La reciente decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que en segunda instancia condenó al abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo a 72 meses de prisión por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, merece ser observada con serenidad y responsabilidad. La decisión revocó la absolución que había proferido en primera instancia el Juzgado 14 Penal del Circuito de Barranquilla. 

La lección institucional debería ser sencilla, aunque no por ello menor: la justicia debe ser defendida también por quienes ejercen la profesión de abogado.

Un sistema judicial fuerte necesita abogados combativos, sí, pero también respetuosos de las reglas. Necesita fiscales rigurosos, jueces independientes, víctimas escuchadas y procesados con todas las garantías. Y necesita, sobre todo, que nadie pretenda colocarse por encima del procedimiento, porque cuando se afecta la integridad de una prueba se afecta algo más que un expediente: se compromete la posibilidad misma de llegar a la verdad judicial.

El caso de Arcadio Martínez Pumarejo debe seguir su curso por las vías institucionales previstas. Será la justicia, y no la opinión pública, la que determine el desenlace definitivo si se presentan los recursos anunciados.

Mientras tanto, queda una reflexión que debería ser compartida por todos los actores del sistema: quien ejerce el derecho tiene la enorme responsabilidad de recordar que las formas no son un obstáculo para la justicia; son una de sus principales garantías.

La crítica, entonces, no necesita ser estridente. Basta con señalar algo elemental: en una democracia, nadie puede exigir respeto por sus derechos mientras desconoce las reglas que protegen los derechos de los demás. Y cuando se trata de la administración de justicia, esa responsabilidad adquiere todavía mayor importancia.