Una nueva controversia ambiental y social sacude al departamento del Putumayo, tras la publicación del borrador de una resolución por parte de la Corporación Autónoma Regional CorpoAmazonía, que propone declarar el 70% del territorio como reserva natural. La iniciativa ha generado opiniones divididas entre la comunidad, polarizada entre quienes respaldan la conservación ambiental y quienes defienden el desarrollo económico impulsado por la industria extractiva.
El documento fue puesto a disposición del público para comentarios, pero ya ha encendido el debate regional. Líderes sociales, congresistas y veedurías ciudadanas advierten sobre posibles afectaciones a las comunidades indígenas y campesinas, y reclaman la realización de una consulta previa antes de tomar cualquier decisión.
Exigen consulta previa
El representante a la Cámara Carlos Ardila manifestó que esta no es una situación nueva para el departamento y que, históricamente, este tipo de decisiones ha generado tensiones. El congresista considera fundamental que se escuchen las voces de las comunidades antes de avanzar en una decisión de tal magnitud.
En la misma línea se pronunció Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, quien advirtió que se estarían vulnerando derechos fundamentales al omitir este proceso obligatorio. Según Bustos, la medida “podría favorecer intereses particulares y dejar en el desamparo a campesinos e indígenas que dependen directamente de este territorio”.
El consultor y experto en temas de consulta previa, Fernando Álvarez, estima que en el proyecto del acto administrativo de la Corporación Autónoma de Corpoamazonia, “por medio de la cual se compilan y actualizan las Determinantes Ambientales para el Municipio de Mocoa en el Departamento del Putumayo y se toman otras determinaciones” se debe tener en cuenta a los pueblos étnicos que estén dentro de su rango de aplicabilidad territorial, es decir a los pueblos indígenas por medio de la Consulta Previa.
Álvarez dice que por cuanto la actualización de las determinantes ambientales del municipio que propone el ente territorial, “es un acto administrativo que puede tener un impacto de afectación directa sobre el territorio colectivo de los distintos pueblos allí establecidos
“Por lo tanto, “Cualquier medida que pueda modificar las condiciones ambientales del territorio debe ser sometida a un proceso de consulta previa, ya que afecta los derechos e intereses de estas comunidades”, puntualiza.
La reconstrucción de Mocoa también entra en debate
El reclamo por la consulta previa también ha alcanzado al proceso de reconstrucción de Mocoa, capital del departamento, cuyo proyecto de vivienda ha estado paralizado por más de ocho años tras la tragedia de 2017 y hoy, gracias a la labor que ha desarrollado la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo, se logró destrabar y se busca completar las 909 viviendas inicialmente proyectadas.
Sectores sociales insisten en que esta obra también requiere consulta previa, ya que podría afectar la vida y el entorno de comunidades indígenas ubicadas tanto en el casco urbano como en las zonas rurales de Mocoa.
Llamado al diálogo
Ante la creciente división, se hace urgente la apertura de un diálogo amplio e incluyente que permita conciliar posturas y garantizar que tanto la protección ambiental como el desarrollo regional se realicen con pleno respeto por los derechos de las comunidades. El futuro de Putumayo y de su capital Mocoa depende, en gran medida, de encontrar un equilibrio entre conservación y desarrollo.
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