La Reforma Agraria en primera línea

Linda Lucía Pinzón

Investigadora en Ambiente y Sociedad

La cuestión agraria se pone en la primera línea de las reformas y se perfila como un asunto crucial en la afanosa cruzada del Gobierno Nacional por saldar las deudas con el campesinado. Pese a los asuntos pendientes por reglamentación, traer la Reforma Agraria al frente es un gran avance. Esta columna muestra algunos de los avances legales más destacados y los desafíos que aún enfrenta el campesinado en la Amazonía.

La Reforma Agraria no es solo un asunto técnico o legal, es la promesa de un futuro más justo y próspero para las comunidades rurales de Colombia. Por esta razón, fue el primer punto en el Acuerdo de Paz para lograr una paz sólida y duradera. En la Amazonía, uno de los desafíos más urgentes es regularizar la tenencia de la tierra y frenar la expansión de la frontera agrícola. Esta región se distingue por los siguientes elementos:

1. Alta informalidad en la tenencia, alcanzando en Caquetá y Putumayo índices mayores al 50%. Esto implica que más de la mitad de los predios rurales no cuentan con todos los requisitos para ser reconocidos como privados^[1]. Así mismo, para el 2018 el GINI rural era superior al 0.8 en los departamentos de Caquetá y Amazonas^[2], lo que pone de presente una muy alta concentración de la tierra.
2. La deforestación es un problema crónico en la Amazonía^[3]. El Acuerdo de Paz propuso que la Reforma Rural Integral debe contribuir a su disminución, a partir del cierre y estabilización de la frontera agrícola.
3. El conflicto armado se agudiza cada vez más en la región^[4] con el asesinato de líderes sociales en la Amazonía. Desde el Acuerdo de Paz, se comprende que la Reforma Rural Integral (RRI) debe contribuir a la paz y la seguridad en la región.

Desde el 2022, se han realizado cambios importantes en el régimen de tierras con impactos en la Amazonía. Entre estos, resaltamos la Sentencia de Unificación SU -288 del 2022 de la Corte Constitucional que le ordena al Estado recuperar los baldíos que podrían haber sido declaradas propiedades privadas por jueces, sin considerar su función social y ecológica ya que, en principio, deberían haber sido adjudicados por el Estado a sujetos de reforma agraria, lo que hace evidente dos situaciones fundamentales:

1. Las personas acudieron al sistema judicial ante las fallas del Estado para administrar, regular y redistribuir los predios de la Nación.
2. Existe la urgente necesidad de corregir un posible mecanismo de acumulación de tierras que agudizó los conflictos en el campo.

La sentencia resalta esta realidad, haciendo evidente la alta inseguridad jurídica alrededor de la tenencia de la tierra. Ahora bien, esta no sólo marca un hito legal, sino que plantea interrogantes que nuestra sociedad debe abordar: ¿Estamos verdaderamente asegurando la justicia social y una redistribución equitativa de la tierra? ¿Qué medidas se deberían tomar para brindar seguridad jurídica a quienes buscan el reconocimiento de sus derechos en este contexto?

Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el futuro de la tenencia de la tierra en Colombia y sobre cómo el Estado puede tomar las riendas de este tema desde criterios de justicia y equidad, al respecto se tienen los siguientes esfuerzos: 

Retos en un escenario como la Amazonía

El Acto Legislativo 1 de 2023 reconoce al campesino como eje central del desarrollo, promoviendo sus derechos y oportunidades. Ahora bien: ¿Qué implicaciones prácticas tiene este reconocimiento? Hasta el momento el campesinado y la cuestión agraria continúan en las márgenes de discusiones importantes en la Amazonía, como lo es la implementación de la Sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, la ocupación campesina en áreas de importancia ambiental y los modelos de desarrollo de la región. Aquí, uno de los retos es articular la agenda ambiental con la apuesta agraria.

Ante este desafío, el Decreto 1406 del 29 de agosto 2023 que reactiva el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Rural se presenta con una estrategia integral que busca conservar el ecosistema, reducir la deforestación y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. Esta podría ser una oportunidad de articulación en la Amazonía.

Con la incorporación de la Jurisdicción Agraria y Rural mediante el Acto Legislativo N°03 de 2023, surge el desafío de garantizar una participación adecuada, enfoques diferenciados y criterios ambientales precisos para la Amazonía. Los datos demográficos subrayan la importancia de esta perspectiva, pues los departamentos más poblados de esta región albergan 216 territorios indígenas, responsables de más del 50% de la selva amazónica. Desde el punto de vista ambiental, el 28.4% de la Amazonía está cubierto por Áreas Naturales Protegidas (Gaia Amazonas, 2019), lo que hace imperativo que los jueces consideren criterios interculturales y ambientales, además de la legislación agraria, para garantizar la justicia social y proteger los derechos de las comunidades y la Amazonía.

Otro gran desafío que enfrenta la Amazonía es la necesidad de un Catastro Multipropósito eficaz y participativo, que ahora está delineado por la Resolución 1040 del 2023, este tiene un reto importante en materia de participación y enfoques diferenciales, pues en un comunicado de prensa del 20 de julio de 2023, la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC y el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC, expresaron su preocupación por el enfoque del catastro multipropósito en la Amazonía, indicando que no se ha realizado la consulta previa y que su aplicación pone en riesgo los resguardos coloniales y republicanos (CRIC, 2021).  Por su parte, comunidades campesinas señalan que no hay clara articulación de este instrumento con otros mecanismos del Acuerdo de Paz, relacionados con el acceso y redistribución de la propiedad.

Finalmente, en fila se encuentran los siguientes proyectos normativos con ocasión al Plan Nacional de Desarrollo 2022 y 2026, en cumplimiento de las sentencias T-488 de 2014, T-622 de 2017, T-052 de 2017 y la SU 288 de 2022 de la Corte Constitucional:

En el contexto amazónico, donde la tenencia de la tierra es fundamental para la sostenibilidad y equidad, estas regulaciones pueden asegurar una distribución justa de la propiedad y un manejo adecuado del territorio, promoviendo el uso adecuado del suelo conforme su vocación agrícola y productiva, disminuyendo la deforestación, garantizando el acceso a la tierra de la comunidad campesina, los cuales son los fines del Estado.

Así pues, que la cuestión agraria se sitúe en el centro de las reformas, consolidándose como un asunto de importancia no es tema menor, no hace falta más que recordar las raíces del conflicto armado en Colombia. Por eso, a pesar de los desafíos y temas pendientes en términos de reglamentación, el hecho de que la reforma agraria se ubique en primera línea representa un notable progreso.

^[1] Amazonas 16,25%, Caquetá 58%, Guainía 36,76%, Guaviare 32,34%, Putumayo 61,41%, Vaupés 39,29%(UPRA, 2020)

^[2] Amazonas de 0,82, Caquetá 0,826, para Putumayo de 0,738, Vaupés 0,49) Guaviare y Guainía no se pueden calcular porque tienen menos de 10 propietarios privados con predios en destino agropecuario, pero cuenta con datos del 2015 que indica (Guainía 0,6164, Guaviare 0,5519) conforme datos recaudados (DANE, 2022)

^[3] Caquetá, en la Amazonía, perdió 5861 hectáreas más de bosque —en 2020 perdió 32 522 hectáreas— y presentó el mayor aumento en el país. Otros de los territorios más impactados fueron Guaviare (25 021 hectáreas), Putumayo (12 804 hectáreas) y el sur del Meta, que también forma parte de la selva amazónica ( (Mongabay, 2022).

^[4] Los riesgos para la población residente en el territorio de las subregiones Eje Putumayo y Trapecio Amazónico se expresan en la posibilidad de sufrir extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, homicidios selectivos con especial afectación de autoridades tradicionales, incluyendo aquellas que son defensoras de los derechos colectivos y del ambiente (Defensoria del Pueblo., 2021, pág. 10).

^[5] Mediante Decreto 2367 de 2015 “Por el cual se crea el Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural”.

^[6] La sentencia fue proferida a raíz de una acción de tutela interpuesta por un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos que solicitaron la protección de sus derechos al ambiente sano, a la vida y a la salud, vulnerados por las altas tasas de deforestación de la Amazonía colombiana.

^[7] El Plan de implementación de la reforma agraria en Colombia es un documento que establece las acciones y metas que el gobierno colombiano debe implementar para lograr la reforma agraria y el desarrollo rural sostenible, sin embargo, este documento fue posible consultarlo.