De acuerdo con la congresista, La Contraloría General de la República realizó en 2022 la auditoría especial para determinar el debido cumplimiento de las vigencias 2018-2022, en donde encontró dieciocho (18) hallazgos administrativos, de estos quince (15) tienen una presunta incidencia disciplinaria, cinco (5) una presunta incidencia fiscal y una (1) por una presunta incidencia penal. Por un valor aproximado de $20.769.518.335,68.

En aquel entonces se evidenció se evidenció en la Gestión Documental, un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la gestión y organización documental, y el incumplimiento del deber de salvaguardar la información”.

En la denuncia, Peralta alerta porque la liquidación de los contratos números 179 de 2016, 377, 212, 465, 240 de 2015, 092 y 644 de 2014 el órgano de control determinó lo siguiente: “Se valida el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no haber liquidado los contratos de mutuo acuerdo o unilateralmente en los términos establecidos por la ley, contraviniendo principios administrativos y contractuales”.

Para la congresista, resulta ilógico que con estos y otros antecedentes señaldos en los diferentes informes del órgano de control fiscal en donde se evidencias diferentes irregularidades administrativas, se le siga dejando el suministro de un servicio básico para el buen vivir de los seres humanos como lo es el agua potable a una firma como ESEPGUA S.A. E.S.P.

“No es posible que nuestra gente siga muriendo de sed, mientras hay una mala gestión de los recursos; mientras hay incumplimientos en los contratos. la empresa ESEPGUA manejó alrededor de 300 mil millones de pesos y sin embargo, no llega el agua a los hogares de los Guajiros; la pregunta es: ¿dónde están esos recursos?”, afirmó la senadora Peralta.

La senadora Martha Peralta pide a la Contraloría decretar medidas cautelares para evitar que se sigan perdiendo los recursos públicos invertidos en esta contratación.

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