Siguen haciendo falta acciones más concretas para la protección de las voces organizativas en Caquetá y Putumayo

Santiago Rengifo González 

Los días 14 y 15 de mayo se llevó a cabo la 2° sesión de la Mesa Humanitaria de Caquetá en la ciudad de Bogotá, con la participación conjunta de la Red de Derechos Humanos de Putumayo. El objetivo del encuentro fue la reiteración en el llamado humanitario de urgencia de las organizaciones a la institucionalidad pública, frente al riesgo inminente por las constantes arremetidas de los grupos armados al tejido social organizativo en estos territorios.

Durante esta gira de incidencia, se trabajó en el desarrollo de las agendas ambientales, agrarias y sociales impulsadas por las organizaciones sociales que buscan movilizar al actual gobierno. Allí se hizo un llamado al cumplimiento y seguimiento de los compromisos previos, ante la grave situación de riesgo y vulneración de los DD.HH y ambientales en estos territorios, y particularmente el riesgo inminente que afronta el tejido organizativo y los procesos sociales, comunales, ambientales, campesinos, firmantes de paz y de mujeres en estos territorios.

Los voceros de las organizaciones sociales partícipes en el espacio, señalaron la falta de respuesta por parte de la institucionalidad, con énfasis en la incapacidad de los funcionarios públicos a nivel regional. La realización de reiterados escenarios de exigibilidad de sus derechos no han sido suficientes, ni han brindado las garantías de seguridad para la continuación del ejercicio de sus liderazgos.

En los escenarios propuestos por las organizaciones, se ha visibilizado el incremento de los hechos victimizantes y las amenazas directas contra las organizaciones sociales. En los casos de ASOJUNTAS de Cartagena del Chaira y COORDOSAC, se ha denunciado el riesgo inminente en contra de la participación de la organizaciones en zonas del departamento y el ejercicio de sus liderazgos.

Entre los hechos victimizantes, se registran 2 masacres en los departamentos en lo corrido del 2024 y el homicidio selectivo de 7 líderes y lideresas. El caso de Ludivia Galindez, presidenta de ASOJUNTAS del municipio de La Montañita, continúa siendo un reclamo de las organizaciones hacia las autoridades públicas y al actor armado en el territorio, ante la falta de esclarecimiento, celeridad en las investigaciones y el impacto que este hecho ha traído consigo en las comunidades del departamento de Caquetá.

Debido a este panorama, los líderes y lideresas trajeron entre sus propuestas el seguimiento a las solicitudes y compromisos que se han acordado con las instituciones públicas. Hacia la delegación del Estado para la negociación con una de las Disidencias de las FARC-EP, autodenominadas como Estado Mayor Central (EMC), las organizaciones multilaterales garantes y la Defensoría del Pueblo, se exigieron mínimos y alivios humanitarios frente a la escalada de violencia que se vive en sus territorios.

Se hace necesario que lo que se pacte en la mesa nacional de negociación con el EMC se desescale al nivel territorial y se materialicen los acuerdos que se vayan alcanzando. En palabras de las y los voceros: “De no ser así la lucha y el compromiso que hemos mantenido por la paz en el territorio, nos llevará a que nuestro empeño nos cueste la permanencia en el territorio y hasta nuestra vidas”.

A pesar de que el Estado colombiano y las agencias de cooperación internacional han intentado continuar con la implementación de acciones por las transformaciones sociales territoriales, estas se han visto limitadas o cooptadas por los actores armados. Son varias las acciones y propuestas que han acompañado los liderazgos en el territorio; la sustracción de áreas de reservas forestales que ya se encuentran ocupadas, estrategías hacia la no estigmatización y persecución al campesinado por la deforestación del territorio y el hacer efectivo el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz, sobre la Reforma Rural Integral (RRI).

En el espacio de diálogo abierto con el Ministerio de Ambiente y Agricultura, se presentaron los interrogantes frente a estos temas, “¿Qué herramientas se han construido para el acceso a la información a las comunidades de los procedimientos burocráticos en materia de acceso a tierras en sus territorios? ¿Cómo se va garantizar su participación en espacios como los Comités de Reforma Agraria? ¿Qué garantías se establecerán para el acceso a recursos propuestos por el Estado a los pequeños productores, sin que estos se conviertan en medio extorsivos hacia las arcas de los actores armados?”.

Se mantienen estas preguntas y la incertidumbre de las organizaciones posterior a estos estos espacios de incidencia. Sin embargo, pese a que el panorama es poco alentador continúan los compromisos, tanto por parte de las organizaciones y la institucionalidad pública por continuar los espacios de exigibilidad de derechos, solicitudes y compromisos. Esperamos que sea una respuesta real y efectiva para que la defensa de la naturaleza y los derechos no cueste la vida.