Luz Elena Patarroyo López, coordinadora de la línea de Cultura de paz y Ciudadanías en el Cinep/PPP, ha participado en el más reciente número de la Revista Cien Días con su artículo “Plan Especial de Educación Rural, desafíos y posibilidades”. La educación rural, dentro del marco de implementación del Acuerdo de La Habana, es tema de reflexión de Patarroyo en este apartado. Los retos, las posibilidades y las falencias del Plan Especial de Educación Rural (PEER), incluido en el primer punto del Acuerdo, hacen parte del análisis de la autora.
Hablamos con Patarroyo para profundizar su análisis sobre los retos de la educación rural: la calidad como uno de los factores más importantes para el posconflicto y los compromisos necesarios para avanzar en garantías para una educación de calidad y pertinencia. Por medio del PEER, como hace notar la autora, se busca reducir la brecha de desigualdad que ha impedido a los habitantes rurales disfrutar de su plena ciudadanía y demás oportunidades con las que cuentan los sectores urbanos.
Pregunta: ¿Para qué la educación en el posconflicto?
Luz Elena Patarroyo: En muchos lugares, especialmente en las zonas rurales, la población se ha visto abocada a situaciones de exclusión, marginación, pobreza y de dominio político, económico y militar.
El proceso de paz ha permitido, precisamente, que nos volvamos hacia estas poblaciones que tanto han sufrido el conflicto, para que emprendamos caminos de transformación enfocados puntualmente en las necesidades que la guerra ha generado en ellas.
Aquí, la educación en el posconflicto tiene un papel fundamental. Es el motor de transformación para que nos entendamos todos como país y para que consideremos que el proyecto de vida de cada persona merece ser vivido, especialmente el de estas poblaciones en cuestión. Es necesario que la educación en el sector rural proponga currículos alternativos, pertinentes y actualizados que posibiliten que los estudiantes puedan desarrollar todo su potencial y se integren a la sociedad, a su contexto concreto, pero también a la región y al país. Se requiere, entonces, de una educación rural que brinde las oportunidades que tanto se han negado en estos contextos de violencia y marginalidad.
Pero también, la educación no solo requiere de nuevos currículos sino también de una institucionalidad acompañada de maestros actualizados, que entiendan su responsabilidad y tarea como la de aquel que forma personas y no solo el que genera contenidos. Aquí, el docente se convierte en una fuente de transformación social, de un sentido de vida y de la organización social. Pero eso requiere de un cambio en los procesos culturales, económicos y del sistema político.
P: ¿Qué otros elementos se requieren para ofertar una educación de calidad?
L.E.P: La oferta académica es insuficiente y eso tiene que ver con varios factores. Primeramente, los procesos educativos no están cuidados: desde la precariedad de la infraestructura hasta la precariedad en el diseño curricular de los planes institucionales. Pero también, como segundo factor, hay que tener presente la falta de formación de los profesores, quienes se han tornado en actores administrativos que deben llevar todo seguimiento de procedimientos mediante una gran cantidad de formatos, pero no necesariamente son aquellos quienes tienen la capacidad y la posibilidad de seguir los proyectos de vida de los jóvenes, niños y niñas, y tampoco de la gente adulta inmersa en el ámbito educativo.
P: ¿Por qué la deserción escolar en la población rural?
L.E.P: En las poblaciones rurales y zonas más afectadas por el conflicto se resalta un fenómeno que tiene varias aristas: el índice de Gini está en el 0.54 y marca una creciente desigualdad que genera unas diferencias en el sistema educativo. La educación de un estudiante del sector rural puede estar entre 500 y 1000 dólares por año, mientras que otros estudiantes pueden tener una educación que puede llegar a costar hasta 7000 u 8000 dólares en el mismo periodo. Estas diferencias marcan la calidad educativa y no se les pone ninguna cortapisa.
En este momento, la tasa de deserción, aunque no sea oficial (porque siempre estamos detrás de los datos que no son fáciles de conseguir y menos en el sector rural ), es del 50% entre el primer años de educación Secundaria y el último de Media. Eso tiene que ver con que a la pobreza de la propuesta educativa, se suma una mirada de un mundo absolutamente exitoso al que los jóvenes de las zonas rurales nunca van a tener acceso. En este escenario, ellos empiezan a tener una visión de que la educación no es un espacio para la movilidad social en el campo y por eso lo que intentan es salir de ahí para buscar salidas económicas. La educación no se considera un proyecto de vida válido, especialmente para las personas más pobres, precisamente porque no hay la calidad, los recursos ni las condiciones.
P: A partir de este escenario, ¿ hay, entonces, cabida para la enseñanza de las humanidades en el sector rural?
L.E.P: No. Y eso tiene que ver con una complejidad del sistema que viene dada por la vinculación del país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Esta [organización] ha sido creada con la idea de producir políticas públicas en los campos sociales y económicos para solucionar problemas sociales. Las políticas que crean son interesantes, pero, por otro lado, crean dinámicas de estandarización que son aplicadas de manera jerárquica a todo el país. En las zonas rurales, por ejemplo, se hace un énfasis prioritario de generar políticas que tienen que ver con la lectura, la escritura y las matemáticas. Si bien en Colombia hay, según la Ley de Educación de 1994, libertad curricular, esta es relativa porque estas políticas de estandarización, que vienen dadas por los tratados internacionales como los de la OCDE, hacen que el centro de la actividad cotidiana sea cumplir los estándares que se han puesto. Esto hace que la cabida a otras áreas como las humanidades y las artes no tengan posibilidad.
Además, tenemos un problema muy serio y es que tanto las pruebas censales y las pruebas que promocionan a los estudiantes, como las Saber Pro, tienen consecuencias negativas: los resultados de estas pruebas y la información que pueden brindar, no es usada para mejorar la calidad educativa, sino que se usan como un estímulo o como un castigo cuyo principal responsable es el estudiante y no es el sistema educativo. El éxito o el castigo se adjudica al estudiante y no al sistema. Entonces, ¿una persona es brillante porque es brillante? ¡No!, una persona es brillante porque ha tenido una serie de condiciones que le permiten ser brillante. Unas pruebas censales como estas hacen que el mérito del sujeto sea a la fuerza. Es un sistema atado a una visión donde el objetivo es dar respuesta a unas exigencias internacionales. Eso quita el foco del desarrollo humano.
P: Y el panorama se complica con las personas en condición de Necesidades Educativas Especiales (NEE)
L.E.P: Sí. La cuestión allí es compleja. Por ejemplo, una persona con NEE requiere 2.2% de mayor inversión que una persona sin NEE. No estamos preparados ni curricularmente, ni en la infraestructura, ni en la formación de los maestros para aportar a este tipo de población. Hay todavía unas visiones y modelos donde se considera que las personas con NEE, son personas aisladas o que deben estar en ámbitos apartados de sus familias o de los otros jóvenes de su misma edad sin saber que el aprendizaje parte de una visión de lo social, que es uno de los ámbitos privilegiados para el aprendizaje.
P: Entremos ahora al tema de la oferta académica. ¿Cómo ve el equilibrio de las Alianzas Rurales para la Educación (ARED), que son las que se encargan de este proceso?
L.E.P: Las ARED hacen parte de la política del Plan Especial de Educación Rural (PEER). El tema es que estas alianzas son una fórmula que se ha encontrado para generar una cierta institucionalidad en función de ofrecer educación superior técnica, tecnológica o universitaria. Como fórmula inicial está muy bien porque puede plantear la convocatoria a aliados de las regiones, tanto privados como públicos, para trabajar en esta oferta educativa. Sin embargo, queda a la deriva cuál es el tipo y calidad de la oferta, en la medida en que no hay unos lineamientos claros que la dirijan.
Igual pasa con el compromiso de los proponentes, porque son justamente los privados y los públicos que están en las regiones –con las condiciones de la composición política y clientelar– quienes van a ofertar. Entonces, lo que se plantea de parte de estas instituciones queda en un cierto margen de libre albedrío.
P: ¿Qué tareas tiene el Estado en este escenario?
L.E.P: Creo que hay que entenderlo de diferentes maneras. No es lo mismo el Estado local o municipal, que el Estado departamental y nacional. Cada uno tiene una tarea importante y una acción de responsabilidad en función a la garantía al derecho de la educación. Ahora bien, en el Plan Especial de Educación Rural, que ya está diseñado y escrito desde el anterior gobierno, hay planteados una serie de principios claves que buscan dar respuesta a todos los centros educativos desde educación inicial hasta educación superior. Claramente hay unos compromisos allí de calidad e infraestructura para que sea posible.
Un compromiso, en este momento, es que todas las estancias estatales puedan generar acciones de coordinación para articular y fijar metas comunes para que acciones como el PEER puedan generar el impacto que se requiere en las poblaciones más pobres. La tarea del gobierno actual es, justamente, ponerle fuerza, aprobar el PEER, identificar los recursos para llevarlo a cabo y ser el líder en su implementación.
El tema es cómo el Estado da una respuesta en correspondencia a lo que hemos llamado como un momento de coyuntura crítica. Estamos abocados al cierre de una época de violencia y conflicto armado en el país, la cual parece tener su final con la culminación de la negociación de los acuerdos de paz con las FARC-EP (sin que ello implique un estado absoluto de consenso y paz), lo cual nos lleva a la apertura del posconflicto, donde nos enfrentamos al reto de realmente poder construir una sociedad más democrática, siempre con la tarea de no generar unas nuevas violencias que perpetúen o empeoren el estado de las cosas.
P: ¿Algo más por considerar?
L.E.P: Hay un tema que me gustaría agregar. En todas las regiones hay experiencias interesantes de personas que han logrado, en medio de la precariedad, generar estrategias de acción, proyectos educativos vinculados al territorio, a lo cultural y vinculados a una acción que va más allá de lo agropecuario… Entienden lo rural en todas sus manifestaciones: todo lo que tiene que ver con lo empresarial, con la generación de nuevas formas de producción como proyectos turísticos, ambientales y todo hace parte de lo rural. Lo rural no es solo lo agropecuario. Vale la pena que el Estado y los gobiernos locales sigan potenciando todos estos proyectos para que les den relieve y se aprenda de ellos.
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Por: Sergio Mahecha Jaimes – @MajaSergio / Oficina de Comunicaciones Cinep/PPP