Paula Kamila Guerrero García y Rosío González Sandoval son investigadoras del Cinep/PPP del proyecto Emprendimientos juveniles rurales, nuevas identidades y paz territorial, financiado por la Unión Europea. Para esta ocasión, su artículo “Las juventudes rurales: una decisión crucial en la construcción de paz”, publicado en el número 93 de la revista Cien Días, abordó el papel socio-político de los jóvenes del sector rural en el escenario actual de posconflicto. Las autoras esbozan algunas dificultades presentes para estos actores sociales del campo y, a su vez, plantean una serie de iniciativas que pueden servir para que estos jóvenes ejerzan sus derechos y sea visibilizada su ciudadanía.

Pregunta: ¿Cuál es el valor social de la juventud rural dentro del contexto actual?
Paula Kamila Guerrero: Para responder esa pregunta hay que tener en cuenta que el 22 % de los jóvenes en el país, viven en el campo. Es una población considerable. Sin embargo, su valor social no es diferente al del resto de los pobladores rurales. Y con ellos tenemos una deuda muy grande en términos de garantías de derechos fundamentales y de carencias que el Estado no ha podido suplir.
P: ¿Y su papel político?
P.K: El reconocimiento de la importancia política de los jóvenes ha sido un proceso muy lento y limitado a la juventud urbana. Hay que tener en cuenta que los jóvenes del campo son herederos y portadores del conocimiento de los territorios y del conocimiento de sus comunidades. En esta medida, deben ser reconocidos como agentes de cambio con capacidad de opinar, proponer y de decidir sobre esos territorios que habitan. Ellos hacen un aporte muy importante al reinventar y recrear las tradiciones de acuerdo con lo que está sucediendo en el presente.
P: ¿Y qué imágenes se están produciendo, desde los centros urbanos, sobre los jóvenes rurales?
P.K: Hay que tener en cuenta que la juventud ha sido pensada y abordada como un fenómeno urbano. Durante algún tiempo, los estudios de juventud se negaban a la existencia de una juventud rural dada la categoría que se utiliza en el análisis de la juventud conocida como “moratoria social” que hace referencia a ese momento de la vida en el que se postergan las responsabilidades propias de la vida adulta, como tener hijos y trabajar, con la intención de prepararse para asumirlas. Planteado de esa forma, ese es un fenómeno fundamentalmente urbano y de las clases medias. Sin embargo, nosotros creemos en la existencia de una experiencia de juventud diferente en el campo. En términos generales, hay un desconocimiento enorme de los jóvenes rurales y ahí habría que plantear que las experiencias de las juventudes rurales se sitúan en territorios muy específicos, y en medio de relaciones y vivencias muy particulares.
P: Y, ¿cuáles son esas ‘vivencias particulares’?
P.K: Una es la vivencia de la guerra. Los jóvenes que habitan, hoy día, en el campo, han experimentado contextos de guerra. Esa es una experiencia que marca a la juventud rural en la actualidad y que habría que explorar. No sabemos qué pueda gestar esta experiencia de violencia y guerra, partiendo del hecho de que ellos serán los adultos del futuro.

P: Y ahí, ¿Cuál es la relación del Acuerdo Final con la juventud rural?
P.K: El Acuerdo contempla a la juventud en varios puntos. Sin embargo, no hace referencias suficientes a la juventud rural. En términos de juventud rural, hay una relación muy directa con el punto 1 de la Reforma Rural Integral cuando habla de los Planes Nacionales para la Reforma Rural. Allí hay un acápite sobre educación rural que menciona el tema de la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación, con miras a promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo. Esta es, si mal no estoy, la única referencia a los jóvenes rurales. Luego hay otros puntos donde se refiere a la juventud, como el punto 2, sobre participación política, que resalta el papel de la juventud como sector excluido de la política. En el punto 4, de drogas ilícitas, también hay un reconocimiento de la juventud en términos de la población vulnerable. En el punto 5 se abordan en tanto víctimas del conflicto.
Entonces, la incorporación de la juventud en todo el acuerdo es un aporte muy importante, pero es insuficiente para visibilizar e incorporar a los jóvenes del campo en las agendas públicas.

P: Ya que habla de eso, ¿cómo ve el tema de la educación en este sector?
P.K: El tema de la educación es clave cuando se habla de juventud rural. Recientemente, hay un interés por los jóvenes rurales que responde al desocupamiento del campo y al envejecimiento de la población.
De ahí vienen una serie de reclamos hacia el tema de la migración de los jóvenes: a ellos se les juzga como desarraigados y se les cuestiona el vínculo con los territorios en los que viven, bajo la creencia equivocada de que existe una relación de correspondencia entre el arraigo y la permanencia.
Es importante poner esos dos temas en cuestión y evaluar si una cosa lleva a la otra. Habría que tener en cuenta que el modelo de desarrollo del campo, sin mencionar el modelo de desarrollo de la guerra, es el principal responsable de la migración de los jóvenes. También hay que partir de la realidad que el tema de acceso a la educación secundaria no está resuelto en el campo: los índices de asistencia de los niños a los colegios son muy bajos y hay unos niveles de deserción altísimos. Además, el modelo de educación superior está diseñado para que los jóvenes, necesariamente, migren. Un joven que migra para estudiar, es muy poco probable que regrese a su comunidad para trabajar allí. En este sentido, se debe plantear si la educación es un motor, paradójicamente, de abandono del campo.
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P: ¿Y cuál es esa diferencia entre arraigo y permanencia?
P.K: El hecho de tener ‘arraigo’ por un territorio, de tener unos vínculos con ese lugar, de establecer relaciones con las personas que habitan allí, no tiene que ver con el hecho de que una persona decida ‘permanecer’ o no. Hay muchas condiciones que intervienen. Muchos jóvenes, por más que quieran su territorio, deben migrar para poder cumplir sus proyectos de vida. El arraigo está asociado más que todo al tema identitario, mientras que la permanencia está relacionada con las posibilidades y barreras que brinda un territorio.
P: Otro fenómeno que se presenta es el de los embarazos tempranos, ¿cómo ‘leer’ esto?
P.K: En algunos casos la maternidad y la paternidad temprana, aún siendo tempranas, obedecen a decisiones conscientes. En otros casos esa maternidad y paternidad se derivan o reproducen de prácticas que se dan en el campo. Históricamente, las mujeres asumen roles de maternidad desde muy temprano. Sin embargo, esta situación también refleja la incapacidad y dificultad de abordar el tema de la salud sexual y reproductiva en contextos rurales, así como la precariedad del sistema educativo y de salud.

P: Así las cosas, ¿cuáles son los riesgos a corto, medio y largo plazo de no atender a las necesidades de estos jóvenes rurales?
P.K: Lo vería más a mediano y largo plazo… No hay que perder de vista que estamos hablando de una población de aproximadamente 2.6 millones de personas. No atender a sus demandas o hacer caso omiso de las exigencias que hacen, puede tener un costo muy alto para el país si se tiene en cuenta que ellos (los jóvenes) son los responsables de reconstruir lo que queda del campo después de lo que ha pasado durante décadas. Tampoco se puede olvidar que los jóvenes que han crecido en el campo, han estado inmersos en una guerra que no les pertenece.
P: ¿Y los grupos armados también entran en este panorama?
P.K: Sí. Los cuerpos y vitalidad de los jóvenes los convierten en una presa codiciada por los grupos armados, especialmente en regiones como el Catatumbo. Lamentablemente, el proyecto de la guerra se convierte en proyecto de vida para muchos jóvenes porque las opciones legales de sustento son muy reducidas. Entonces, en esa medida, ellos entran a engrosar los ciclos de violencia interminables en las regiones.

P: ¿En materia legal, no bastan las leyes existentes para la protección de la juventud rural?
P.K: En la actualidad existe la Ley Estatutaria 1622 de 2013, que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Este ofrece un marco institucional que, se supone, garantiza a todos los jóvenes del país el pleno ejercicio de su ciudadanía. Igualmente, contempla distintos escenarios de participación y de encuentro para los jóvenes. Sin embargo, el Estatuto presenta un sesgo urbano bastante evidente y la inclusión de los jóvenes rurales es totalmente insuficiente allí. Es insuficiente para responder y atender a las necesidades que surgen de los jóvenes desde sus particularidades en el campo. En esa medida ha habido una precaria visibilidad de los jóvenes rurales en las agendas públicas.
P: ¿Qué cambiar?
P.K: Son varias cosas. Primero, la información disponible de los jóvenes urbanos frente a los jóvenes rurales es bastante desigual. La información de los jóvenes en el campo es muy precaria, y en esta medida no sabemos quiénes son, a qué están orientando su vida y cuáles son sus intereses. Por lo mismo, desde el proyecto Emprendimientos juveniles rurales, nuevas identidades y paz territorial hemos hecho un ejercicio muy interesante con los jóvenes de tres regiones del país: sur de Bolívar, Norte de Santander y Valle del Cauca en el que nos dimos a la tarea, justamente, de conocer y mapear estas nuevas identidades juveniles rurales y sus percepciones.
P: Y, ¿cuáles son las experiencias que la juventud rural ha creado para impulsar sus proyectos de vida y resistir a la guerra?
P.K: Hay muchas experiencias. En el campo se están dando unas muy interesantes. A pesar de que son más las que faltan por hacer, que lo que se ha hecho. Varias apuntan a la reivindicación de los derechos y la defensa del territorio por parte de los jóvenes. Por mencionar un par: en Tibú hay varios colectivos de jóvenes que le apuestan al arte y al deporte para ofrecer espacios de formación y recreación a los jóvenes de este municipio en Norte de Santander, tan afectado por el conflicto armado y en el que los jóvenes han estado muy involucrados. Hay otro colectivo en Pradera, Valle del Cauca, que se llama “Toque 29”. Ellos buscan esparcir arte por todas las veredas del municipio a través de Conciertos didácticos por la vida, para llevarles a todos los niños y jóvenes una forma distinta de esparcimiento desde el arte y la música.
Toque29: acallar con música la guerra
P: ¿Ha habido en estas expresiones formas de movilización social?
P.K: Los grupos juveniles en el Catatumbo usualmente se articulan a las movilizaciones sociales que se dan allí. El Catatumbo es una región muy efervescente, pero hasta ahora no se ha visto una movilización juvenil regional. Esta realidad contrasta, por ejemplo, con las movilizaciones estudiantiles que se han dado en las ciudades principales este 2018. Son expresiones totalmente distintas y además hay niveles organizativos diferentes. Los jóvenes estudiantes urbanos tienen un nivel de organización muy distinto al de los jóvenes en el campo, que son población dispersa, en condiciones de difícil acceso y conectividad. Todo eso le impone retos a la organización de grupos juveniles rurales.

P: ¿A quiénes corresponde la visibilización de los derechos para los jóvenes rurales?
P.K: Hay una tarea fundamental de organizarse y articular esfuerzos y procesos que se están dando. La tarea es de los jóvenes, porque son ellos mismos quienes tienen que articular todo esto para que impacte en la vida de otros jóvenes en el campo y de visibilizarse en las agendas públicas. Tienen todas las capacidades para lograrlo.
P: ¿Qué puede dar la sociedad urbana?
P.K: Reconocimiento, interés, un poco de empatía… en las ciudades somos muy apáticos y centrados en la comodidad de vivir aquí. Un poco de empatía nos invita a pensar en quiénes son los jóvenes que están en el campo y qué están proponiendo para mejorar el país que nos tocó vivir.
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Por: Sergio Mahecha Jaimes – @MajaSergio / Oficina de Comunicaciones Cinep/PPP