La culpa es de los taxistas

No sé lo que podrá estar ocurriendo en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, entre otras, pero lo que sí es cierto —y nadie puede negarlo— es que en Bogotá existe desconfianza y prevención hacia el transporte en taxi. Esto no solo se debe a los hechos de inseguridad en los que se han visto involucrados conductores de este servicio de transporte urbano, sino también a los constantes abusos en el cobro de las carreras.

Podrán decir los taxistas y las empresas que no todos son así, que, así como hay conductores abusivos, también los hay honrados, y que estos son muchos más. No dudo que sea cierto. El problema es que hay un viejo y conocido refrán que dice: “Cría fama y acuéstate a dormir”.

Si el uso del servicio de transporte urbano individual a través de plataformas ha aumentado de manera exponencial, mucha responsabilidad recae en los propios taxistas.

Hablemos las cosas como son: de cada diez taxis que circulan en Bogotá, ocho son conducidos por personas que no son sus dueños. En la capital del país se ha vuelto común el alquiler de estos vehículos, por los que se debe pagar una cuota bastante alta como producido, quedando el resto para el conductor del turno.

De esta manera, el propietario del taxi pone el vehículo, muchas veces, en manos de un desconocido, de quien poco sabe y sobre quien desconoce si realmente prestará un buen servicio o si, por el contrario, utilizará el carro para cometer alguna fechoría.

Lo anterior, sumado a los cobros abusivos por parte de algunos conductores que alteran el taxímetro, ha provocado una desconfianza en la ciudadanía que, lejos de disminuir, aumenta cada vez que se conoce un caso de “paseo millonario” en el que está involucrado un taxi.

Por supuesto, la consecuencia de esta situación es que gran parte de los bogotanos prefiera utilizar servicios de transporte a través de plataformas, no necesariamente porque sean más económicos, sino porque ofrecen una mayor percepción de seguridad y transparencia en las tarifas.

Si los bogotanos se inclinan por este tipo de servicios —llámense Didi, Uber u otros—, en buena medida es porque los mismos taxistas, con ciertas prácticas reiteradas, han contribuido a generar la desconfianza ciudadana y el consecuente traslado de los usuarios hacia estas alternativas.

Lo más llamativo de este panorama es que, aun con la evidente pérdida de usuarios, no se percibe una intención real de cambio dentro del gremio. Es como si a las empresas que los agrupan poco les importara la situación, y tampoco se observa en muchos conductores una voluntad clara de mejorar y corregir. Se asemejan, en cierta forma, a aquellos políticos que, aun sabiendo que las dinámicas de comunicación han cambiado radicalmente desde los años 80, se resisten a modernizarse.

En este contexto, resulta urgente que tanto las autoridades como los gremios del sector asuman un papel más activo en la regulación, supervisión y transformación del servicio. No basta con defender la legalidad del taxi tradicional; es necesario garantizar condiciones reales de seguridad, transparencia y calidad que permitan recuperar la confianza de los usuarios.

De lo contrario, el desplazamiento hacia las plataformas digitales continuará siendo inevitable. En un entorno donde el ciudadano prioriza su seguridad y su bolsillo, el servicio que no evoluciona está condenado a quedarse atrás. La pregunta no es si el cambio debe ocurrir, sino si quienes hoy integran el gremio de taxistas están dispuestos a hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

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