Las nuevas denuncias radicadas ante la Fiscalía y la Procuraduría responden justamente a esta preocupación. Lo que allí se expone no son simples observaciones administrativas, sino posibles violaciones a principios esenciales de la contratación pública: omisiones en la publicidad obligatoria en el SECOP II, actuaciones por fuera del manual interno, cambios a indicadores financieros sin sustento técnico y deficiencias notorias en la etapa de “claridades”. Cada uno de estos elementos, por sí solo, sería grave; en conjunto, configuran un escenario que debe ser investigado con la mayor seriedad.

Las inquietudes se profundizaron después de las visitas de la Procuraduría los días 13 y 18 de noviembre, que evidenciaron falencias críticas en la planeación del proyecto, como la ausencia de una actualización del Plan Maestro de Alumbrado Público y la carencia de insumos técnicos indispensables. A ello se agrega un contrato de $2.800 millones con la firma Moreno Servicios Legales S.A.S., cuyo resultado, según reconoció la misma empresa ante el ente de control, no fue recibido a satisfacción por EMCALI. ¿Cómo avanzar en un proceso de esta magnitud sin resolver antes semejantes deficiencias?

Las denuncias piden que se investiguen las actuaciones de todos los funcionarios que participaron en la estructuración y dirección del proceso, incluidos el gerente general Roger Mina y la secretaria general Guadalupe Guerrero. No se trata de prejuzgar, sino de garantizar que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad actúen dentro del marco legal y administrativo que les corresponde.

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El análisis técnico y jurídico que respaldó estas denuncias fue realizado por un equipo independiente de abogados, peritos y expertos en contratación pública, entre ellos el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera. Según explicó Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, el material revisado —documentos oficiales, visitas de organismos de control y hechos verificables— permitió sustentar denuncias sólidas orientadas a proteger el patrimonio público. Esa es, en últimas, la esencia de una veeduría ciudadana responsable.

A finales de noviembre, EMCALI anunció la suspensión temporal del proceso. Sin embargo, la posibilidad de reactivarlo sin atender a fondo los hallazgos conocidos genera una inquietud legítima. Suspender no es corregir, y lo que está en juego exige más que simples ajustes superficiales.

Hoy más que nunca, la Veeduría reclama —y la ciudadanía también debería hacerlo— la entrega completa e inmediata de toda la información requerida. EMCALI tiene la obligación de garantizar un proceso diáfano, ajustado a la ley y libre de cualquier interferencia indebida. La confianza pública no se preserva con comunicados, sino con decisiones claras, firmes y transparentes.

El alumbrado público no puede convertirse en una sombra sobre la administración.