La emergencia climática es ahora: formación jurídica y justicia en el territorio raizal 

Por: María Lucía Torres, Lina Muñoz Ávila, Anamaría Sánchez, Paola Iregui y María Alejandra Vargas / Profesoras de la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas – GAP, de la Universidad del Rosario.

El diálogo entre los liderazgos ambientales raizales y quienes se forman como abogados se convierte en una herramienta clave para enfrentar la emergencia climática en Providencia y Santa Catalina, tras la devastación que dejó el huracán Iota.. 

La idea de que el cambio climático es un fenómeno ajeno y lejano, que aún no ha traído consecuencias negativas para las personas y para la naturaleza y frente al cual solo debemos “prepararnos” para el futuro, es una falacia. En muchas ocasiones se percibe como un asunto temporal, que solo adquiere relevancia cuando un desastre altera de golpe la vida humana y la tranquilidad de las comunidades, lo que conduce a reaccionar tarde y desde la improvisación. Sin embargo, la evidencia muestra que no se trata de un fenómeno de la ciencia ficción: ya estamos inmersas en sus efectos y, peor aún, nos enfrentamos un escenario de falta de preparación para afrontarlo.

Uno de los impactos más graves del cambio climático es el aumento de la temperatura de los océanos, lo que provoca cada año la formación ciclones que dan origen a huracanes de enorme magnitud.  En noviembre de 2020, las islas de Providencia y Santa Catalina vivieron la furia del huracán Iota, que arrasó con viviendas, infraestructura de servicios públicos, escuelas, el hospital y con la tranquilidad del pueblo raizal. El huracán destruyó el 98% de la infraestructura de las islas y las vidas de la comunidad cambiaron para siempre. 

Han pasado casi cinco años desde aquella tragedia, y desde entonces en la clínica jurídica GAP hemos tenido el privilegio y el desafío de acompañar al pueblo raizal en el desarrollo de una estrategia jurídica que exige una participación real en las decisiones sobre la reconstrucción de estas islas, que son su territorio ancestral. En este proceso, hemos acompañado al Movimiento de Veeduría Cívica Old Providence como asesores jurídicos en la estrategia judicial, en el proceso de consulta previa y actualmente en el seguimiento a los acuerdos con las autoridades. Durante este tiempo, hemos reaprendido que el derecho y el litigio estratégico son herramientas multiescala que exige integrar lo normativo e institucional con los saberes de la comunidad, su identidad y sus costumbres. 

Como parte de la estrategia de acompañamiento jurídico a la comunidad raizal, incluimos dos perspectivas fundamentales para la defensa del ambiente en los territorios de Colombia: por un lado, la gestión y adaptación frente al cambio climático, y por otro, la promoción del Acuerdo de Escazú como pilar clave para asumir el reto de garantizar los derechos y un ambiente sano, a partir de sus principios de acceso a la información, participación y justicia ambiental y climática.

En agosto de 2025, visitamos la isla Providencia, lo que significó mucho más que una actividad académica: reconocer nuestra vulnerabilidad como humanos y la resiliencia de la naturaleza, reconectar con nuestro propósito como profesoras e inspirarnos como colombianas, en la fuerza de un pueblo que había sido devastado y resurgió entre las cenizas. 

En esta visita, reconfirmamos que, si bien el derecho ofrece caminos poderosos para exigir la garantía de derechos como el Acuerdo de Escazú, la verdadera fuerza está en la comunidad, en las personas que defienden el ambiente, en su empeño de reconstruir, proteger y proyectar el territorio como parte de su identidad y de su vida en común. Esa combinación —la comunidad organizada y el derecho como herramienta viva— se convierte en la base de una construcción conjunta frente a los retos del cambio climático. Y es allí donde radica la relevancia de las clínicas jurídicas, pues el uso de herramientas como las acciones judiciales, resulta clave para el acompañamiento a las comunidades. 

Por esto, en el modelo de educación legal clínica buscamos que, a través de un contacto con la realidad, las nuevas generaciones de abogados y abogadas establezcan una conexión desde la empatía y la justicia social y ambiental con los contextos territoriales. De esta manera, queremos formar estudiantes con una genuina preocupación y consecuente sensibilización sobre el derecho como herramienta de transformación social. 

De ahí surge la necesidad de que tanto las nuevas generaciones de juristas como las comunidades cuenten con espacios de encuentro, discusión y análisis en los que sea posible conocer de cerca, en el propio territorio, todas las implicaciones reales que trae la emergencia climática. En el acompañamiento jurídico a la comunidad raizal tras el  Huracán Iota, y en la visita que realizamos como parte de esta estrategia, encontramos que la implementación de instrumentos jurídicos en escenarios de cambio climático tiene una ganancia en doble sentido: por un lado, permite acompañar de manera efectiva a la comunidad en la defensa de sus derechos culturales y ambientales; y por el otro, enseña a los estudiantes, antes incluso de ser abogadas y abogados, a aplicar el derecho como una herramienta viva y con un alto poder de cambio social. 

Este tipo de iniciativas, en las que se comprende la dimensión de los problemas desde el territorio, materializan la enseñanza de la ética legal y evidencian el impacto del derecho en un mundo fuertemente marcado por el cambio climático y sus innegables efectos adversos. Caminar por los espacios devastados por Iota y reconstruidos tras años de lucha, escuchar las historias de la comunidad sobre cómo enfrentaron el desastre natural en sus casas y evidenciar su capacidad de resiliencia en ellos, reitera el debate sobre la necesidad de incluir en los currículos de las facultades de derecho materias relacionadas con el derecho ambiental y las clínicas jurídicas para la defensa del interés público, como asuntos indispensables para un proceso de formación integral.

Como clínica jurídica GAP nos hemos dedicado por más de 25 años a la protección de los derechos humanos y del interés público. Nuestra labor nos recompensa con ganancias que caracterizan la experiencia clínica: i) aprendemos de las comunidades en la defensa de sus derechos; ii) compartimos con ellas nuestros conocimientos y iii) brindamos a los estudiantes un espacio práctico para su formación, sensibilización y compromiso con la realidad social y ambiental del país.

De esta experiencia emerge la necesidad de enseñar a las nuevas generaciones que más allá de preguntarse cuándo cambiará el mundo, lo verdaderamente transformador es cuestionarse qué puedo hacer yo para cambiarlo, y empezar por ello, con pequeños y conscientes pasos.