¿De dónde venimos? En Colombia nos demoramos 150 años para negociar la guerra civil más prolongada de Occidente. El problema radicaba en que librábamos una guerra de una sola parte: los “malos”. (Porque la «otra parte» ¡éramos nosotros mismos!)[i]
Y, peor, porque entre los “nosotros mismos” había una minoría de buenos, pacifistas e inocentes grancolombianos, curiosamente dueños del poder gamonal costeño, paisa, vallecaucano y de otros municipios. Los «buenos».
“¡Así no se puede!” (reclamaban los que “sí habían podido”). “No negociaremos con asesinos” (gritaban otros asesinos). “¡Con mi honra no se juega”! (Advertían unos deshonrados).
Todas estas lenguas inflamadas cayeron sobre JM Santos cuando, por fin, logró sentar al Estado a negociar con las FARC (con referendo de ñapa)[ii].
Ahora el Senador Iván Marulanda se expondría, guardadas proporciones, a unos riesgos similares. En un acto de escasa inteligencia, en hablando de narcotráfico, acaba de radicar en la Secretaría del Senado, un proyecto de ley para que el Estado se haga el único comprador y vendedor de hoja de coca y sus derivados dentro de Colombia[iii].
Uno de los puntos álgidos del proyecto, impediría que los compradores «ilegales» tuvieran acceso a esas mercancías. El blog evalúa la posibilidad de que esta parte del planteamiento amenace convertirse en un tiro en el pie.
Comenzando muy bien por donde pocos han comenzado, esto es, por plantear que la hoja de coca y sus derivados son mercancías que se transan en los mercados incurriendo en costos y recibiendo un precio, de aprobarse esa regla de juego el proyecto arrancaría por donde, hasta hoy, casi todos han terminado: en el fracaso.
¿Quién domina actualmente el mercado? Los narcotraficantes, por supuesto. El precio de mercado interno de estas mercancías lo imponen los ilegales porque, dueños de un poder militar semejante al estatal, deciden dónde, a quién, cuándo y a qué precio comprar (y vender).
El proyecto ningunearía a los narcotraficantes. Si como producto de esta posible ley, el Estado como único vendedor bloquea sus ventas hacia los “ilegales”, sólo lograría disparar el precio de la mercancía por encima de los precios actuales. Y disparar la violencia actual, por supuesto.
Simplemente porque los “ilegales”, producto de leyes que no cumplen – por eso son ilegales- no van a dejar de serlo de la noche a la mañana. Sus ganancias son de tal magnitud, que comprarían a cualquier precio rompiendo los diques que pretendería edificar este modelo.
Para no ir lejos “Un kilogramo de cocaína se vendería en Europa a $214 millones de pesos. Mientras que un kilogramo de yuca se vende en Colombia a $3.000 pesos, más o menos, a un precio setenta y un mil (71.000) veces menor.”[iv]
Se profundizaría el mercado ilegal. Si no les vende a los ilegales, el Estado monopolizador de la mercancía profundizaría el mercado ilegal hacia honduras peores que las actuales.
Y el probable árbitro estatal no podría arbitrar un partido que el Estado nunca ha ganado hasta ahora porque, precisamente, suele caer en trampas como esta de invisibilizar a los ilegales (tampoco las FARC «existían»… ¿Recordamos?).
Se mataría de nacimiento al mercado legal. Si la ley, a la par, establece ventas sólo a comerciantes “legales”, probablemente los ahora dueños del mercado ilegal asfixiarían al legal imponiendo sus condiciones. La ley podría nacer sana pero moriría en el mercado.
Se induciría una más grande corrupción. La fórmula le abriría una puerta a una peor corrupción. El árbitro estatal no sería capaz de administrar ni el frágil mercado legal ni mucho menos el mercado negro. Compitiendo con el tristemente célebre Plan Colombia, el Estado seguiría siendo una especie de espantapájaros intentando detener un tsunami.
La presión de compra de los ilegales -si invisibilizados-, induciría fenómenos de este tipo: a. Los ilegales sobornarían a los compradores legales (¿autorizados?); b. Los sobornados legales también sobornarían a los nuevos agentes del Estado (más «amiguismo»); c. También los ilegales sobornarían directamente a los agentes-árbitros del Estado (más corrupción); d. El precio de la mercancía vendida por el Estado, que el proyecto bien lo sugiere como “de mercado”, terminaría siendo dominado por el del mercado negro (con sus negativos efectos colaterales).
El tsunami de sobornos asfixiaría al agente estatal. Este mercado siempre ha sido ilegal (y corrupto) por definición. El precio FOB de la mercancía (precio en puerto de exportación colombiano) ya es tan alto porque incluye sobornos a policiales, militares, jueces, transportadores, banqueros, etc., todos muy “legales”[v].
Por esta razón la presunta agencia estatal operadora de la fórmula, parasitando del soborno elevaría los precios FOB de la mercancía exportable agregándole el valor de estas coimas.
Se multiplicaría el número y tipo de víctimas. A esos mucho mayores precios, los adictos colombianos resultarían perjudicados -siendo unos a quienes la ley pretende beneficiar- e igualmente resultarían perjudicados los extranjeros. Ambos grupos de adictos incurrirían en más graves delitos para comprar una droga más cara. También el problema de salud se agravaría.
Se engañaría (otra vez) al campesinado cocalero. Como solemos hacerlo, si la ley cae en el ninguneo ilegal el campesinado, que nada pide, terminaría siendo de nuevo engañado, vería frustradas sus actuales fuentes de ingreso, aumentaría su asociación con los ilegales o incrementaría su vinculación directa al narcotráfico.
Entonces ¿Qué hacer? En algún momento la fórmula debería contemplar el diseño y ejecución de una especie de “proceso de paz” con los narcotraficantes.
- En ese proceso, el Estado les aceptaría como compradores (inclusive pagando el IVA);
- Este mecanismo disminuiría su grado de ilegalidad a «justas proporciones» (biblia de Turbay Ayala);
- Como el precio va a ser uno de monopolio, el mercado tendería a estabilizarse dado que los exportadores tenderían a enviar su mercancía a menores precios (elevando su competitividad y disminuyendo sobornos, sicariato, soplones, incautaciones, etc.);
- Los procesos de exportación de otras mercancías elevarían significativamente su velocidad;
- Esas mercancías exportadas, también serían recibidas con menos obstáculos aduaneros;
- Las partes podrían acordar un período de transición desde la ilegalidad hacia la legalidad;
- Se establecerían fórmulas judiciales, también de transición, para juzgar a los ilegales que, durante o después de un plazo determinado, continúen ejerciendo su oficio por fuera de la Ley.
- El marco constitucional de estas reglas podría ser esbozado por el proyecto de ley.
*Algunas ideas puestas sobre la mesa en diálogo con el economista Lorenzo Uribe ([email protected])
[i] www.elespectador.com/blogs/politica/bernardo-congote/vomitemos-estos-sapos/
15 jul 2018
[ii] Congote, B. (2015). Especulación sobre los riesgos de negociar la paz con base en reglas de juego culturalmente violentas…” Tunja: Revista Derecho y Realidad, V. 13 No. 26, Págs. 99-120-
[iii] Agosto 25 2020. El blog, hasta ahora, sólo ha revisado parcialmente el proyecto de ley.
[iv] http://blogs.elespectador.com/politica/bernardo-congote/inundacion-cocalera-mentiras
26 jun 2018. Cálculos del blog.
[v] La policía no sólo está corrompida en los CAI… Ni los generales se han hecho multimillonarios “salvando la Patria” …