Calicanto

Publicado el Hernando Llano Ángel

La política colombiana, entre lo sublime y lo abyecto.

LA POLÍTICA COLOMBIANA, ENTRE LO SUBLIME Y LO ABYECTO

Hernando Llano Ángel.

Nuestra realidad política y, por consiguiente, nuestras vidas, se debaten entre lo sublime y lo abyecto. Lo sublime está en nuestra Constitución Política[1]. Lo abyecto en nuestra realidad política. Pero especialmente en la práctica política, que es la negación sistemática de nuestra Constitución. Por eso, los colombianos vivimos en una especie de esquizofrenia política, cuyos principales protagonistas son los políticos profesionales y el papel estelar lo desempeñan nuestros gobernantes. Ellos representan una obra cuyos contornos se diluyen en lo absurdo, lo insólito y lo inadmisible. Una obra teatral que ni siquiera la genialidad penumbrosa de Kafka y la imaginación portentosa de García Márquez hubiesen sido capaz de concebir y escribir. Aunque nuestro nobel, con realismo lúcido, lo expresó en un renglón: “somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad”. Van aquí algunas escenas de la mayor actualidad, realidad y gravedad. El proceso a Uribe, como ejemplo de una pieza judicial casi kafkiana. La inminente fumigación del campo con glifosato, como expresión de una política absurda y criminal. Y el reciente nombramiento de Margarita Cabello Blanco, como Procuradora General de la Nación, una muestra irrefutable de que, para el presidente Duque, la incompetencia y la incondicionalidad política sí pagan.

Un proceso kafkiano

Al parecer, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia va a delegar en conjueces la decisión sobre si la Fiscalía y un juez penal ordinario deben continuar conociendo el proceso que actualmente adelanta a Álvaro Uribe Vélez. No obstante tener los magistrados un reconocimiento del mismo senador Uribe para continuar con su competencia, otorgado cuando éste se desempeñaba como senador, en un trino de julio de 2018: “Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempos que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte. Obviamente que entre las numerosas funciones de un senador no figura la de ser determinador de fraude procesal y soborno de testigos, puesto que todo congresista debe actuar, como lo señala el artículo 133 de nuestra Constitución, “consultando la justicia y el bien común”. Pero también lo es que el origen de su investigación surge cuando, actuando como senador, se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para instaurar denuncia penal contra el senador Iván Cepeda. De tal suerte que hay una relación de causa a efecto en este proceso, cuyo comienzo fue dicho debate sobre la responsabilidad política del entonces gobernador de Antioquia por las numerosas masacres que se cometieron durante su administración. Entre ellas, la de “El Aro”, que acaba de reactivar el ex fiscal Montealegre ante la misma Corte Suprema de Justicia[2]. Masacres cometidas por grupos paramilitares. Más allá de intentar probar la supuesta complicidad y culpabilidad penal de Uribe, asunto temerario, pues para ello se precisaría mucho más que de versiones de testigos –siempre susceptibles de cuestionar y desvirtuar— lo que pretendía el senador Cepeda era que Uribe asumiera su responsabilidad política como gobernador y expresidente por la aplicación de políticas tan nefastas como los “falsos positivos”. Así que estamos ante hechos públicos que, por su magnitud, crueldad y dolor, no se pueden negar. Mucho menos desconocer la responsabilidad política del entonces gobernador y expresidente. Lo que nos conduce a una conclusión abyecta, obvia y muy grave que, todos los colombianos sabemos, pero nos cuesta mucho reconocer y todavía más repudiar: la simbiosis inocultable de la política con el crimen. Simbiosis que sí tuvo la entereza o el cinismo de reconocer el mismo presidente Uribe (el juicio depende obviamente de la mayor o menor afinidad política con el “presidente eterno”) ante un Congreso de cafeteros, cuando le solicitó a sus copartidarios: “les voy a pedir que voten, mientras no estén en la cárcel”[3]. Eran los tiempos de la parapolítica, cuando ignorábamos si teníamos en el Congreso más parlamentarios o presidiarios, aunque cerca de 6O reunían esa doble condición y terminaron condenados por la Corte Suprema de Justicia[4]. Algo realmente insólito e inadmisible en una auténtica democracia, pero comprensible en un régimen electofáctico, donde predominan, legislan y gobiernan los poderes criminales de facto.  Así las cosas, lo que aconteció fue que la política se criminalizó y no se puede afirmar –como lo hacen ahora los abogados de Uribe-que la justicia se politizó. La Corte Suprema de Justicia tuvo que condenar a congresistas que debían su curul al delito de constreñimiento al elector y concierto para delinquir, en asocio con grupos paramilitares. Hubiese prevaricado la Corte al no condenarlos, con el obvio y peregrino argumento de que entre las funciones de los congresistas no figura aliarse con criminales, habiendo ya probado que sí obtuvieron su curul mediante el constreñimiento a los electores e incluso el concierto para delinquir. De allí que la petición del presidente Uribe resulte ética, legal y políticamente inadmisible: “voten, mientras no estén en la cárcel”. Igual que ahora su renuncia a la curul de senador y las maniobras leguleyas de su abogado Granados, demuestran que García Márquez tenía toda la razón cuando escribió, en su proclama “Por un país al alcance de los niños”: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”[5].  Y es muy probable que ello acontezca, si el proceso lo asume la Fiscalía, por la incondicionalidad de Barbosa con el presidente Duque y su lealtad al “presidente eterno”, por encima de nuestra sublime y ultrajada Constitución.

Una política absurda y criminal

Siendo lo anterior muy abyecto, es insignificante, si de nuevo este gobierno recurre al glifosato para supuestamente matar la mata que mata, pues se estaría cometiendo por partida doble un ecocidio y un genocidio. Un ecocidio, al devastar una vez más miles de hectáreas de nuestros bosques tropicales, y un genocidio contra campesinos, comunidades negras e indígenas, al poner en grave riesgo su salud y entorno alimentario. Política absurda, pues pocas plantas más portentosas y naturalmente maravillosas que la coca, como lo demuestran cientos de investigaciones científicas, entre ellas una de la universidad de Harvard[6], que resalta sus valiosas propiedades bioquímicas. Y, a falta de ellas, la milenaria tradición cultural y terapéutica de los pueblos aborígenes, que la mambean cotidiana y ancestralmente para su cohesión comunitaria y vitalidad personal. Lo que cada día mata a los campesinos, indígenas y negros es la codicia y el vicio de quienes convirtieron una planta sagrada en un mercado tanático que funciona mediante redes de corrupción inimaginables, que van desde impecables banqueros, pasando por cínicos políticos y numerosos oficiales y miembros de la Fuerza Pública asociados con bandas criminales. Económicamente los sectores más adictos al narcotráfico son el financiero y la industria militar. El primero, blanquea sus ganancias, como lo hizo hace años el Banco de Occidente en Panamá[7] y el segundo, el militar, potencia su criminalidad. Todo ello terminaría si se renunciara a la “guerra contra las drogas” y se regulara por el Estado el cultivo, transformación y comercialización de la coca, como se hace hoy con la marihuana.  Pero no. El presidente opta por el glifosato y el plomo. Una prueba más de que “El futuro (no) es de todos”, pues para los pobres del campo, como lo manifestó la alcaldesa Claudia López, lo que hay es glifosato y plomo al quedar atrapados en medio del fuego cruzado. Se perpetua así una política absurda y criminal, parecida a la de ayer contra la marihuana, cuando era satanizada y se fumigaba con paraquat, como una mata maldita, pero hoy es cuidada y cultivada como planta medicinal bendita por la industria farmacéutica internacional y nacional. Pero parece que el presidente de “la paz con legalidad” está dispuesto a cambiar su lema por el de “paz con letalidad”, sembrando el campo de más víctimas, las ciudades con más desarraigados y diezmando la precaria salud de comunidades campesinas, indígenas y negras, rociándolas con el “inofensivo” glifosato, que está siendo prohibido en toda Europa[8] y tiene a Bayer en aprietos por las indemnizaciones que debe pagar[9]. Y, para completar la abyección política, y despojar de la función de control a órganos de nuestra sublime Constitución, en asocio con sus mayorías cómplices en el Congreso, promovió un nombramiento descabellado en la Procuraduría General de la Nación.

Un nombramiento inadmisible y descabellado

Era constitucionalmente deplorable, aunque políticamente previsible, el nombramiento de Margarita Cabello Blanco como Procuradora General de la Nación, no solo porque así consolidaba el presidente Duque un entramado de incondicionales amigos a su disposición en los órganos de control, sino por la forma como con ello estimula y reconoce la mediocridad y la incompetencia en altos cargos del Estado. Las ejecutorias de Cabello Blanco en el ministerio de justicia son vergonzosas: como máxima responsable del sistema penitenciario no evito su deterioro y una masacre desmesurada en la cárcel Modelo[10], corrijo, una serie de homicidios múltiples con un saldo de por lo menos 23 muertos y 80 heridos. Y, como coordinadora de las gestiones judiciales para la extradición de Mancuso, en asocio con la Cancillería, fue incapaz de presentar oportunamente una solicitud que fuera legalmente aceptada por el Departamento de Estado norteamericano. Valdría la pena que el presidente Duque repasara la entrevista a Álvaro Gómez Hurtado en la revista Diners, número 303, en junio de 1995, donde su admirado y querido maestro, describe así el régimen político colombiano: “El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna. El régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra”. Y el discurso de Margarita Cabello en el Congreso, después de su elección, parece asegurar a ese “conjunto de complicidades” su reinado impune, al decir: “Señores senadores y senadoras, no voy a ser factor de crispación, de enfrentamiento o pugnacidad —ya hay muchos haciéndolo equivocadamente—, a ello no me convoquen; yo quiero unir, articular, quiero impulsar para acertar. Más parece un discurso de campaña electoral.  Olvida la nueva Procuradora consultar el artículo 277, numeral 6, de nuestra Constitución, que le impone la función de: “Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”. Lo que significa que Cabello Blanco no podrá evitar, eventualmente, ser un “factor de crispación, enfrentamiento o pugnacidad en desarrollo de sus investigaciones disciplinarias contra la corrupción, el abuso de poder o la negligencia gubernamental. Pero no será así. Ella llega a la Procuraduría a “unir, articular, impulsar, para acertar”. En fin, parece que nos esperan niveles de abyección política más inciertos y peligrosos que los presentes en la “nueva realidad”. Una realidad donde las dinámicas de la bolsa y el mercado se pueden imponer sobre la vida y la salud de miles, si no somos personas responsables con nuestro cuidado y el de los demás, y empezamos a actuar como ciudadanos políticamente exigentes, reacios a seguir tolerando esta ópera bufa donde la política y la criminalidad se han fusionado.

[1]“PREÁMBULO: El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: Constitución Política de Colombia”.

[2] https://www.semana.com/semana-tv/semana-en-vivo/articulo/eduardo-montealegre-denuncia-penalmente-a-alvaro-uribe-por-masacre-del-aro/696988

[3] https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3

[4] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[5] https://diariodepaz.com/2018/10/10/por-un-pais-al-alcance-de-los-ninos/

[6] https://ciseiweb.wordpress.com/2018/09/13/hoja-de-coca-la-planta-mas-completa-del-universo-en-nitrogeno-no-proteico-elimina-las-toxinas-y-patologias-del-cuerpo/

[7]https://www.semana.com/nacion/articulo/la-punta-del-iceberg/11643-3

[8] https://www.dw.com/es/alemania-eliminar%C3%A1-uso-del-glifosato-a-fines-de-2023/a-50291849

[9] https://www.dw.com/es/el-glifosato-y-la-pandemia-hunden-resultados-de-bayer/a-54429392

[10] https://www.semana.com/nacion/articulo/en-exclusiva-masacre-carcel-la-modelo-pruebas-del-amotinamiento-carcelario/677853

 

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