es un esquema de seguridad, sino que es un vehículo oficial y que debe por tanto cumplir horarios de trabajo. Mientras tanto yo debo desplazarme, si tengo que salir, me tengo que desplazar en taxi, común y corriente, y amparada por la divinidad.

Observatorio: Esos problemas de seguridad que usted presenta, ¿también los presentan las personas de la rama, en la ciudad de Santa Marta?

Bueno, aquí en la rama lo presenta un juez de restitución de tierras, no sé si es el Primero o el Segundo, a quien directamente la UNP le puso, directamente en la Unidad a ese juez de restitución de tierras, le puso escolta y le puso su carro blindado.  El carro de ese juez no es de la rama, es de la UNP. Él tiene dos personas que lo acompañan en sus desplazamientos y están permanentemente con él.

Observatorio: ¿Qué es lo que le solicita usted a las autoridades?

Una debida protección y una investigación a fondo, porque si bien es cierto a mi me hacen un atentado el once de marzo del 2015, donde un hombre con una motocicleta donde se identifica el hombre, la cara, las placas, la moto, todo. La fiscalía sencillamente “no se puede hacer nada”, y ahí murió la investigación. Es decir, ni siquiera pasó a investigación, fue una indagación preliminar y ahí se quedó. Entonces ¿qué sentido tiene para uno como funcionario público, adscrito a la rama judicial?, ¿qué se espera para el ciudadano del común, que no tiene siquiera la opción de acudir al ente? Es muy triste, yo por lo menos me siento que no tengo protección. Yo estoy en estas circunstancias por mi función, por ser la Juez Primera Penal del Circuito Especializado. Es más, antes desde el 2011, cuando me posesiono como Juez Penal del Circuito Especializado, no tenía ninguna dificultad hasta el año pasado empecé a tener este tipo de inconvenientes. A tal punto que el despacho se encuentra funcionando, con autorización  del Consejo Seccional de la Judicatura, en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana. Entonces eso es lo único que me brinda protección, mientras estoy desempeñándome como juez, porque si no estoy funcionando como juez sino que tengo mi vida como una persona normal, no tengo ninguna clase de protección, la divina que es la que más cuenta. Pero el Estado como tal considera que yo no debo tenerla.

La verdad es que yo estaba como pensando: “bueno, las cosas han estado como calmadas”. Pero fíjate lo que me pasó hoy. Al medio día cuando llego a la casa, la empleada al momento de hacer la limpieza encontró el objeto que lanzaron, fue una piedra que lanzaron desde afuera. Porque yo abro mi ventana y yo siempre me siento ahí a las cuatro de la mañana a hacer mis oraciones y como hoy no me senté, hoy me quedé en el comedor, lanzaron la piedra pa que saliera para ver si era yo o no era yo. Porque allí encontré la piedra en la sala, cuando llego a contarle a la empleada, porque yo vivo sola, la empleada me dice: “Ah, esta fue la piedra que encontré, mírala donde está”. Dije “dámela, pa que cuando me llamen a ampliar la denuncia dentro de dos o tres meses en la fiscalía, aportarla”. Porque eso es lo único que van a hacer, ampliar la denuncia y ya. Que por lo menos diga, no se puede, no queremos, pero guardan un silencio que lo que usted dice no interesa.

 

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