Vásquez advirtió que una adjudicación directa de esta magnitud vulneraría los principios constitucionales de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva, pilares de la contratación estatal. Recordó además que la Sentencia C-949 de 2001 de la Corte Constitucional establece que toda contratación pública debe garantizar la participación ciudadana y la competencia entre oferentes. “Estamos ante un intento de privatizar un servicio esencial por la puerta de atrás, sin control ciudadano ni competencia real”, declaró el veedor.

El denunciante también citó jurisprudencia del Consejo de Estado, que considera causal de nulidad absoluta la omisión de los principios de publicidad y selección objetiva en los contratos estatales. Según Vásquez, hasta el momento EMCALI no ha divulgado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que justifiquen el modelo de alianza propuesto, lo que —dijo— constituye una vulneración del derecho de acceso a la información pública y del control ciudadano, amparado por la Sentencia T-299 de 2019.

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1757 de 2015, el abogado exigió a los directivos de EMCALI —el gerente general Roger Mina, la secretaria general Guadalupe Guerrero y el gerente de Energía José David Insuasti— publicar los documentos que sustenten la iniciativa, así como los criterios de selección y las empresas interesadas en operar el alumbrado público.

Finalmente, Vásquez anunció que, de confirmarse las irregularidades, pedirá la intervención inmediata de los organismos de control por presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, detrimento patrimonial y abuso de función pública.

“Cali no puede volver a la oscuridad ni permitir que los servicios públicos se conviertan en negocios privados disfrazados de alianzas. La luz de la ciudad debe comenzar por iluminar la gestión pública”, concluyó.