Calicanto

Publicado el Hernando Llano Ángel

Una Constitución virtual y nominal

UNA CONSTITUCIÓN VIRTUAL Y NOMINAL

Hernando Llano Ángel

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Desde luego que lo virtual y nominal son reales, pero no de una manera vital. Así lo comprobamos todos los días cuando nos vemos y conversamos a través de internet. Nos alegramos y hasta lograrnos reconciliarnos con la vida, pero todo es efímero, distante y frustrante. Somos imágenes etéreas, casi fantasmagóricas, sin cuerpos, condenados al exilio de nuestros propios sentidos, sin podernos palpar y abrazar. Algo peor sucede cuando dejamos que la vida se nos esfume, atrapados en redes sociales, plagadas de mentiras, prejuicios y odios, en un universo donde el espíritu y la realidad son desplazados por la pornografía y el absurdo.

Una Constitución virtual y virtuosa

Algo semejante nos sucede en Colombia con la Constitución del 91, pues al consultarla y leerla nos sentimos reconciliados y hasta orgullosos por el reconocimiento de nuestra dignidad y derechos. Por ese listado de virtudes y valores que contiene su magnífico Preámbulo y con el cual nos identificamos plenamente, cuyo fin es fortalecer la unidad de la Nación, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Sin duda, admiramos esa capacidad de los delegatarios para enunciar y plasmar en menos de seis meses lo que no hemos sido capaces de realizar, como ciudadanos y colombianos, en más de dos siglos de vida política nacional. Ni siquiera hemos sido capaces de vivir políticamente en paz, sin odiarnos y aniquilarnos, esgrimiendo razones y valores para matar al adversario con la mejor buena conciencia. Recientemente, incluso, invocando la “seguridad democrática” y la misma Constitución y, desde hace más de medio siglo, en nombre de la rebelión y de la justicia social. Pero en ambas circunstancias contra la convivencia y la paz política, esencia de la democracia, esa esquiva realidad al alcance de nuestras mentes y manos si efectivamente cumpliéramos el artículo 22 de la Carta: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Ya casi olvidamos, precisamente, que el mayor logro de la Constitución del 91 fue haber integrado a la vida política nacional un número significativo de organizaciones rebeldes, como el M-19, gran parte del EPL, la guerrilla indígena del Quintín Lame, el PRT y en 1994 la Corriente de Renovación Socialista, además de la entrega de Pablo Escobar con esa tregua efímera pero vital que desactivó el narcoterrorismo. Así como también olvidamos que el mayor fracaso y error político, incapaz todavía de reconocerlo el expresidente Cesar Gaviria, fue el bombardeo al Secretariado de las Farc-Ep, en Casa Verde, el 9 de diciembre de 1990. Una acción bélica (con bombardeo, balas y tumbas) el día en que elegimos (con pocos votos y en urnas) los delegatarios a la Constituyente. Bombardeo que prolongó, según Pablo Catatumbo, la desmovilización de las Farc-Ep hasta el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, el 12 de noviembre de 2016, dejando un lastre de víctimas mortales imprecisables y de millones de desplazados todavía irredentos. Esta es la realidad mortal que contrasta con la virtual y virtuosa de la Constitución, resaltada por delegatorios como Antonio Navarro, María Teresa Garcés, Gustavo Zafra, Rosemberg Pabón y el taita Lorenzo Muelas, en un evento virtual conmemorativo de sus 30 años, realizado por la Universidad del Valle. Una Constitución que, por lo tanto, es más nominal que normativa, pues en lo fundamental no rige en la realidad política, ni regula la economía y la vida social conforme a los principios del Estado Social de Derecho que proclama desde su artículo primero “la prevalencia del interés general” sobre el particular. Mucho menos rige en materia de impuestos donde nos impele como ciudadanos en el artículo 95 numeral 9 a “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. Conceptos que el actual proyecto de reforma tributaria del presidente Duque no aplica al no contemplar gravámenes proporcionales al sector financiero y a las mayores fortunas personales. Para ellos no rigen los imperativos de justicia y equidad, solo las exenciones y ventajas para sus inversiones, mientras grava el trabajo y carga con más IVA a la clase media. Y, en el extremo del cinismo político y retórico, llama a dicha reforma tributaria una “reforma social y solidaria para la sostenibilidad”, mientras derrocha el gasto gubernamental en cuñas publicitarias sobre una supuesta “transformación social sostenible”. De continuar por esta senda de mentiras vamos a desembocar en una “transformación social sangrienta” incontenible, como la que estamos viviendo cotidianamente con el aumento de las masacres, el asesinato de niños, de líderes sociales y de miembros del partido de Los Comunes. Hasta el pasado viernes 23 de abril se habían cometido 30 masacres durante este sangriento 2021, según el registro riguroso de INDEPAZ, que dejan 102 víctimas. En Quibdó fueron brutalmente asesinados tres niños y hasta el marte 20 de abril habían sido asesinados 51 líderes sociales. En cuanto a los firmantes del Acuerdo de Paz y miembros del partido Los Comunes ya son 21 los asesinados. Y esta macabra contabilidad aumenta con el número de miembros de la Fuerza Pública que han perdido la vida en cumplimiento de sus funciones, como los patrulleros de la Policía en Puerto Rico, Caquetá, Ana Beatriz López y Juan David Vela. Este es el resultado de la política presidencial de “Paz con legalidad”, que según las anteriores cuentas debería denominarse “Paz con letalidad”. Una política tan fracasada y nefasta como la de “Prevención y Acción” contra la pandemia, que cada día aumenta el número de contagios y víctimas mortales, en proporción directa a la lentitud de la vacunación. Ya estamos en el tercer lugar en Latinoamérica por número de fallecimientos, con 70.446, y de quintos por casos de contagio, con 251 por 100 mil habitantes.

De una Constitución Nominal a una realidad política vital

Para contener esta deriva necropolítica, la Corte Constitucional en defensa de la Constitución ha proferido sentencias contra lo que ha llamado un “estado de cosas inconstitucional”, como la sentencia de tutela 025 en busca de garantizar los derechos fundamentales a más de 9 millones de desplazados forzosos como consecuencia del conflicto armado interno. Sin duda, tendremos que recorrer este camino de verdades, para pasar de una Constitución Nominal y Virtual a una Constitución Normativa y Vital. Porque bien vale la pena recordar el artículo 16 de la Asamblea Nacional francesa del 26 de agosto de 1789: “Toda sociedad en la cual la garantía de estos derechos no está asegurada ni determinada la separación de poderes, no tiene Constitución”. Y pese a los esfuerzos de la Corte Constitucional y de millones de colombianos, entre los que destacan los líderes sociales, el extenso tejido de organizaciones civiles promotoras y defensoras de los Derechos Humanos, Movimientos Sociales LGBTI abanderados de la diversidad sexual, redes feministas defensoras de su autonomía y derecho al aborto, sumadas a organizaciones populares como las comunidades indígenas del Cauca con el CRIC y la Guardia Indígena, todavía no ha sido posible contener y desarticular los poderes de facto criminales y también los institucionales, que atentan contra la plena vigencia de la Constitución. Es así como hoy el CRIC y la Guardia Indígena están enfrentando valerosamente los narcopoderes que invaden su territorio y convierten la Mama Coca en una mortal mercancía. Para derrotar esos narcopoderes, que solo prosperan con la incompetencia y la complicidad de miembros de agencias estatales, por fin se abre paso en el Congreso una iniciativa legal para el pleno control estatal del cultivo de coca.

Por la regulación estatal y vital de la coca

Iniciativa promovida por los senadores Iván Marulanda y el líder indígena Feliciano Valencia. Sin duda, cuando nuestro Estado tenga la capacidad de regular toda la cadena, desde el cultivo, pasando por la transformación hasta la venta de derivados de la hoja de Coca, la criminalidad corruptora del narcotráfico, que incluso estuvo presente en el origen de la Constitución del 91, será desarticulada con su poder tanático, financiador y corruptor de nuestra vida política, social, económica y cultural. No olvidemos que su presencia ha sido y continúa siendo determinante en la degradación y corrupción de la política institucional, con escándalos como el proceso 8.000, la narcoparapolítica y hoy la ñeñepolítica. Ni hablar de su efecto, todavía más criminal y deletéreo, en la continuidad del conflicto armado interno, con la existencia de ejércitos de narcotraficantes, como las llamadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, comandadas por el huidizo Otoniel, y la persistencia de la “Nueva Marquetalia” de Márquez y Santrich, las disidencias de Gentil Duarte y la federación de frentes del ELN. Por eso nada más urgente y vital que avanzar en la consolidación de un Frente Político y Social que respalde dicha iniciativa, hasta ganar un consenso nacional tan amplio que permita plantear ante la ONUDC y su organismo fiscalizador de sustancias estupefacientes, la JIFE, el fin de la criminal política del prohibicionismo. Esta debería ser una bandera nacional, en lugar de continuar esparciendo el ecocida glifosato sobre los bosques tropicales, atentando contra la vida, salud y dignidad de campesinos, comunidades indígenas y negras. Un Frente Político y Social que emplace a Biden y demás jefes de Estado, tan comprometidos ahora en salvar el planeta, para que apoyen la regulación estatal de la coca, así como se está haciendo con extensos cultivos de marihuana con fines medicinales. Y ningún sector social con más autoridad moral y sufrimiento acumulado para liderar dicho Frente que las comunidades indígenas del Cauca, como lo demostró la lideresa asesinada, Sandra Liliana Peña, gobernadora del resguardo La Laguna-Siberia. Hoy las comunidades indígenas del Cauca nos dan lecciones de coherencia y coraje a todos, pero especialmente a este gobierno mitómano y pusilánime. Son la más clara expresión de un poder civil contra la ilegalidad, el crimen y la corrupción que viene creciendo lentamente desde la séptima papeleta y que se nutre con un mayor pluralismo político y el surgimiento de nuevos liderazgos que ganan las alcaldías en nuestras principales capitales. Quizás así, nuestra Constitución del 91 pronto deje de ser esa hoja de papel, como llamaba Ferdinand Lasalle a las cartas políticas en el siglo XIX, y comience a regir plenamente en todo el territorio nacional sobre los poderes de facto criminales que amenazan y aniquilan la convivencia política y social. Regulación y contención que, obviamente, corresponde a las leyes que  reglamentan la Constitución y a las autoridades que las hacen efectivas, como se pretende en este caso con el proyecto de los senadores Marulanda y Valencia, para que la coca no sea –como nunca lo ha sido— “la mata que mata” sino la que da vida. De esta forma sería arrebatada del control de las manos criminales de los narcos y de la complicidad e ineficiencia de otras muchas manos de políticos maniqueos y de oficiales venales, que defienden a ultranza el prohibicionismo y la guerra contra las drogas, pues provee recursos para campañas políticas y la corrupción. Sin duda, dicho proyecto de ley permitirá que la Carta del 91 transite desde lo nominal y virtual del deber ser a la regulación real y vital del mundo social y político. Que sus principios y artículos no se queden solo en el mundo virtuoso del derecho constitucional e ingresen con eficacia al mundo de la contienda política, donde se define todo en esta tierra, desde cómo vivimos hasta cómo morimos, incluso si pagamos o no impuestos por nuestros funerales, como lo incluye la reforma tributaria de Duque.

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