Territorios contaminados y una transición energética que no avanza en la Amazonía de Perú

• Dirigentes de pueblos wampis y quechua denuncian deficiencias en el avance de la electrificación rural y las instalaciones de paneles solares.
• Unas 46 comunidades de nacionalidades achuar, kukama, quechua y shuar, que viven en la zona de influencia del Lote 192 y Lote 8 dependen de las operaciones de Petroperú para tener energía eléctrica.

En la comunidad indígena de Chosica no hay electricidad. Los indígenas wampis no tienen cómo preservar sus alimentos en una zona con temperaturas de 40 grados, no pueden usar electrodomésticos o simplemente iluminar sus casas por la noche. Si en alguna vivienda se ve un foco encendido, significa que detrás hay una familia que ha tenido que viajar cuatro horas hasta la ciudad más cercana para comprar un panel solar o un generador eléctrico a base de combustible. Si este eventualmente se descompone, tienen que reunir nuevamente dinero para comprar las piezas averiadas y reparar el equipo. Esta es la situación de solo una de las 362 comunidades indígenas de la región de Amazonas en Perú, dice el dirigente indígena Wrays Pérez.

Esta dependencia al petróleo y la brecha de conexión eléctrica se vive de la misma manera en las comunidades quechua de la región amazónica de Loreto. Un total de 46 territorios de las nacionalidades achuar, kukama, quechua y shuar viven en la zona de influencia del Lote 192 y 8, y dependen totalmente de las empresas que explotan hidrocarburos para tener energía. Petroperú proporciona a las comunidades en la zona de Andoas electricidad de ocho de la mañana a once de la noche, tiempo en que deben aprovechar para congelar sus alimentos, preservar medicamentos o tener acceso al internet en la cabina comunitaria. No saben hasta hoy lo que es tener energía las 24 horas del día, cuenta el apu Aurelio Chino de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Las horas de luz que tienen las consideran una victoria tras varios años de pedidos, exigencias y acuerdos con las empresas operadoras.

“El Estado nunca se ha preocupado por llevar energía a las comunidades. La última vez que nos prometieron mejorar la situación fue en el 2021, cuando firmamos el Acuerdo de Consulta Previa y estaba el Ministerio de Energía y Minas”, dice Aurelio Chino. Lo mismo señala Wrays Pérez, líder de la alianza de Organizaciones indígenas de Perú-Ecuador de Cuencas Sagradas. “No hay una intención legítima del Estado de querer apoyar con energía solar para mejorar la calidad de vida de la población en la zona, o sea, nada, abandono total”, precisa.

A esta desatención estatal y a la falta de servicios, se suma que las comunidades de las dos regiones conviven con operaciones petroleras dentro de sus territorios. Por Amazonas pasa el Oleoducto Nor peruano y se encuentra el Lote 64, que no ha logrado licencia social para su explotación. Las comunidades de Loreto lidian con los lotes 192 y 8, el primero en manos de Petroperú y su socio estratégico Altamesa Energy Canadá, y el segundo aún en proceso de licitación para volver a operar.

“Nos pasa que tenemos el petróleo en el territorio y que nosotros mismos vivimos en la carencia. Por eso los wampis hemos dicho que queremos buscar alternativas”, dice Pérez, quien ha empezado por instalar paneles solares en su casa. Desde ahí, con una computadora de la organización Cuencas Sagradas que tiene acceso a internet, cuenta que trata de hacer visible los problemas que enfrenta la comunidad. Tener un panel solar, dice el dirigente indígena, es un gran logro para cada familia wampis, aunque a veces solo alcanza para instalar unos pocos focos de luz.

Frente a este escenario, ¿cómo transitar a las energías renovables en la Amazonía peruana?¿cómo lidiar con las brechas de conexión eléctrica y los problemas que ha dejado atrás la explotación petrolera? El tiempo corre en contra. Antonio Zambrano, consultor del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), confirma que hay un plazo hasta el 2030 para modificar la matriz energética global y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, para no pasar así la barrera del 1.5 grados de aumento de temperatura.

El problema es que el Estado peruano, señala Zambrano, no tiene hasta hoy un Plan nacional enfocado en la transición energética, sino “todo lo contrario a una transición, pues se está impulsando la extracción de gas y petróleo”.

Déficit de energía en la Amazonía

“El Estado, por medio de Energía y Minas, dijo que iba a atender a las familias indígenas con paneles solares conectados a los domicilios, pero todavía no están cumpliendo con ese acuerdo y, en general, con todo lo que se promete no hay avances”, dice Aurelio Chino de FEDIQUEP.

Las comunidades de la Amazonía dependen del petróleo y el gas porque nunca se ha hecho una planificación a nivel estatal, explica la especialista de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Denisse Linares. Por el contrario, señala la experta, han sido las últimas en la fila del acceso a la energía. Linares afirma que existe muy poco avance en cuanto a electrificación rural y la implementación de paneles solares, sistema que podría ser una alternativa ecológica para toda la región amazónica.

Según el Plan de Desarrollo Concertado de Loreto, la región no está conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y utiliza sistemas aislados de generación y distribución térmica. Esto significa que para que llegue electricidad a las ciudades, se queman combustibles fósiles en grandes centrales térmicas ubicadas en Iquitos, Requena, Contamana, Nauta, Caballococha y Tamshiyacu como lo comenta Linares. La empresa que suministra la energía, Electro Oriente, tiene plantas de producción propias y al mismo tiempo importa energía del Brasil para cubrir la demanda.

Augusto Durán, Coordinador regional para el Tratado sobre Combustibles Fósiles del MOCICC, indica que los esfuerzos del gobierno son insuficientes. “Una verdadera transición energética implica que cambiemos o que empecemos a modificar las formas en que generamos la energía. En el caso peruano, gran parte de la energía que se genera proviene de la energía eléctrica, de la quema de gas natural y este recurso se está agotando, además de que, evidentemente, existe una gran brecha”.

Lo que sucede en Loreto se repite en las otras regiones amazónicas del Perú. La energía que abastece a las ciudades proviene de los hidrocarburos y en las zonas rurales hay un gran déficit. En Madre de Dios, según el Plan de desarrollo regional, la energía depende del Sistema eléctrico interconectado Nacional (SEIN) y de la Central Térmica de Puerto Maldonado, Iberia Iñapari, donde se produce electricidad a base de gas. Y estamos hablando sobre todo de las áreas urbanas.

Las comunidades indígenas enfrentan una situación más compleja. La carencia de energía del pueblo indígena Ese’eja de la comunidad Sonene, por ejemplo, se hace evidente en detalles significativos: solo tienen un panel solar en el puesto de salud, dice el expresidente de la comunidad, Ignacio Viaeja. “Estamos solicitando que en el colegio se tenga energía eléctrica desde hace varios años”, cuenta.

En Ucayali, la energía eléctrica de las ciudades la brinda la empresa Electro Ucayali y la cobertura bordeaba el 86% hasta el 2021, según el informe de Electrificación del INEI. Los datos de la región señalan que es preocupante el poco acceso a energía de zonas rurales como Iparía (provincia de Coronel Portillo) con 25%, también el distrito de Yurúa (provincia de Atalaya) con 21% y, particularmente, el distrito de Masisea con sólo el 8% de viviendas con acceso a electricidad.

La situación se repite en la región Amazonas. La cobertura de electricidad es del 87% y está a cargo también de la empresa Electro Oriente, que ha instalado una planta de generación térmica. Wrays Pérez comentó a Mongabay Latam que en la comunidad de Chosica el Gobierno regional empezó un proceso de electrificación, “incluso se tumbaron árboles, se hizo el trazo de los postes y finalmente se frustró”. Nunca se supo qué pasó con esta apuesta de electrificación rural que iba a llegar a comunidades wampis. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno regional de Amazonas no contestó las preguntas enviadas por Mongabay Latam.

San Martín es la que tiene un porcentaje más alto de conexión eléctrica en la Amazonía peruana: una cobertura total del 93 %, como figura en el Plan de Desarrollo Concertado de la región. Pero fuera del área urbana, el escenario es otro, como narra Wilfredo Tsamash de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam). “Es gracias a la lucha de los pueblos indígenas, de entidades como AIDESEP, que se ha logrado instalar paneles solares. Pero del 100% de comunidades, será sólo el 5%. Queda mucho por hacer. Muchos, personalmente, invierten, puede ser 850 soles el panel, unos 250 la batería, así estamos”, dice Tsamash. Es decir, una inversión que bordea los 1100 soles (290 dólares) en un área donde el índice de pobreza bordea el 25,3% según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2022 .

Aurelio Chino suma un obstáculo más. Explica que algunas comunidades que viven cerca a los lotes petroleros tienen que traer sus alimentos desde muy lejos, pues sus territorios están contaminados y llenos de sitios impactados. “Otras comunidades no tendrán energía eléctrica totalmente, pero tienen sus cochas —pozos naturales de agua— y bosques, pero las comunidades de influencia directa [con los lotes petroleros] no tienen cochas, no tienen nada. Los bosques y animales están contaminados, por eso todo lo tienen que comprar de fuera. Son los pongueros o lanchas que traen pollos de granjas de la ciudad a la comunidad para que puedan comer”, afirma el dirigente de Fediquep.

El costo de gasolina en las comunidades que viven en territorios de influencia del Lote 192 y Lote 8 es alto. El galón de gasolina subió de 17 a 24 soles en menos de un año, como confirmó el equipo de Mongabay Latam tras consultar los precios en Trompeteros, ciudad situada en la zona de influencia del Lote 8. En consecuencia, se encarecen los alimentos como el pollo que puede costar más de 20 soles el kilo o el agua mineral que puede costar más de un dólar. Viajar de Loreto —de donde se traen los productos como fideos, arroz, ropa— a una comunidad que vive en el Lote 192 puede costar hasta 600 soles en avioneta y entre 140 y 120 soles por río. Toda la energía eléctrica que usan es producto de la quema de combustible, que también se emplea para transporte.

Denisse Linares de DAR considera que “realmente va a tomar mucho tiempo [la transición energética], porque hay cuestiones de esta estructura política que se deben cambiar. Hay demasiada inestabilidad que no permite que los gobiernos regionales mantengan un trabajo continuado, pero también hay propuestas que se están construyendo y vienen de las propias organizaciones indígenas”.

En una respuesta oficial a Mongabay Latam, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) afirmó que, a través de la Dirección General de Electrificación Rural, se viene ejecutando el Plan Nacional de Electrificación Rural que incluye a los departamentos de la Amazonía como son: Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En la comunicación, la entidad precisa que “la inversión estimada es de más de 1259 millones (350 millones en dólares), que brindará el acceso del servicio eléctrico a más de 10 mil localidades y beneficiará a más de 477 mil habitantes”.

La entidad señala, además, que tiene presupuestado un gasto total de 662,3 millones de dólares para electrificación rural, monto que se está ejecutando desde el 2023 y que vence en el 2026. Para la región Loreto se destinará 548 millones de soles (149.3 millones de dólares), para Madre de Dios alrededor de 34 millones de soles (9.26 millones en dólares), en Amazonas el monto de 211 millones (57.49 en dólares), en Ucayali la cifra de 62 millones (16.89 en dólares) y San Martín una inversión de 45 millones ( 12.26 millones en dólares).

Más allá de esta inversión, si bien en los Planes de Desarrollo Regional Concertado de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios figura un componente sobre cambio climático ligado a energías renovables, este no está vinculado a la electrificación. La palabra transición energética además no aparece en ningún documento. Las apuestas de los Gobiernos regionales son principalmente ampliar el sistema de alumbrado público, energía para acceso a internet, educación y salud.

En el Plan de Desarrollo Regional Concertado Loreto al 2033, la interconexión vial de distritos como Andoas está ligada a la necesidad de conectar zonas de producción de petróleo. Esto a pesar de que el documento reconoce que Loreto junto a Piura tienen una “persistente dependencia de las actividades extractivas” que ha generado graves problemas de contaminación. Además, el documento menciona un detalle más: las centrales térmicas, claves para la generación de energía en la región, tienen un costo elevado de operación que está sujeto al precio del petróleo. “En el año 2018, el consumo de combustibles diésel y residual fue de 25 millones de galones al año”, se detalla.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Energía y Minas sobre su trabajo en torno a la transición energética en coordinación con las regiones y la respuesta que se dio fue que “los Gobiernos Regionales (GORE) han asumido funciones a través de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, para los procesos de electrificación, pero no abarca el tema de la transición energética dado que es un tema más complejo”. Ninguno de los Gobiernos regionales de Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Amazonas respondieron a las solicitudes enviadas.

Territorios dependientes del petróleo

En el 2023, la región de Cusco recibió cerca de 1,819.7 millones de soles (500 mil millones de dólares) por concepto de canon, el monto para Piura bordeó los 454.1 millones (123.43 millones de dólares), a Loreto se le asignó 178.7 millones ( 48.57 millones en dólares), unos 54.5 millones (14.81 millones en dólares) para Ucayali y 12 millones (3.45 millones en dólares) para la provincia de Puerto Inca en Huánuco, según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía. Petroperú, la empresa pública más importante en la extracción de hidrocarburos, calculó que había invertido más de 11 millones de soles ( 2.99 millones de dólares) en responsabilidad social y apoyo para el desarrollo como campañas de salud durante el 2022.

Sin embargo, la extracción de hidrocarburos y su aporte real aún sigue siendo problemática por la cantidad de sitios contaminados que han dejado las operaciones.

Pluspetrol, durante sus 15 años de operaciones en el Lote 8, empleaba a personas de las comunidades de influencia directa a través de empresas contratistas. También les daba trabajo a los jóvenes en el área de operaciones, en trabajos menores como limpieza, como ayudantes de cocina, cortando la hierba que crecía en el campamento o abriendo camino para las maquinarias pesadas. Por ejemplo, en el distrito de Trompeteros, un trabajador no especializado de Pluspetrol podía ganar más de 500 dólares, contó a Mongabay Latam un ex trabajador de la empresa que prefiere no ser identificado.

En el caso de las comunidades alrededor del Lote 192, algunas como José Olaya, Porvenir y Antioquía crearon empresas comunales para dar servicios de alquiler de camioneta, alimentación, hospedaje para operarios e ingenieros de las empresas petroleras en la zona, comentó a Mongabay Latam la dirigenta de Porvenir Malquia Dahua. Ella aseveró que además fue gracias a varias negociaciones con las empresas petroleras y el Estado que las operadoras del Lote brindan energía eléctrica a las comunidades indígenas durante unas ocho horas. “Al retirarse Frontera Energy, la última operadora, Petroperú mantuvo el suministro de energía pero con mayores restricciones”, comenta Malquia Dahua.

Ha sido distinto en el Lote 8. El apu de la comunidad achuar de Peruanito, Giovanni Sandi, relata que “desde que se retiró Pluspetrol se cortó la energía para la comunidad al retirar sus operaciones y ahora cada comunero está juntando dinero para un generador o paneles solares”. En Peruanito aún se pueden ver los postes de luz apagados de un tiempo en que podían congelar alimentos o encender un foco en la noche. En esta comunidad solo hay dos paneles solares, el que fue instalado por el Estado en el colegio y otro, en la casa de una señora que brinda servicios de internet. “Petroperú debería brindar energía y también la nueva empresa que ingrese a operar al lote debe apoyar a las comunidades indígenas”, opina Giovanni Sandi.

El otro gran problema es el transporte fluvial en la Amazonía. Por las largas distancias entre comunidades, centros poblados y distritos se usan botes a motor alimentados por gasolina y petróleo. Los botes son el único medio de transporte para la población y para llevar los alimentos, insumos de higiene, tecnología, ropa y medicamentos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó a Mongabay Latam que en toda la Amazonía hay 817 embarcaciones que navegan por los ríos.

Mientras tanto, la industria de los hidrocarburos ha ido dejando deudas y contaminación a las comunidades y a todo el país. Un caso representativo fue el derrame que ocurrió el 10 de septiembre del 2022 en la Provincia del Datem del Marañón (Loreto), en territorio de la nación indígena chapra, donde incluso sus alternativas de producción se vieron afectadas.

“La afectación económica a las comunidades por parte del petróleo es evidente, sucedió que los Chapra, ellos tenían una piscigranja que estaban impulsando, le cayó crudo y se arruinó el proyecto, ya no pudieron criar peces. Cómo pueden pagar servicios de energía, instalar paneles si no tienen formas de sustentarse y obtener ingresos”, asegura Eduardo Pichilingue, asesor de la Iniciativa Cuencas Sagradas.

En Perú, la actividad petrolera ha dejado 3341 pasivos ambientales que se traducen en cuerpos de agua contaminados, suelo con crudo y metales tóxicos, así como infraestructura abandonada como lo dio a conocer la investigación Las deudas del petróleo publicada por Mongabay Latam. Miguel Lévano de OXFAM aseguró que el Estado tendría que gastar 1400 mil millones de dólares en remediación solo para sitios impactados en el Lote 192. Para remediar un solo sitio impactado ubicado en la Comunidad de José Olaya el Estado peruano desembolsará 10 millones de soles (2.72 millones de dólares) este 2024, según informa el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe).

Hay alrededor de 145 desechos en 35 tierras indígenas de Perú, según la localización geoespacial que elaboró Mongabay Latam. Con todo ello, el Gobierno peruano sigue impulsando concesiones de hidrocarburos en la Amazonía y la costa. Petroperú anunció la reactivación del Lote 192 y la participación de la empresa canadiense Altamesa Energy Perú S.A.C. como socio estratégico. En el caso del Lote 8, el Estado peruano está realizando el proceso de consulta previa para contar con la aprobación social en el inicio de las operaciones. En el norte, Perupetro ha anunciado la convocatoria para inversionistas interesados en operar el Lote X en Talara, el Lote V y VII con las empresas Petromont y Olympic en la misma región de Piura y, por su parte, el Lote Z-69 será operado por Petroperú.

Luchando para dejar el petróleo bajo tierra

“La región amazónica debe liderar el proceso de uso de energía renovable y descarbonización en el planeta”, se lee en el párrafo que reúne los principios y apuestas de los pueblos de la Iniciativa Cuencas Sagradas que reúne a dirigentes de los pueblos achuar y wampis de Perú y Ecuador.

Para Denisse Linares de la ONG DAR, la transición energética es un asunto central para la agenda nacional en el Perú. “Está limitante de acceso a la energía en las comunidades también limita otros derechos humanos. Es un gran pendiente mejorar su calidad de vida”.

La lucha contra la dependencia del petróleo se libra de distintas maneras. En el caso de Loreto,  la ONG DAR ha presentado ante el Gobierno regional de Loreto una serie de lineamientos para ser incorporados en una ordenanza sobre cambio climático, con el fin de impulsar la transición energética en la región. “Implementar una política regional que tenga como objetivo el cambio de matriz energética en la región de Loreto y la promoción de las energías renovables para la electrificación rural, haciendo uso de las energías limpias que existen en Loreto como las energías solar, energía hidráulica y biomasa”, se lee en el artículo primero de la propuesta de Ordenanza que esperan sea publicada por la gobernación.

Wrays Pérez explica que la nación wampis tiene claro que la transición energética debe partir de ellos. No quieren que nadie les diga cómo hacerlo, porque están convencidos que solos podrán lograrlo. “Tenemos en nuestro territorio las bondades de la naturaleza como el agua y otros que pueden generar energía, pero energía que sea amigable con el medio ambiente, que pueda servir para dejar el petróleo”, acota.

Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Autónomo Wampis (GTAW), explica que los wampis están trabajando en disminuir la dependencia respecto al petróleo. Ellos saben que uno de los mayores problemas está en el transporte, en las embarcaciones a motor que surcan los ríos amazónicos llevando alimentos, insumos para el hogar, tecnología y personas.

Por eso, los wampís han empezado a impulsar un proyecto de embarcaciones solares. “Es un bote de fibra de vidrio, tiene paneles en el techo, fue elaborado en el Ecuador por el Proyecto Kara Solar que es de unos amigos achuar. Después de muchas gestiones en las Conferencias de Cambio Climático con distintas organizaciones se logró. Ahora tenemos dos embarcaciones solares en las que pueden viajar ocho personas”, cuenta Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Autónomo Wampis (GTAW).

Para que estas embarcaciones funcionen, explica Flores, han instalado puntos en algunas comunidades para recargar las baterías. Además, un grupo de siete jóvenes wampis viajaron a Ecuador para aprender cómo reparar, manejar y, eventualmente, fabricar un modelo parecido. “Esta embarcación se está usando para turismo y para emergencia de salud”, le dijo Flores a Mongabay Latam, a quien le entusiasma pensar que desde los pueblos pueden impulsar alternativas energéticas sostenibles.

Desde el 2018, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) viene impulsando el uso de energías renovables en las comunidades locales. Se trata de una apuesta que viene beneficiando a 900 ciudadanos de comunidades ubicadas en las Zonas de Amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas en Loreto. “Se ha priorizado la instalación de paneles en puntos estratégicos de la comunidad, como los centros de producción de las asociaciones locales para mejorar la calidad de vida mediante la generación de mayor ingresos económicos”, afirma Denisse Linares, especialista de DAR.

Un ejemplo de ello es la asociación Mishki Muyo de la Comunidad Nativa Alfonso Ugarte, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pucacuro en Loreto, que en el 2023 inauguró un Centro de Panificación de Productos Nativos, donde producirán panes y mermeladas. La empresa comunitaria ya aprovechaba los recursos naturales produciendo mermeladas desde el 2019 pero la energía que usaban era la quema de leña por lo que les era difícil aumentar su producción, sin embargo, con el objetivo de diversificar su oferta de productos, identificaron una oportunidad en el mercado local: la venta de panes. Con la implementación de paneles solares, dan energía al horno y otras maquinarias indispensables para la producción de pan.

Diandra Torres, Líder de Proyecto de DAR, explica que se vienen priorizando el impulso a iniciativas productivas, donde se puedan transformar la economía de las familias. En el caso de la comunidad nativa San Pedro, ubicada en la Zona de Amortiguamiento del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu Tahuayo, que se dedica a comercializar carne de monte, el sistema fotovoltaico implementado en su centro de procesamiento los ayuda a conservar y transformar sus productos. “Ahora podemos vender, por ejemplo, carne para el mercado nacional a un mejor precio y se puede conservar mejor. Estos proyectos nos favorecen, nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida para nosotros, nuestros hijos”, concluye Mirza Tello, comunera de San Pedro.

Imagen destacada: Panel solar en una comunidad indígena. Foto: María fe Mendoza / DAR.

El artículo original fue publicado por Gloria Alvitres Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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