La Fundación para la Promoción y Defensa de los Derechos Colectivos (Funprodeco) lanzó un llamado urgente a la opinión pública, los entes de control y la justicia colombiana para evitar que posibles intereses particulares utilicen mecanismos institucionales con el fin de desprestigiar a Ecopetrol, la principal empresa estatal de petróleo y gas del país. A través de un comunicado firmado por su director ejecutivo, el ingeniero de petróleos y veedor minero-energético Herman Gustavo Garrido Prada, la organización expresó su preocupación frente a lo que considera una “estrategia de manipulación mediática y judicial” en curso.
El pronunciamiento de Funprodeco surge luego de conocerse una denuncia anónima que, según información preliminar, fue enviada recientemente a la junta directiva de Ecopetrol y a la Fiscalía General de la Nación. En la misma se hace referencia a una presunta reunión en Europa, vinculada a ofrecimientos irregulares relacionados con un megaproyecto gasífero en el campo Chuchupa, una de las zonas clave para la producción de gas natural en el país.
Lo que ha despertado las alarmas en Funprodeco no es únicamente el contenido de la denuncia —cuyos detalles aún no han sido confirmados oficialmente—, sino el hecho de que, casi de manera simultánea, fragmentos de esa información han comenzado a circular masivamente a través de cadenas de WhatsApp dirigidas a empleados de Ecopetrol y periodistas. Este fenómeno, según la fundación, sugiere una posible intención de presionar mediáticamente sin contar con pruebas verificables.
“Nos preocupa que, sin haberse adelantado una verificación exhaustiva o una investigación formal, el contenido de la denuncia se esté utilizando para generar una percepción pública negativa sobre Ecopetrol. Este tipo de acciones podrían formar parte de un intento deliberado por desestabilizar la credibilidad de la empresa en un momento estratégico para el sector energético colombiano”, señaló el ingeniero Garrido Prada.
El campo gasífero de Chuchupa, ubicado en el departamento de La Guajira, representa una fuente fundamental para el abastecimiento de gas en Colombia. Cualquier especulación sobre proyectos en esa región no solo tiene implicaciones económicas, sino también geopolíticas y sociales. Por ello, Funprodeco advierte que las denuncias anónimas, si bien deben ser consideradas, no pueden ser tratadas como verdades absolutas sin el debido proceso de investigación y contraste de información.
En su comunicado, la fundación hace un llamado “respetuoso pero firme” a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y los órganos de control del Estado para que actúen con independencia, transparencia y rigor. Funprodeco insiste en la necesidad de evitar que la justicia colombiana se convierta en un instrumento de presión política o de intereses económicos particulares.
“La institucionalidad no puede prestarse para convertirse en un escenario de litigio mediático. La justicia debe ser ciega frente a presiones externas y debe priorizar la verdad y la legalidad por encima de especulaciones o rumores difundidos en canales informales”, añade el documento.
Asimismo, la fundación hizo énfasis en la importancia de proteger el patrimonio colectivo representado por Ecopetrol, una de las empresas más estratégicas del país y pilar fundamental del desarrollo energético. “Debilitar su imagen con información no verificada, basada en denuncias anónimas, no solo representa un riesgo para su operación, sino también para la confianza de los ciudadanos y del mercado”, advirtió Garrido Prada.
Por último, Funprodeco invitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a asumir una postura crítica y prudente frente a este tipo de situaciones. La desinformación, cuando es replicada sin contrastes ni análisis riguroso, puede convertirse en un arma peligrosa que afecta la estabilidad institucional y económica del país.
“La transparencia es un valor fundamental en toda democracia, pero no puede confundirse con el juicio mediático ni con el uso interesado de las redes sociales para crear estados de opinión sin sustento. Pedimos a los organismos competentes que investiguen con seriedad y que la ciudadanía no se preste para replicar rumores que aún no han sido corroborados”, concluyó el comunicado.
Con este llamado, Funprodeco se suma a otras voces que piden cautela frente al manejo de información sensible sobre empresas del Estado, insistiendo en que la defensa del interés colectivo exige procesos justos, objetivos y libres de interferencias externas.