¿Dará respuesta el Congreso al hambre de los estudiantes universitarios?

En Colombia, el hambre se ha convertido en una de las principales causas de deserción universitaria, afectando especialmente a estudiantes de bajos recursos. De acuerdo con datos de 21 universidades públicas, cerca del 75% de los estudiantes de pregrado pertenecen a los estratos 1 y 2, es decir, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta situación obliga a muchos jóvenes a abandonar sus estudios no por falta de capacidad académica, sino porque no tienen cómo cubrir necesidades básicas como la alimentación. Ante esta preocupante realidad, el Congreso de la República estudia actualmente el Proyecto de Ley 574 de 2025, que busca crear el Programa Nacional de Alimentación Universitaria (PAU), una propuesta que podría transformar estructuralmente las condiciones de permanencia en la educación superior pública.

El proyecto, liderado por el representante Julián David López, contempla la creación de un sistema de alimentación gratuita y nutritiva para todos los estudiantes de pregrado en universidades públicas. Según el congresista, el PAU no solo es una política social, sino una herramienta estratégica para mejorar el rendimiento académico, reducir la deserción y fomentar hábitos de vida saludables. Además, propone un enfoque diferencial al priorizar a estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad, como madres gestantes o lactantes, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y estudiantes pertenecientes a grupos étnicos.

Desde el punto de vista financiero, el programa representa una inversión accesible dentro del presupuesto nacional. El informe de ponencia indica que el costo anual estimado del PAU es de 770.338 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 1% del presupuesto del Ministerio de Educación para 2025. Esta cifra, relativamente baja frente a su impacto potencial, convierte al programa en una inversión estratégica y sostenible. “No se trata de un gasto, sino de una inversión en el futuro del país”, ha señalado López Tenorio, quien insiste en que ningún joven debería abandonar la universidad por falta de alimento.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es su apuesta por un modelo de alimentación sostenible. Las universidades deberán adquirir los alimentos preferentemente a pequeños productores agropecuarios, asociaciones campesinas y organizaciones de agricultura familiar. Esto no solo garantiza productos frescos y de calidad para los estudiantes, sino que también dinamiza las economías locales y fortalece la producción agrícola nacional, generando un doble impacto social tanto en el campo como en las ciudades.

El Programa Nacional de Alimentación Universitaria también incorpora componentes de educación nutricional, control de calidad y transparencia. Las instituciones deberán elaborar menús balanceados bajo estándares técnicos, implementar programas de formación en hábitos alimentarios saludables y reportar anualmente sus resultados. De esta manera, el PAU se presenta como una política pública integral, orientada a combatir el hambre, mejorar la calidad de vida de los estudiantes y garantizar su permanencia en el sistema de educación superior, contribuyendo así a una sociedad más equitativa e inclusiva.

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