Calicanto

Publicado el Hernando Llano Ángel

Los «Falsos Positivos» y el horror de la impunidad política

LOS «FALSOS POSITIVOS» Y EL HORROR DE LA IMPUNIDAD POLÍTICA 

(Primera parte)

Hernando Llano Ángel

La cifra de 6.402 ejecuciones extrajudiciales revelada por la JEP en el caso 03, calificado por la Fiscalía General de la Nación como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, es mucho más que un asunto judicial. Es ante todo un asunto político. Por lo tanto, no se trata solo de encontrar inocentes o culpables de semejantes atrocidades, sino más bien de identificar los responsables de una política homicida, ejecutada por agentes del Estado. El problema de fondo no es la culpabilidad penal sino la responsabilidad política. Y en la medida que los líderes políticos y altos funcionarios del Estado persistan en eludir sus responsabilidades, mayor será la gravedad de lo acontecido, pues no solo se profundizará la ilegitimidad de las instituciones, sino la complicidad de miles de ciudadanos con esa oprobiosa criminalidad oficial. Dichos líderes y jefes de Estado podrán, con sus hábiles abogados y su propia argucia política, explicar que nunca dieron una orden en tal sentido y que sus propósitos genuinos eran defender la democracia de un ataque terrorista, pero jamás ordenar ejecuciones extrajudiciales, como lo expresa en su comunicado el expresidente Álvaro Uribe Velez. Y, con este sofisma leguleyo, convencer a millones de ciudadanos de que ellos son víctimas perseguidas por una JEP politizada que protege a los terroristas. Pero esta maniobra de difuminar su responsabilidad política hasta desparecerla en la culpabilidad penal, casi imposible de probar, está llegando a su fin, con la diligente y exhaustiva labor de la JEP.

Verdad histórica y responsabilidad política

Porque de lo que aquí se trata es de la Verdad política e histórica de miles de crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, no de la culpabilidad penal de un jefe de Estado o sus ministros de defensa. Entre otras cosas, porque salvo Hitler y su “Solución Final”, ningún funcionario o líder político suele dejar ordenes escritas o memorandos para la ejecución masiva de crímenes contra civiles inermes.  Pero, además, porque en nuestro país las ejecuciones extrajudiciales se cometen desde muchos años atrás con total impunidad política y, lo más aterrador, siguen ejecutándose con frecuencia. El caso 03 de la JEP comprende las ejecuciones cometidas desde 1985 hasta 2016, como puede leerse en su documentado informe disponible en el portal de la JEP. Habría que recordar las ejecuciones cometidas en el mismo epicentro de la vida política nacional, en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Como la del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, investigada y relatada en forma rigurosa y dolorosa por su hija, Helena Urán Bidegain, en su reciente libro Mi vida y el Palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985”. Y no hay que olvidar que Belisario Betancur y Miguel Vega Uribe, los máximos responsables políticos institucionales de esa hecatombe de la justicia y del Estado de derecho  –que podían haber evitado como lo hizo el expresidente Turbay Ayala durante la toma de la Embajada de la República Dominicana por el mismo M-19–  fueron absueltos por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con el peregrino y falaz argumento de haberse tratado de un “acto de gobierno. Ese juicio que fue incapaz de adelantar el Congreso de la República en 1986, cuya denuncia por violación de la Constitución y el Derecho de Gentes (artículo 121 de la Constitución de 1886) instauró el entonces Procurador General, Carlos Jiménez Gómez, consagró institucionalmente la impunidad política y su perpetuación hasta nuestros días. Una impunidad de un alcance y una gravedad mucho mayor que la penal, pues en cierta forma convierte en cómplice de crímenes de lesa humanidad a toda una sociedad. Crímenes cometidos por agentes del Estado en su nombre, pues muchos gobernantes apelan a la defensa de valores democráticos amenazados por el terrorismo, para adelantar con el respaldo de millones de electores una política de tierra arrasada contra los enemigos de la patria. Tal es el caso de la supuesta política de “Seguridad democrática” liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos períodos, ejecutada diligentemente por dos ministros de defensa, Martha Lucía Ramírez, actual vicepresidenta y Camilo Ospina Bernal, posteriormente nombrado embajador ante la OEA y quien deberá explicar ante la JEP cómo la Directiva 029 sobre pago de recompensas y estímulos por el combate a organizaciones armadas ilegales  terminó amparando miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles inermes. Del paso de tan encumbrada pareja por la Defensa quedaron precedentes nefastos como la operación Orión en Medellín y la fatal Directiva 029, firmada por el mismo Ospina. Con el siguiente ministro de defensa, Juan Manuel Santos, gracias al trabajo diligente y riguroso de su viceministro, Sergio Jaramillo Caro, comenzó la depuración de altos mandos militares, solicitándole al presidente Uribe que fueran llamados a calificar servicio 19 oficiales y 6 suboficiales.

La Matriz de los Falsos Positivos

Para encontrar la matriz de los falsos positivos basta leer el conocido pero casi olvidado MANIFIESTO DEMOCRÁTICO[12], plataforma programática del primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Allí se lee en el punto 33: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. De semejante concepción maniquea de la violencia política no se podía esperar un resultado más nefasto, a tal punto que su mismo mandato terminó incurriendo en terrorismo estatal, como bien lo demuestra el caso 03 de la JEP sobre los falsos positivos: “Según el informe de la Fiscalía, el fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008 e involucró, presuntamente, a integrantes de las fuerzas militares con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos”. Pero para precisar la responsabilidad política del expresidente Álvaro Uribe Vélez y muchos más altos funcionarios públicos e integrantes de la Fuerza Pública, se requieren al menos dos entregas más, ya que esta historia es demasiado dolorosa y compleja, tanto o más que el caso 01 contra el Secretariado de las FARC-EP, cuyos integrantes al menos han tenido la responsabilidad ética de reconocer sus crímenes. Porque de lo que se trata en el caso de funcionarios públicos es de la responsabilidad política, según lo preceptuado por el artículo 6 de nuestra Constitución: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.  Y, sin duda, los falsos positivos son un ejemplo vergonzoso y criminal de extralimitación de funciones con la Directiva 029 y de omisión de control por parte de los superiores, siendo el Presidente de la República el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, según el numeral 3 del artículo 189 de la Constitución Política. Un presidente que, como bien lo demostró Uribe durante sus ocho años, fue en extremo activo y diligente en la ejecución de su política estrella de “seguridad democrática”, aunque ella haya producido un eclipse total del Estado de derecho y un sufrimiento insuperable e irreparable en miles de familias, siendo las Madres de Soacha uno de los colectivos más significativos, pues el presidente Álvaro Uribe Vélez insinuó ladinamente que sus hijos ejecutados  no estarían precisamente recogiendo café.

 

 

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