Aguas subterráneas, derechos invisibles: la disputa silenciosa en la Mesa de Los Santos 

Por: Línea de Justicias Ambientales y Comunitarias de la Clínica Jurídica Carlos Gaviria Díaz, Consultorio Jurídico – Escuela de Derecho, Universidad Industrial de Santander. 

El agua que no se ve, pero sostiene la vida 

En Colombia, las aguas subterráneas son una reserva silenciosa y vital. Alimentan acueductos rurales, cultivos y ecosistemas enteros. Sin embargo, siguen desprotegidas. La Mesa de Los Santos es un ejemplo claro. Este territorio ubicado al norte del Cañón del Chicamocha, en Santander, abarca la totalidad del municipio de Los Santos, una franja de Piedecuesta y parte de la vereda Chocoa en Girón. En los últimos años se ha convertido en destino de casas campestres para quienes buscan un lugar cercano a Bucaramanga, transformando el territorio sin considerar a las comunidades campesinas de laderas y zonas bajas. Este cambio ha sido impulsado, en gran medida, por la concentración y rápido crecimiento industrial y urbanístico  en la planicie. Así, mientras los habitantes tradicionales padecen la disminución de nacimientos y quebradas, proliferan pozos para urbanizaciones, industrias avícolas y proyectos turísticos sin diagnóstico integral del acuífero. Es la crónica de un despojo invisible, donde los derechos colectivos quedan relegados ante intereses privados e individuales. 

Cuando la norma existe, pero no se cumple 

Aunque la Ley 373 de 1997 ordenó a las autoridades ambientales realizar estudios hidrogeológicos, con respaldo técnico del IDEAM y del Servicio Geológico Colombiano, antes de otorgar permisos para el uso de agua subterránea, casi tres décadas después este mandato sigue sin cumplirse. En sus respuestas a solicitudes de información, las autoridades ambientales de Santander —la CDMB y la CAS— reconocieron no haber realizado estos estudios con dicho respaldo ni haber solicitado formalmente ese apoyo. De forma paralela, el Decreto 1640 de 2012 ordenó formular Planes de Manejo de Acuíferos, pero en la Mesa de Los Santos ninguno ha sido adoptado formalmente. A pesar de ello, los permisos para perforar agua subterránea se siguen otorgando, muchas veces basados en informes de empresas privadas interesadas en los mismos proyectos que hacen las perforaciones. 

Las consecuencias para las comunidades campesinas 

Esta omisión tiene rostro humano. Las comunidades rurales asentadas en las laderas de la Mesa de Los Santos enfrentan desabastecimiento progresivo. Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander (2016–2023) han documentado la sobreexplotación de acuíferos y el deterioro de las zonas bajas. 

En 2022, un estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Santander evaluó 11 aljibes y 2 pozos perforados en la región: 9 de los 13 puntos presentaban disminución del nivel freático. En 2023, una investigación de la Maestría en Historia de la misma universidad evidenció que la perforación de pozos profundos, principalmente para urbanizadores y agroindustrias, ha concentrado el agua en las zonas planas, agravando la escasez en las laderas campesinas. Esta dinámica produce paisajes desiguales: comunidades precarizadas en las laderas y nuevos enclaves suburbanos con agua asegurada en la planicie. Es un despojo silencioso y difuso, difícil de rastrear y controlar, que amenaza la soberanía hídrica campesina, fragmenta los vínculos culturales con el territorio y debilita los sistemas tradicionales de manejo del agua. 

El costo de profundizar para acceder al agua 

El costo económico de la perforación de pozos aumenta de acuerdo a su profundidad. Esto excluye a los campesinos, que no pueden pagar estudios ni trámites exigidos para obtener permisos, limitando su posibilidad de garantizar el mínimo vital de agua. Las denuncias también alertan sobre la desaparición de humedales y la disminución del caudal o sequía total de quebradas como Los Cacaos, Los Naranjos, Las Tablas, San Miguel, Cuevana, La Mojarra, La Cañada y La Honda. La privatización y captación de agua en las partes planas amenaza el arraigo de muchas familias campesinas y  aumenta  el riesgo de desplazamiento forzado por razones económicas y ambientales  y la vulneración de derechos bioculturales. 

A esto se suman las polémicas por el riesgo de privatización de acueductos comunitarios y el frustrado proyecto millonario del Acueducto Regional del Chicamocha, una promesa incumplida desde 2015 por la administración del entonces gobernador Richard Aguilar. 

Un ahorro que nunca fue 

La Ley 373 de 1997 también ordenó crear programas de uso eficiente y ahorro del agua. Sin embargo, en Los Santos ese programa nunca se implementó. Tras años de omisión, en 2018 la CAS sancionó al municipio con 9 millones de pesos por incumplir la ley. Pero en 2024 la misma corporación revocó la multa porque el plan, aunque existía, no había sido formalizado mediante acto administrativo. Así, entre trámites y vacíos legales, ni multa ni programa de ahorro. Y la pregunta persiste: ¿qué pasó con el uso eficiente y el ahorro del agua para la población de Los Santos? 

Una problemática global con rostro local 

La situación de la Mesa de Los Santos no es un caso aislado. Según el Estudio Nacional del Agua del IDEAM, el municipio de Los Santos está entre las zonas con alta susceptibilidad al desabastecimiento hídrico durante temporadas secas. El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la UNESCO (2022) advierte que las aguas subterráneas constituyen el 99% del agua dulce líquida del planeta, pero su explotación insostenible genera consecuencias irreversibles. El Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua ha señalado que la sobreexplotación de acuíferos amenaza la seguridad hídrica global, especialmente en zonas rurales. Sus recomendaciones son claras: gestión equitativa, monitoreo riguroso y gobernanza sostenible, advirtiendo que la negligencia en este ámbito profundiza las desigualdades y pone en riesgo el derecho humano al agua. 

La Mesa de Los Santos cumple varios criterios de riesgo: agotamiento de las fuentes, dependencia exclusiva para consumo humano, conflictos por uso del agua y desabastecimiento superficial. Todo esto exige una acción prioritaria y coordinada de las autoridades locales y nacionales. 

Lo que hemos hecho desde la Clínica Carlos Gaviria Díaz 

Frente a este panorama, desde la Clínica Jurídica Carlos Gaviria Díaz de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS hemos impulsado acciones para visibilizar y enfrentar esta problemática. Con el apoyo de veedurías, organizaciones sociales como la Fundación la Cabuya, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Corporación Compromiso, procesos sociales de Piedecuesta y Los Santos, estamos exigiendo la convocatoria a una audiencia pública ambiental conjunta para debatir de manera integral la gestión del agua subterránea en la región, trascendiendo del análisis fragmentado de permisos individuales y proponiendo una inmediata intervención para evitar la destrucción de las fuentes hídricas en el territorio. 

Además, interpusimos una acción de cumplimiento para hacer efectivo el artículo 10 de la Ley 373 de 1997 y que las CAR realicen los estudios hidrogeológicos exigidos antes de otorgar nuevas concesiones. Estas iniciativas buscan abrir canales de participación y diálogo comunitario con las autoridades ambientales, haciendo valer el derecho de las comunidades a ser informadas y participar en decisiones que afectan su agua y su territorio, conforme al Acuerdo de Escazú. 

Hacia una justicia hídrica, territorial y ambiental 

La situación actual demanda medidas urgentes de regulación, control y recuperación por parte de las autoridades competentes. No se trata solo de cumplir la ley, sino de garantizar la preservación, sostenibilidad y cuidado del agua, el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades locales y la aplicación de principios de equidad ambiental y justicia hídrica. 

El Procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario de Santander ya hizo un llamado en agosto de 2024 a la CDMB y la CAS para que aborden esta situación de forma articulada y establezcan planes de acción que protejan tanto la estabilidad ecológica del territorio como los derechos colectivos del campesinado. A la fecha, no se conoce respuesta. 

Persistir en esta omisión significa propiciar un desplazamiento ambiental silencioso, una forma de despojo que compromete el derecho al agua, al territorio, a la permanencia digna en el campo y los derechos bioculturales de las comunidades campesinas. La progresiva escasez de agua amenaza su permanencia al impedir actividades básicas de subsistencia como el cultivo, el cuidado de animales y el abastecimiento doméstico, acelerando procesos de descampesinización y poniendo en riesgo la pérdida de las prácticas y saberes propios de estas comunidades. 

El caso de la Mesa de Los Santos es una advertencia sobre cómo la omisión institucional abre la puerta a intereses privados en la gestión del agua subterránea. También es ejemplo de cómo las clínicas jurídicas pueden enfocar la enseñanza en justicia ambiental a partir de problemáticas territoriales. Garantizar la justicia hídrica requiere planificación adecuada, gestión sostenible y participación comunitaria para asegurar que el agua, aunque invisible, siga siendo un bien común y un derecho para todos.