Cuando la justicia actúa sobre un criminal como Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la organización criminal conocida como La Inmaculada, lo que uno espera es que quienes aspiran a manejar los destinos del país celebren este tipo de decisiones. Sin embargo, al parecer, este no es el caso de la candidata presidencial Vicky Dávila.
El día en que este criminal fue extraditado a los Estados Unidos, Vicky Dávila citó a una rueda de prensa para dar a conocer unos audios en los que Pipe Tuluá asegura que realizó aportes en dinero a la campaña de Gustavo Petro, a través de su hermano, Juan Fernando Petro.
La primera pregunta que surge es: ¿por qué Vicky Dávila hace esta denuncia justo el día en que se extradita a Pipe Tuluá? ¿Acaso a la candidata le molestó el envío de este criminal a la justicia de los Estados Unidos?
Dice Vicky Dávila en su discurso que es necesario fortalecer la lucha contra el crimen organizado, que hay que actuar con firmeza contra la ilegalidad y que Colombia no puede arrodillarse ante la delincuencia.
Pues bien, mi querida candidata: extraditar a un personaje como Pipe Tuluá es una muestra fehaciente de que la justicia en Colombia actúa, en este caso, contra un criminal de alto nivel. No se trata de alguien de poca monta, pues incluso desde la cárcel seguía dando órdenes a sicarios y a otros actores criminales que controlan economías ilegales en el Valle del Cauca. Además, continuaba liderando a La Inmaculada, organización responsable de extorsiones, secuestros, asesinatos, tráfico de drogas, tráfico de armas y otros delitos.
Debe saber la aspirante presidencial que, antes de dar a conocer audios como estos, es necesario analizarlos e indagar sobre la intención detrás de la grabación: ¿quién la hizo?, ¿por qué y para qué la hizo? y, lo más importante, ¿qué pruebas aporta?
No se puede salir llevada por las emociones y las pasiones frente a micrófonos y cámaras, haciendo señalamientos de esta gravedad sin aportar pruebas que respalden su veracidad. Lo único que se logra con ello es quedar ante la opinión pública como si se fuera un títere de un delincuente, cumpliendo el mandado de llevar y traer razones.
Un asunto que me causa bastante curiosidad de la derecha política en Colombia es el siguiente: cada vez que exparamilitares como Salvatore Mancuso afirman que el expresidente Álvaro Uribe fue cercano a ellos y que las AUC votaron por él, de inmediato los políticos que simpatizan con el exmandatario salen en su defensa diciendo que a un criminal no se le puede creer.
Siendo así las cosas, le recuerdo a Vicky Dávila que Pipe Tuluá también es un criminal. No entiendo entonces cómo, en este caso, sí hay que creerle, pero cuando señalan a Uribe Vélez no hay que hacerlo. ¿Acaso existen delincuentes “buenos” a los que se les debe creer y delincuentes “malos” a los que no?
La justicia tiene la obligación de establecer si esta serie de rumores y declaraciones, en las que se asegura que la campaña Petro Presidente recibió dineros de actores ilegales, son ciertos o no. Mientras tanto, a los colombianos nos corresponde acatar sus decisiones, nos gusten o no.
Y si a la candidata Vicky Dávila no le gustó la extradición de alias Pipe Tuluá a los Estados Unidos, que nos diga entonces cuál es la razón de su molestia.
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