Avanzando hacia la garantía de un entorno seguro: Logros de la COP3 del Acuerdo de Escazú 

Elaborado: Karol Sanabria, Ambiente y Sociedad

Bogotá, 2 de mayo.- La Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, se llevó a cabo desde el 22 al 24 de abril en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En este encuentro, los Estados Partes aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, el primero en el mundo. Una hoja de ruta que busca implementar acciones estratégicas en torno a cuatro ejes estratégicos: generación de conocimiento, reconocimiento, fortalecimiento de capacidades y cooperación en apoyo a la implementación nacional y evaluación, seguimiento y revisión del plan de acción para garantizar la protección de los defensores ambientales, en línea con el artículo 9 del Acuerdo. Este artículo crea un régimen, compuesto por tres ámbitos de protección de las personas defensoras ambientales: el entorno en el que trabajan, sus derechos y la prevención, investigación y sanción relacionados con los ataques contra ellas. 

En la clausura, Joara Marchezini, representante del público, recordó cuando en el 2017, durante la séptima reunión del Comité de Negociación del Acuerdo, que sesionó en Buenos Aires, los países parte aprobaron la adopción del artículo 9 por la presión de la sociedad civil en las negociaciones regionales y las noticias que día a día se conocen sobre ataques y asesinatos, siendo América Latina una de las regiones más hostiles para estas personas, tal como lo ha documentado Global Witness y distintos Relatores Especiales, como Michel Forst.

El artículo 9 representó una de las mayores victorias de la sociedad civil durante las negociaciones. Ahora, su papel debe continuar en la fase de implementación para respaldar la evaluación, el seguimiento y la revisión de las acciones del plan de acción. Aunque, en el marco de la COP3 no se adoptó la propuesta de la Red Escazú Ahora y de CANLA, dónde Ambiente y Sociedad hacen parte, para definir las entidades responsables de cada línea de acción, es fundamental solicitar una rápida consolidación del programa de implementación con plazos y fuentes de financiamiento. La participación del público y de las personas defensoras es crucial para respaldar una implementación nacional efectiva, un aspecto que se destacó en la COP3. Los países coincidieron en la importancia de mantener el grupo de trabajo ad hoc, pero con la significativa participación del público. 

Asimismo, coincidieron en la urgencia de integrar y reforzar la perspectiva de género en el Acuerdo, así como la integración de la perspectiva de género en la creación de un entorno seguro y propicio que prevenga la discriminación y la violencia de género contras las mujeres defensoras. En este escenario, como Red Escazú Ahora, presentamos en la sesión del 24 de abril nuestro apoyo y la necesidad que en el marco de la cooperación interagencial, ONU Mujeres contribuya al proceso a través de la construcción de una serie de directrices o lineamientos para la región que permita atender de manera efectiva en los planes y hojas de implementación nacional que elaboren los Estados Parte. 

Colombia, a pesar de seguir siendo un país observador, expresó su preocupación en la segunda sesión del 23 de abril, en la cual Rodrigo Negrete, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), resaltó la urgencia de contar con una herramienta para proteger a los defensores ambientales y prevenir futuros homicidios. Hasta la fecha, se ha reportado el asesinato de 52 defensores ambientales en el país este año. Este mismo mensaje de urgencia también fue resaltado durante la audiencia pública sobre la constitucionalidad de la Ley 2273, la cual fue citada por la Corte Constitucional. 

En representación de la Alianza Escazú Colombia, Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, enfatizó la necesidad de que Colombia incorpore este Plan de Acción en el fortalecimiento de sus políticas nacionales. Esto cobra aún más relevancia después de la declaratoria por parte de la Corte Constitucional del Estado de Cosas Inconstitucionales respecto al derecho a defender los derechos y al reconocimiento del desplazamiento forzado en Colombia por causas asociadas al cambio climático. En esta audiencia, también participaron organizaciones de la sociedad civil como WWF, Dejusticia y representantes de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, quienes aportaron argumentos que demuestran la compatibilidad del Acuerdo con la Constitución de 1991, especialmente en lo que respecta a la seguridad jurídica de nuestro marco normativo. 

La COP3 y la aprobación del primer Plan de Acción para la protección de las personas defensoras del ambiente representan una oportunidad significativa a nivel nacional, especialmente para países como Colombia, Brasil y Perú, Guatemala y Honduras, que enfrentan mayores riesgos en la defensa del ambiente. Estos países necesitan fortalecer sus capacidades para revisar, adaptar y formular políticas que incorporen medidas necesarias para proteger a las defensoras y defensores ambientales. La cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades son elementos necesarios para abordar esta grave situación. 

Esperamos que esta realidad no esté lejana y que Colombia se convierta en el decimoséptimo Estado Parte del Acuerdo de Escazú, siguiendo los pasos de Dominica, que se unió como el decimosexto Estado Parte en el Día Mundial de la Tierra. Este hito fue celebrado durante la COP3 y refuerza el compromiso regional con la protección ambiental y los derechos humanos.

Entre las últimas decisiones discutidas en la COP3, se estableció la fecha para la próxima reunión ordinaria de la COP,  la cual está programada del 22 al 24 de abril de 2026 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile. Además, el próximo año, en 2025, se llevará a cabo el tercer foro sobre defensoras y defensores ambientales, un espacio crucial para el fortalecimiento de capacidades, el intercambio y la reflexión. Esto se alinea con una línea de acción del Plan de Acción, que, con comentarios concretos del público, incluido Ambiente y Sociedad, la organización del foro considerará la construcción participativa de sus ejes temáticos y metodologías. 

Ambiente y Sociedad seguirá comprometida con la materialización del Acuerdo en los territorios, un instrumento que fortalece la gobernanza y contribuye a la prevención y solución de conflictos socioambientales. Para ello, continuaremos trabajando en la implementación del Acuerdo y anunciaremos el próximo año la convocatoria de la segunda beca dirigida a defensoras y defensores ambientales con la finalidad de continuar fomentando las capacidades y competencias sobre el Acuerdo, así como la participación e incidencia de defensoras y defensores ambientales en el tercer foro.