Cada año, el 5 de junio recuerda al mundo que el ambiente no es un telón de fondo de la vida humana: es su condición de posibilidad. El agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que consumimos y los territorios que habitamos dependen de ecosistemas que hoy enfrentan presiones sin precedentes. En Colombia, una de las naciones más biodiversas del planeta, esa realidad es urgente y también esperanzadora, gracias al papel que pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas han desempeñado históricamente como guardianes del patrimonio natural.

Comunidades cuidadoras: guardianes invisibilizados del ambiente

Antes de que existieran las políticas de conservación, antes de que los tratados internacionales reconocieran la crisis climática, hubo comunidades que sostuvieron bosques, páramos, humedales y ríos con su trabajo cotidiano, su conocimiento ancestral y su presencia territorial. Pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y campesinos han sido —y siguen siendo— actores eficaces en la protección de la biodiversidad en Colombia.

Los datos lo confirman: los territorios con mayor presencia comunitaria muestran tasas de deforestación significativamente menores. Las reservas forestales gestionadas por comunidades, las Zonas de Reserva Campesina y los territorios colectivos constituyen algunas de las áreas con mayor integridad ecológica del país. Sin embargo, estas comunidades enfrentan una paradoja: son las principales cuidadoras del ambiente y, al mismo tiempo, quienes padecen con mayor crudeza los impactos de su degradación.

“Las soluciones a la crisis ambiental no se construyen sólo desde los escritorios de las instituciones. Se construyen, sobre todo, desde los territorios, con quienes los conocen y los habitan.”

Las poblaciones rurales, las más dependientes de los ecosistemas para su sustento, son también las más expuestas a sequías, inundaciones, incendios forestales y la degradación de fuentes de agua. En Colombia, la deforestación —que alcanzó cifras preocupantes en los últimos años, especialmente en la Amazonía—, la minería ilegal, la expansión de monocultivos y la contaminación hídrica representan amenazas directas tanto para los ecosistemas como para las comunidades que los habitan.

Con menos del uno por ciento de la superficie terrestre del planeta, Colombia alberga cerca del diez por ciento de la biodiversidad mundial. Esa riqueza extraordinaria es, al mismo tiempo, una responsabilidad enorme: requiere políticas ambientales robustas, financiamiento efectivo para la conservación y, sobre todo, el reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades que la sostienen.

Esa protección tiene un costo. En Colombia, defender el territorio y el ambiente sigue siendo una de las actividades más peligrosas del mundo. Líderes y lideresas ambientales son amenazados, desplazados y asesinados con una frecuencia alarmante. La justicia ambiental no puede separarse de la justicia territorial ni de la seguridad de quienes defienden la vida.

El rol de la sociedad civil organizada

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel insustituible en la protección ambiental: documentan impactos, construyen capacidades comunitarias, inciden en políticas públicas y acompañan a las comunidades en la defensa de sus derechos. 

Desde AAS trabajamos desde hace años en el acompañamiento a procesos territoriales, la incidencia en política pública y la construcción de conocimiento crítico sobre gobernanza ambiental, justicia climática y derechos de las comunidades rurales en Colombia. A través de nuestros programas, articulamos la defensa de los ecosistemas con la garantía de los derechos de quienes los cuidan.

Hoy, reafirmamos que no hay justicia climática sin justicia territorial, que no hay conservación real sin participación comunitaria y que proteger el ambiente es, en última instancia, defender los derechos de millones de personas que dependen de él para vivir.

Las metas globales de biodiversidad y los compromisos climáticos asumidos en distintos acuerdos internacionales sólo serán alcanzables si los Estados ponen en el centro de sus políticas a quienes más conocen, cuidan y dependen de los ecosistemas. Eso significa financiamiento, reconocimiento jurídico, seguridad para los defensores ambientales y  mecanismos efectivos de participación.