Luis Guillermo Guerrero Guevara*
El injustificable y doloroso hecho ocurrido en Buenos Aires (Cauca) el día 15 de abril, en el que once militares y un guerrillero resultaron muertos por una acción bélica perpetrada por las Farc, y que llevó al presidente Juan Manuel Santos a reanudar los bombardeos contra este grupo insurgente en todo el país, así como las radicales reacciones de sectores opositores de los diálogos de La Habana, muestran la difícil fragmentación que vive el país sobre lo que puede llegar a significar, una vez firmados los acuerdos, una etapa de posacuerdo y la construcción de un proceso de posconflicto.
Existen en estos momentos diversos desafíos para firmar los acuerdos en La Habana y para su aplicación en el contexto inmediato del posacuerdo. Tanto el Gobierno Nacional como la guerrilla, los sectores políticos y la compleja sociedad colombiana en su conjunto, tienen que saberlos sortear para que el proceso sea sostenible y no se desgaste antes de tiempo ni lo lleven a tal grado de tensión política que rebase su capacidad de carga y el proceso se rompa. Estrategia que sectores de las extremas de derecha y de izquierda están trabajando, todos los días, de cara a deslegitimar los diálogos de paz.
Un primer desafío es el tiempo en el que se está tomando la negociación en La Habana. El tema del tiempo no sería tan importante si en Colombia existiera un consenso más fuerte por superar el conflicto armado y el uso de la violencia para transformar nuestros conflictos sociales, políticos y económicos. Pero la realidad es otra. Si este gobierno, que se propuso con todas las baterías dialogar con la insurgencia, no logra superar el conflicto armado entre el 2015 y 2016, vamos a tener un 2017 lleno de argumentos de la derecha y de la izquierda radical en pro de la guerra y la violencia. En este sentido, el tiempo que vivimos es uno de los mayores desafíos. Si no alcanzamos la firma de La Habana en estos 18 meses, posiblemente vamos para otra indeseable década de conflicto y muerte. De ahí que, los esfuerzos que se hagan para ayudar a generar un resultado propicio en la firma de La Habana por parte de la sociedad civil, los partidos políticos, las organizaciones sociales, las iglesias, las redes de organizaciones locales, regionales y nacionales o con el apoyo de la comunidad internacional, entre otros muchos actores, serán un aporte significativo para el país en la historia de las últimas seis décadas.
Un segundo desafio, es la fractura extrema entre sectores determinantes de la vida nacional sobre el actual proceso de paz. No existe aún la decisión de unidad que se debería tener en un proceso de semejante magnitud que implica la superación de un conflicto de ya casi seis décadas y que ha dejado dolor y frustración en la sociedad colombiana. Los datos del informe del Grupo de Memoria Histórica nos lo dice: 1.982 masacres documentadas, de las cuales 1.166 son de paramilitares; 343 de la guerrilla, y 158 de las fuerzas del Estado. A pesar de estas contundentes evidencias los partidos políticos, las entidades del Estado central, las fuerzas armadas, las organizaciones sociales, los empresarios, la sociedad en su conjunto y hasta las familias, están fraccionadas y polarizadas, unos a favor y otros en contra del proceso de La Habana. “Llega un momento en que la paz se impone como deber impostergable; como mandato sagrado porque Dios exige que se detenga el culto para que vayamos a reconciliarnos como hermanos. La paz se hace exigencia ética por encima de protagonismos políticos, partidos, economía, honor militar, insurgencia guerrillera o debate de Congreso. La paz emerge como la causa más grande y subordina a ella el valor de los más importantes títulos de las personas, de las instituciones, de la academia y de todo propósito social” – nos lo propuso el P. Francisco de Roux en su columna de opinión de El Tiempo del 16 de diciembre de 2014-.
Un tercer desafío tiene que ver con las elecciones de alcaldes, gobernadores y cuerpos colegiados locales y regionales que se realizarán el 25 de octubre del presente año. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad y el derecho de elegir a miles de gobernantes y legisladores que van a ser quienes pongan en ejecución los acuerdos de paz que se firmarán en La Habana y que luego serán refrendados por la ciudadanía. ¿Qué clase de dignatarios se van a elegir? ¿Qué perfiles se necesitan para este momento histórico del país, de cada localidad y región en particular? ¿Quiénes conocen bien y apropiadamente su terruño y tienen la capacidad para afrontar y desarrollar lo que cada municipio y región necesita? ¿Están convencidos de qué tipo de paz? ¿Están preparándose y tienen la preocupación por comprender lo que significa una “paz territorial”, como lo está proponiendo el actual gobierno desde las propuestas del Alto Comisionado de Paz y el llamado “Ministerio del Posconflicto”?
El Gobierno tiene en su horizonte un reto mayúsculo al tener que priorizar el “día después del acuerdo” una acción significativa, especialmente en los municipios y regiones donde el conflicto armado ha sido letal y donde los actores de la guerra han socavado el tejido social y humano que allí ha vivido cautivo de la victimización. En otras localidades, dependiendo del actor armado dominante, seguramente los programas, planes y proyectos serán otros, y en municipalidades y veredas que tienen otra relación histórica con el conflicto y que están integradas a la vida económica, política y social, las condiciones serán distintas. Sin duda, las estrategias para la aplicación del posacuerdo serán diferenciadas según el territorio. Esto sería lo mínimo de esperar.
Un cuarto desafío es la superación del desconocimiento, de la distancia emocional y hasta de la indiferencia del pueblo colombiano frente a las consecuencias que puede traer para el país el éxito o fracaso de la negociación para la superación del conflicto armado. Este desafío es sin duda un reto de pedagogía social, no solo de pedagogía escolarizada, si bien también le concierne. El Estado y la sociedad desde todas sus fuerzas vivas y organizadas deben hacerse preguntas sobre: ¿Cómo responder en estos momentos a esa pedagogía cuyo fin no es otro que generar una cultura y unas costumbres políticas que trabajen a fondo? ¿Cómo transformar , aprovechar y esclarecer o solucionar nuestros conflictos sociales? ¿Cómo convertir los conflictos en oportunidades de aprendizaje para la convivencia, el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, entre otras, y la ampliación de la democracia ciudadana? Esto tiene que bajar del discurso a la acción pedagógica concreta y por el momento ni desde el Estado ni desde las fuerzas vivas sociales se tiene, con la fuerza que se necesita, un proceso explícito y coherente en este campo. Sin duda existen sectores y entidades que se han hecho las preguntas y que están desarrollando propuestas, pero son casos, aunque exitosos, aislados y sin difusión. Es un desafío para trabajar en forma.
El quinto desafío lo desarrolla uno de los artículos de la presente revista, escrito por Víctor Barrera y Javier Benavides: “Seguridad y posconflicto. El desafío de los grupos armados posdemovilización” En este artículo se afirma que “Los grupos armados posdesmovilización son un desafío en materia de seguridad de cara a un posible escenario de posnegociación. Preocupa que en la actualidad estas organizaciones se fortalecen y las medidas tomadas para enfrentarlas son insuficientes. El proceso de paz constituye una coyuntura política fundamental para dar esta discusión”. En esto – analizan Barrera y Benavides- existe un consenso bastante amplio en la sociedad, “sin embargo, este consenso se reduce a la identificación del problema de modo que aún no existe una visión compartida en términos de su diagnóstico, ni tampoco claridad sobre cuál sería la respuesta institucional adecuada para atender esta problemática. De tal forma, ¿cómo avanzar y en qué sentido?” Por eso, aseguran los autores: “más que un simple fenómeno de rearme impulsado por la naturaleza avariciosa de un grupúsculo de paramilitares ´degradados´ en criminales que retornaron a las armas o que nunca las dejaron, estamos ante una nueva generación de violentos como resultado de la incapacidad del Estado para garantizar las condiciones de seguridad en aquellos territorios donde este grupo ilegal había ejercido su dominio.”. Este desafío deja entonces también altas preocupaciones pues si no se hace una estrategia consistente desde la competencia estatal la reactivación de la guerra no va a demorar en reaparecer con toda la fuerza que ha ejercido en otros momentos de nuestra historia.
Un sexto desafío, en el contexto del posacuerdo, es la garantía de que se va a respetar la entrega o la dejación de armas por parte de la insurgencia. Los acuerdos de La Habana, seguramente van a aproximarse a expresar que la mediación de las armas y de la violencia para hacer política en el país no se debe volver a ejercer. Ni las armas de la derecha ni las armas de las izquierdas. Que el monopolio de ellas estará exclusivamente bajo el poder del Estado y como función de las Fuerzas Armadas oficiales; de nadie más. Precisamente este es el reto que trabajan en el artículo “Entrega o dejación de armas: Aportes para desenredar el debate” escrito por María Alejandra Arias Hernández y David Rampf, para la presente revista.
El articulo afirma que “El actual proceso de paz supone distintos retos para la concreción de un acuerdo de paz que satisfaga a las partes involucradas. Específicamente, el delicado tema del desarme de las FARC ha motivado el debate sobre si se implementará un plan de entrega o dejación de armas. Esta discusión suscita un debate sobre algunos ejemplos de procesos de paz en otros países en los que la terminología usada ha causado debates, y sobre el significado de estos dos conceptos (entrega y dejación) y sus implicaciones”. El artículo ayuda a despejar conceptualmente los términos hasta llegar a “explicar que la diferencia entre los conceptos de entrega y dejación va mucho más allá de una mera diferencia semántica… Y, cómo se explica la polémica que caracteriza con frecuencia el diseño de los procesos de desarme” y de dejación.
El séptimo desafío que, en estos momentos y para la etapa de posacuerdo, puede socavar la sostenibilidad del proceso es el escalonamiento y exacerbación de las amenazas, la persecución, la desaparición y el asesinato de los defensores y líderes sociales que trabajan por los derechos civiles y políticos, así como aquellos que lideran los casos de denuncia por la violación de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales. En procesos similares alrededor del mundo se ha concluido que mientras que el conflicto armado se desescala y desactiva, definitivamente, en la etapa de consolidación del posacuerdo, se vienen olas de violaciones de derechos humanos a los defensores, líderes sociales y políticos. El reto sobre esta realidad es complicado y se necesitan estrategias y políticas de seguridad y justicia claras y contundentes, de lo contrario se hace insostenible cualquier etapa de posacuerdo, posconflicto y de paz sostenible y duradera. Un proceso de paz que tiene como propósito la reconstrucción de un país que ha vivido un largo período de conflicto social y armado, tiene que tomar en serio este factor desestabilizador, si no es así se va convertir en un proceso vacío en resultados y sin credibilidad.
Sobre este desafío el artículo de Jerry Garavito “Amenazas a defensores de derechos humanos y líderes sociales, intentos de retoma del poder regional”, presenta un análisis de coyuntura en el que afirma que “el contexto de amenazas, atentados y asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país hace pensar que, a pesar del acuerdo que se manifiesta en La Habana, en el país todavía tenemos un largo trecho por andar; la existencia de grupos rearmados de los paramilitares y la falta de investigación de éstas amenazas alimentan el escenario de incertidumbre (…)”
Un octavo desafío para el posacuerdo es profundizar el reconocimiento y el respeto que deben tener, tanto el Estado como la sociedad, hacia los sectores sociales y sus organizaciones que habitual y sistemáticamente han sido victimizadas e incluidas de manera precaria y funcional en el sistema político, económico y social del país. Se trata de campesinos; comunidades indígenas, negras, gitanas, y raizales; sectores sindicales de diversos gremios, etc., que han vivido por largas décadas situaciones de despojo y afectaciones profundas por el conflicto que viven en sus territorios concretos.
Uno de los artículos de esta entrega de la revista Cien días Vistos por CINEP/PPP propone un análisis sobre este tópico en la actual coyuntura: “Del paro a la mesa y de la mesa al paro. El Ejecutivo Nacional frente al movimiento campesino”. Ana María Restrepo R., su autora, analiza la movilización social, en general, y campesina, en particular, durante el 2014. El artículo hace visible cómo “el gobierno Santos no aprendió nada del 2013, o por lo menos así queda demostrado con la continua criminalización de la protesta, la judicialización de líderes y la brutal represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que por demás, se recrudece abiertamente. Si bien se ha sentado a negociar, estas acciones refuerzan la idea del desprecio por la organización social de parte del Gobierno Nacional.”.
Un noveno desafío es el papel de los medio de comunicación en el contexto actual de los diálogos de La Habana y en el que se viene como escenario de posacuerdo. La ponderación y seriedad en el tratamiento de los hechos es importante en la construcción de las interpretaciones e imaginarios sociales. Si bien las personas y comunidades no son simples “receptores” pasivos, los medios generan opinión, estemos o no de acuerdo con ellos, que pueden potenciar o limitar miradas en sus públicos. Atender este asunto es de una alta responsabilidad, pero no se ve que en el país se haya tomado en serio.
Sobre este reto el artículo “Paro judicial, ¿Culpable?” de Gissell Medina, analiza “el cubrimiento realizado por medios escritos al paro judicial realizado entre el 9 de octubre de 2014 y el 13 de enero de este año por Asonal Judicial con apoyo de sindicatos de la Fiscalía y del Inpec, se observa que al unísono de las voces gubernamentales e institucionales, el tono de la prensa fue tornando de una mediana aceptación a un total rechazo al punto de juzgarlo culpable por la crisis de la justicia”. Los medios tienen el poder de interpretar al punto de distorsionar la realidad y de llegar como se llegó en este caso a “privilegiar ciegamente las posiciones del gobierno y condenar de la misma manera las de los trabajadores” justificando y legitimando “la acción violenta contra ellos” y profundizando “la cultura antisindical existente en el país” lo que poco contribuye a la transformación de los conflictos sociales y desvía la atención al problema de fondo: “la solución de los problemas estructurales de la justicia colombiana”.
Finalmente un décimo desafío para el posacuerdo está en las manos de la capacidad institucional pública no sólo en términos administrativos sino de gobernabilidad local y regional. De ahí la importancia que arriba se reseñó sobre las próximas jornadas electorales de octubre 25 del presente año, donde van a ser elegidas estas autoridades. Si bien pareciera un tanto prematuro hablar en esta coyuntura sobre este tema, la citada campaña y elección de estos dignatarios es, desde ya, un factor que va a determinar la refrendación y la aplicación del posacuerdo. En este sentido, la contienda electoral que se avizora, tendrá un importante significado para la construcción inicial del posconflicto desde los municipios y regiones. Igualmente, estas autoridades serán las encargadas de la aplicación de lo que se diseñe como política pública para la paz y el desarrollo de las comunidades. La paz territorial se juega en lo local y regional, y si no existe una institucionalidad pública comprometida, capacitada, legitima y creíble, la aplicación de los acuerdos y la construcción de un posconflicto no va a ser más que un sueño ilusorio y una vana esperanza para las comunidades veredales, municipales y regionales que han sufrido los infortunados efectos de cerca de seis décadas de conflicto armado y social en nuestra nación.
De uno de estos territorios da cuenta el artículo de la profesora Socorro Ramirez: “Costosas paradojas del ámbito guajiro-caribeño”. En este documento la autora enfatiza cómo en este escenario regional, al igual que en otros, “urgen redefiniciones para que ámbitos fronterizos como el guajiro-caribeño se piensen, asuman y construyan como región. Venezuela se encuentra urgida de buscar alternativas de consenso para sus problemas, y Colombia tiene que construir las condiciones de aplicación de los acuerdos con las guerrillas para consolidar una paz territorializada y adelantar las reformas indispensables para el posconflicto”.
Estos desafíos, entre otros, se deben comprender no solo como retos que dificultan el proceso de paz, sino también como oportunidades para construir, paciente y creativamente, el camino de la paz para, de esta forma, no caer en la dinámica de quienes pregonan las antípodas de la paz.
* Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director del CINEP/Programa por la Paz.