¿Es necesario asignar escoltas a los concejales de Bogotá?

Siempre he creído que el servicio que presta la Unidad Nacional de Protección debe ser para las personas que, sin importar su cargo, estrato, condición sexual, religión, etc., se configuren amenazas contra su vida por razón de su oficio o profesión.

Por lo anterior, no me opongo a que se otorgue el servicio de protección a líderes sociales, defensores de derechos humanos, incluso también a los políticos sobre los cuales se compruebe que existen riesgos contra sus vidas, bien sea por su oficio o porque de alguna manera su labor se está configurando como una amenaza a los intereses de alguien que ejerce actividades legales o ilegales.

El problema es que en un país como el nuestro, con una sociedad como la nuestra, este servicio que presta el Estado, hoy se encuentra desvirtuado en muchos casos, al punto en que el solo hecho de llegar a determinado cargo ya es razón para inmediatamente otorgar una o dos camionetas de lujo con mínimo cuatro escoltas, cuestión que hoy en la psicología del colombiano se toma como un asunto de estatus.

Y es que entre más carros y escoltas se tenga, la persona cree o considera que adquiere mayor estatus social y mayor respeto ante la sociedad. Es así como en mi vida periodística he tenido que ver como algunos personajes salidos de la nada pero que por una u otra razón se les ha otorgado este servicio, aumentaron su ego y vanidad, al punto en que los momentos en que se ha evaluado si aún tienen riesgos contra su seguridad han puesto el grito en el cielo no por miedo a ser asesinados, secuestrados o desaparecidos, sino porque temen perder el supuesto nivel de vida social.

Conozco además el caso del hoy superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien ejerciendo como concejal de Bogotá, visitó el Hospital Santa Clara, no se le permitió la entrada porque no le conocían y además, porque no tenía, lo que para ellos era el distintivo de un cabildante de la capital del país, es decir, una camioneta de lujo con un policía escolta (Ver video).

Considero muy oportuna la Acción Constitucional Popular con Medida Cautelar interpuesta en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el abogado Camilo Araque, quien pide suspender los efectos del convenio, contrato o acto administrativo que permite la asignación de esquemas de seguridad a los concejales de Bogotá, que, aclaro, no son las 45 personas que componen la Corporación porque algunos tomaron la decisión unilateral de no aceptarlo.

No desconozco que, en el pasado, algunos concejales de Bogotá hayan visto comprometida su seguridad, tal es el caso de Aída Abella cuando ejerció como cabildante en nombre de la Unión Patriótica; Antonio Sanguino y Hollman Morris, quienes llegaron al cargo con amenazas contra sus vidas y que, en la actualidad, por su labor como activistas de derechos humanos, personas como Heydi Sánchez y Julián Rodríguez Sastoque, se les deba mantener. Incluso a Julián Uscategui, quien defiende la labor de las Fuerzas Militares y de Policía, oficio que lo pone en el ojo del fusil de los grupos ilegales.

Sin embargo, debo decir que sí me parece bastante curioso que personajes como Juan Carlos Flórez, Susana Muhamad y Angélica Lozano quienes fueron concejales supramamente visibles no aceptaron ni carro ni escoltas. Flórez se transportaba en TransMilenio; Muhamad en bicicleta y Lozano en taxi, y nunca les sucedió algo. Actualmente, Daniel Briceño es de los pocos que fácilmente se identifica a simple vista, y por supuesto no utiliza esquema de protección y nada le ha sucedido.

Sin embargo, muchos de quienes son concejales de Bogotá consideran que son visibles e importantes para el mundo entero, pero no han entendido que una cosa es creer ser y otra ser. Lo cierto es que no es lo mismo presentar un proyecto de ley o acto legislativo que pise los callos de la corrupción, rentas ilícitas o de los grupos ilegales, que poner a discusión de una corporación local, proyectos de acuerdo que involucran temas urbanos que en caso de aprobarse no obliga a un debido cumplimiento porque no tienen fuerza de ley y que así se los implemente, operan únicamente para Bogotá.

Considero importante y necesario revisar el criterio con el que se otorga un esquema de seguridad a los concejales de Bogotá, porque al fin de cuentas, es con recursos de los ciudadanos que se paga cada escolta, que en muchos casos terminan haciendo el mercado y pagando los recibos de sus protegidos; llevando a sus hijos al colegio y lo que es peor, transportando a sus esposas al salón de belleza.

Oscar Sevillano