Colombia sigue siendo el país con más asesinatos a defensores y defensoras ambientales 

La protección del ambiente le sigue costando la vida de las y los defensores ambientales. De acuerdo con el más reciente informe de la ONG Global Witness, que registra desde el 2012 crímenes contra estas personas, reveló que 196 defensores y defensoras ambientales fueron asesinados en 2023. 

Desafortunadamente, por segundo año Colombia es el país más peligroso para los defensores y defensoras. Solo en 2023, 79 defensores ambientales fueron asesinados en el país. Este es el número más alto registrado en un solo año en un país, según reconoce Global Witness, y representa más del 40% del total de asesinatos a defensores ocurridos en todo el mundo ese año. La cifra también implica 19 homicidios más que los registrados en 2022.

“Desde Ambiente y Sociedad consideramos alarmante que Colombia nuevamente sea reconocido como el país más peligroso para la defensa del ambiente. Esto teniendo en cuenta que en el actual Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez, se reconoce la importancia de las y los defensores ambientales y se plantea un fortalecimiento de la política nacional de protección. El llamado que podemos hacer como organización de la sociedad civil es a una construcción de políticas públicas en materia de protección de defensores de derechos humanos y ambientales en conjunto con quienes se encuentran en primera línea de defensa”, sostiene Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad. 

“Colombia es el ejemplo perfecto de un país con un amplio marco normativo y entidades especializadas en temas de protección en donde resulta ineficaz su implementación y funcionamiento. Sin duda, la implementación del Acuerdo de Escazú se convierte en una ventana de oportunidad para mejorar la eficacia de un enfoque preventivo que tanto hace falta en nuestro país”, agrega. 

De acuerdo con Global Witness, entre 2012 y 2023 en Colombia han sido asesinados 461 líderes ambientales, lo que significa que el país ha “acumulado el mayor número de homicidios de activistas ambientales registrados en todo el mundo”. La violencia contra defensores ha sido especialmente cruda en el suroccidente del país, en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. Además, casi el 40% de los crímenes fueron contra miembros de comunidades indígenas y el 7.5% contra población afrodescendiente.

Para Vanessa Torres, la violencia contra defensores muestra las barreras que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. “Se necesita una implementación efectiva, porque nos enfrentamos a un escenario de conflictividad en aumento. Sabemos la situación y lo evidenciamos en el trabajo que realiza Ambiente y Sociedad en territorio amazónico. Allí, los liderazgos ambientales se enfrentan a diversos grupos armados y resulta difícil entender cuál es la dinámica de estos grupos y el interés específico que tienen. Se podría afirmar que tienen un interés económico y de tenencia sobre la tierra, pero no hay claridad en el avance de acuerdos pese a los diferentes escenarios de negociación que está impulsando este gobierno”.

Para Global Witness, los y las defensoras ambientales quedan en medio del juego cruzado que provoca el tráfico de droga y el conflicto armado. Aunque no hay registros oficiales “los grupos de crimen organizado son sospechosos de ser los autores de la mitad de los asesinados en 2023”. De hecho, advierten que solo siete de estos crímenes se pudieron vincular a la actividad industrial a la que se oponía el o la defensora asesinada.

Violencia enquistada en Latinoamérica

Esta región del continente es el foco más grande de violencia contra defensores y defensoras, pues el 85% de los casos registrados en 2023 ocurrieron aquí. Del continente, cuatro países suman el 70% de todos los homicidios a defensores durante este año: Colombia con 79, Brasil con 25 y México y Honduras con 18 cada uno. 

Sin embargo, cada país tiene sus propios contextos en los que se enmarca esta violencia. Por ejemplo, a diferencia de Colombia, donde la mayoría de los móviles de los crímenes se desconoce, más del 40% de los 18 homicidios a líderes y lideresas ambientales en México están relacionados con su oposición a la actividad minera y la violencia homicida se enfoca en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. 

Con el mismo número de casos, pero siendo un país mucho más pequeño, Honduras registró el mayor número de homicidios per cápita. Allí, la productividad de la tierra y la priorización de actividades extractivas son fundamentales para entender la prevalencia de esta violencia. 

Aunque Brasil redujo el número de defensores asesinados de 34 en 2022 a 25 el año pasado, Global Witness ve con optimismo las acciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como volver a dar agencia política a comunidades indígenas. Aun así, la organización Comissão Pastoral da Terra ha venido reportando un incremento de los conflictos relacionados con la tierra en la última década, siendo el 2023 el año con más hechos a la fecha.

De todos estos casos en la región, reporta Global Witness, 43% fueron indígenas y un 12% mujeres.

Las oportunidades de la COP16 y la ratificación del Acuerdo de Escazú

A pesar del panorama, para Global Witness la COP16 es una oportunidad para que Colombia ponga en el centro de la discusión a los y las defensoras ambientales. Además, el país acaba de ratificar el Acuerdo de Escazú, un mecanismo que favorece el acceso a la información y facilita el acceso a la justicia de las personas que protegen el ambiente y la tierra. 

Con esto coincide la subdirectora de Ambiente y Sociedad. “El Acuerdo de Escazú abre la posibilidad para reconocer la categoría de defensor ambiental dentro del marco normativo colombiano. En el ordenamiento jurídico actual no existe una norma sobre qué implica y qué significa ser un defensor ambiental. Pero con la ratificación de Escazú esto se integra de manera automática a nuestra Constitución”.

Además, cree que la COP16 es un espacio clave para promocionar el lema oficial del evento: Paz con la naturaleza. “Las agendas internacionales como la COP16 se convierten en escenarios para visibilizar los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad, plantear un lema tan relevante como lo es paz con naturaleza pone el foco sobre escenarios de conversación de territorios biodiversos habitados por comunidades étnicas y campesinas, en donde muchas de estas plantean alternativas sustentables que deben ser fortalecidas y protegidas”, sostiene. 

Desde Ambiente y Sociedad consideramos que la sociedad civil tiene un rol fundamental en el seguimiento a estas agendas y en identificar los compromisos asumidos por el Estado colombiano y su relevancia a nivel nacional y local; y también en articulación con otras agendas internacionales, como por ejemplo la próxima COP30 de Cambio Climático, que se realizará en Brasil en 2025.