Ante la posibilidad de que las FARC-EP haga tránsito a la vida civil, los ciudadanos se preguntan, entre otras cuestiones, por la participación política que podría tener este grupo insurgente. Sin embargo, para que esa participación sea una realidad, es necesario que los excombatientes paguen los delitos que se les atribuyen.
En Colombia, la categoría jurídico-política de delito político se ha utilizado históricamente para finalizar las guerras en el país. Es necesario diferenciar el delito político y el terrorismo, y reconocer que el primero es también un derecho: el derecho a la rebelión, como lo resalta el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Camilo Hernández, investigador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/Programa por la Paz, le cuenta a nuestros lectores las tres claves para entender el delito político en el marco del proceso de negociación entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en la Habana.