Defensores ambientales: las luchas por el buen vivir deben persistir

*Luisa Sánchez Casallas – Investigadora del programa de Alternativas al Desarrollo de la Asociación Ambiente y Sociedad.

Colombia, tierra de montañas, aves, manglares y páramos. El país de las mariposas, el agua y la selva en donde abunda la magia y la vida guarda también una historia de sangre y violencia que no ha sido ajena a quienes luchan por defenderlo. Nuevamente, el informe más reciente de la ONG Global Witness señala a Colombia como el país más peligroso para los líderes ambientales, lo que hace que el año 2022 sea otro período sombrío para la defensa de los derechos humanos y ambientales, que continúa hoy llevándose a cabo sin garantías suficientes.

Según este informe, se registraron al menos 60 asesinatos de líderes y lideresas, casi el doble de lo reportado en el 2021. Esto eleva la cifra total a 382 personas asesinadas desde 2012, año en que comenzó el proceso de documentación por parte de la ONG. Con esto, Colombia lidera desde entonces, de manera muy lamentable, la lista de países con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales. El panorama regional en América Latina no es mucho más alentador. Según el informe, desde el 2012, a 1.335 defensores y defensoras en toda la región les ha sido arrebatada su vida, lo que representa el 70% de todas las muertes documentadas.

A pesar de este panorama, la impunidad ha prevalecido en la mayoría de casos, y muy pocas familias han obtenido justicia por estos asesinatos. Un análisis reciente de la red de sociedad civil colombiana Programa Somos Defensores, que documenta y reporta ataques contra defensores a nivel nacional, revela cómo el Estado colombiano ha fallado en proteger a los defensores al dejar prácticamente impunes la mayoría de los ataques, con solo un 5.2% de los asesinatos de defensores de derechos humanos, incluyendo a defensores de la tierra y ambiente, resueltos legalmente.

Así mismo, las medidas de protección no siempre son oportunas ni adecuadas. En distintos escenarios, defensoras y defensores han manifestado que en muchas ocasiones se ha privilegiado la pertenencia a partidos políticos para la emisión de medidas duras. Los liderazgos comunitarios rara vez reciben atención prioritaria, y cuando se les proporcionan medidas, suelen ser esquemas o medidas suaves que no abordan el riesgo real ni se adaptan a sus necesidades y al contexto en el que trabajan. En varios casos esto ha tenido como consecuencia una mayor estigmatización e incluso a la ruptura del tejido organizativo y comunitario. Pese a ello, las causas ambientales siguen sumando, y los líderes y lideresas continúan al frente de múltiples procesos, llevando con orgullo el nombre de sus comunidades y organizaciones en distintos espacios de participación en los que reiteran la necesidad de que en Colombia alzar la voz por los derechos no sea un peligro.

En este sentido, es importante destacar la necesidad de incrementar la implementación de medidas de protección colectivas para abordar los riesgos que enfrentan las comunidades y las organizaciones de base. Esto implica instar a una mejor coordinación entre las diversas autoridades con el fin de avanzar en la garantía de los derechos humanos de quienes defienden el ambiente.

Custodios de la vida, custodios del ambiente

Las luchas por la justicia ambiental tienen una larga historia y están respaldadas por numerosos precedentes. Un ejemplo destacado es la resistencia de los pueblos originarios, afrocolombianos y raizales quienes a lo largo de los siglos han sido custodios de tierras y territorios ricos en biodiversidad. Estos pueblos han mantenido una relación armoniosa y sostenible con la naturaleza, defendiendo su dignidad, a pesar de ser las principales víctimas de despojos, desplazamientos y afectaciones a su cultura, tierra y territorios a propósito de grandes intereses económicos y políticos. A través de la resistencia, estos pueblos, junto con comunidades campesinas y pobladores urbanos empobrecidos, han defendido su derecho a un ambiente sano y equilibrado, liderando movimientos en defensa de la tierra, el agua y la biodiversidad. Estas luchas nos enseñan la importancia de la interconexión entre la protección del ambiente y los derechos humanos, así como la necesidad de respetar y valorar los conocimientos tradicionales y las prácticas de manejo sostenible transmitidas de generación en generación.

El informe en mención, destaca que más de un tercio (36%) de los defensores asesinados pertenecían a pueblos indígenas y un 7% eran afrodescendientes. Más de una quinta parte (22%) eran agricultores de pequeña escala. Todos ellos dependían de sus tierras y recursos naturales para subsistir. También se incluyeron funcionarios estatales, manifestantes, guardaparques, abogados y periodistas.

Todos ellos fueron personas que llevaron consigo la historia de un pueblo, de un territorio, de un barrio, la historia de una lucha por el buen vivir. Todos ellos vecinos, amigos, familia, compañeros de alguién más que ahora clama justicia, verdad, y que en el fondo ruega que todo esto no haya sido en vano. Todos compartían el compromiso de defender sus derechos y mantener saludable nuestro planeta, la casa grande. Todos ellos pagaron con sus vidas por su valentía y dedicación a una causa común que aún tiene todo por ganar porque ya perdimos mucho y a muchos.

La explotación de la Amazonía y los ataques contra sus protectores

La Amazonía es una región que abarca territorios de distintos países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa (en un territorio de ultramar), Perú, Surinam y Venezuela, con una extensión de 7,4 millones de km² donde anida la mayor biodiversidad climática, de fauna y flora en el planeta y en la cual cohabita el 50% del total de las especies vivas existentes. Así mismo, tiene gran cantidad de reservas de recursos minerales, petroleros, agroindustriales y madereros que resultan seductores para una organización social y productiva que no reflexiona sobre la vorágine agresiva de explotación de la naturaleza y los bienes ambientales. El problema mayor radica en que reservas extensas no significa reservas infinitas y ese es un impacto que se empieza a evidenciar en el tiempo inmediato, tendrá un efecto mayor para las generaciones futuras.

El informe en mención, documentó de manera particular los ataques contra defensores en la Amazonía, donde se encontró que ocurrieron más de una quinta parte de todos los asesinatos el año pasado, lo que equivale a 39 de 177  es decir el 22%. Al menos 11 personas pertenecientes a pueblos indígenas perdieron la vida al defender su hogar. Muchos de estos asesinatos están relacionados con actividades extractivas como la minería. Desde 2014, Global Witness ha registrado un total de 296 muertes en la Amazonía, convirtiéndola en uno de los lugares más peligrosos para ser un defensor. A pesar de desempeñar un papel crucial en la protección del bosque tropical y salvaguardar el 80% de su biodiversidad, paradójicamente, las comunidades indígenas que defienden la vida son constantemente atacadas.

Aunque proteger a los defensores en lo profundo de la Amazonía sigue siendo un desafío a nivel institucional, es esencial seguir insistiendo en la consolidación de esfuerzos conjuntos por parte de los gobiernos de  los países que abarcan la Amazonia para el futuro de nuestro planeta. Si bien han habido avances en materia de protección de los defensores en América Latina a través del Acuerdo Regional de Escazú, la mayoría de los países dentro de la región amazónica aún no han ratificado este tratado, incluyendo a Colombia, en donde el tratado se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional desde noviembre del 2022.

El Acuerdo de Escazú no solo se destaca como el primer acuerdo en el mundo que incluye disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos ambientales, sino que también tiene como objetivo mejorar el acceso de los ciudadanos a la información ambiental y garantizar su participación en los procesos de toma de decisiones. Esta participación ha representado una de las barreras más significativas hasta la fecha, convirtiéndose en un factor determinante en la proliferación de los conflictos ambientales en los territorios.

Los compromisos asumidos por el Estado colombiano deben respaldarse con acciones concretas por parte de las distintas entidades con competencias en garantizar los derechos humanos y ambientales. Las cifras de 2022 para Colombia son más que una advertencia de la urgencia de abordar esta cuestión, especialmente en un contexto de transición política en el que la agenda gubernamental incluyó expresamente la necesidad de proteger a los defensores y abordar las causas detrás de los ataques contra ellos. Es importante destacar que nunca antes un gobierno se había comprometido con la protección de los defensores ambientales, y ahora más que nunca, es fundamental que ese compromiso se vuelva acción. Solo así podremos hablar de Colombia como una verdadera potencia mundial de la vida, en esa vitalidad ambiental y humana que prolifera en estas tierras.